Deterioro republicano

En el sistema democrático, el partido oficialista es el que acompaña la gestión del gobierno elegido por la mayoría del pueblo, pero esa condición no implica dejar de representar a la ciudadanía por asignar prioridad a su compromiso con el Poder Ejecutivo. Si no fuera así, el Poder Legislativo no cumpliría con sus responsabilidades de control de gobierno y de atención de los asuntos que la Constitución le asigna, y que están concretamente determinados. Entre estos últimos, tan sólo unos pocos pueden ser atendidos excepcionalmente por el Ejecutivo, en determinadas circunstancias y para preservar intereses ocasionalmente afectados. Esa concepción del Estado ha sido, desde la famosa definición del barón de Montesquieu, la más duradera y eficiente para la preservación de la soberanía popular y los derechos del hombre. Su virtud fundamental ha consistido en mantener un rumbo progresista asociado con el avance cultural de la humanidad. Basta advertir que los países que asumieron la democracia pluralista con plenitud son, precisamente, los más distinguidos por su desarrollo y su cultura, al margen del poderío militar o económico que pueda acompañar esa situación.
Esa realidad política que la Argentina conoció en el primer tercio del pasado siglo se degradó posteriormente por efecto de sucesivas crisis institucionales, hasta el punto de desplazar a la República de un privilegiado escenario internacional.
Sin embargo, el retorno a la constitucionalidad, hace más de dos décadas, no significó la recuperación plena de los valores institucionales, pues los partidos, faltos de actualizaciones adecuadas, conservaron las viejas carencias de la democracia restringida. Esas insuficiencias generaron las causas de la severa crisis con que se inició el presente siglo, donde el endeudamiento y la pobreza fueron consecuencias de la pérdida de calidad institucional, y no al revés, como pretenden justificar el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo, invocando situaciones de emergencia.
El debate del Presupuesto 2005 es un testimonio del comportamiento del Congreso. Este, sin reticencias, concedió al Presidente y al jefe del Gabinete los superpoderes y las facultades que masivamente aquellos habían solicitado para manejar los recursos públicos y negociar la reestructuración de la mayor deuda de la historia, un tema que había tenido tratamiento parlamentario por última vez hace 21 años. "El Senado seguirá siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera", llegó a decir el jefe de la bancada oficialista cuando le reprocharon la ligereza de aquellas atribuciones. El orden de lealtades, frente a las prioridades, por el que transcurre nuestra política sigue prestando fundamento al viejo y perverso principio según el cual las bancas de los cuerpos colegiados pertenecen a los partidos y a sus líderes, antes que a los representantes del pueblo de la Nación y de las provincias que los eligió.
El fenómeno no se limita a las representaciones oficialistas en los cuerpos legislativos, sino que se agrava cuando la presión y el sometimiento de los legisladores son una consecuencia de las internas de los partidos. Ejemplo de ello es el del segundo Estado argentino -el bonaerense-, donde la confrontación entre felipistas (en el Gobierno) y duhaldistas (en la mayoría parlamentaria) tiene cautivo al Estado provincial. Este, como consecuencia, exhibe internacionalmente suficiente inseguridad para afectar -en su instancia más crítica- la reestructuración de la deuda pública. Mientras no se advierta que la supeditación de la mayoría parlamentaria al Ejecutivo es tan grave y depredadora institucionalmente como puede serlo la de los jueces de alguna servilleta, las emergencias seguirán limitando la verdadera y genuina soberanía popular.