10 Febrero 2005 Seguir en 
Sentir.- del latín "sentire": "percibir por los sentidos", "darse cuenta". De aquí deriva "consentir". Y del francés "contra-sens" surgirá "contrasentido". (Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, de Joan Corominas)
La confesión de Domingo Amaya de que nunca se sintió un intendente interino, pese a que su cargo indica taxativamente que sí lo es, termina de hacer patente la desfuncionalización en que se encuentra sumida la institución municipal en la capital.La revelación del reemplazante de Antonio Bussi muestra, en primer término, su convencimiento de que los concejales no van a interrumpir su función, pese a que tienen esa facultad. En todo caso, Amaya sabe que su suerte sólo depende del gobernador José Alperovich, y que los ediles vendrían a ser meros ejecutores de una formalidad legal, como ocurrió con su designación. Surge, entonces, que la administración municipal está en manos de meros delegados de Casa de Gobierno, antes que en las de autoridades autónomas.
En segundo lugar, la seguridad que siente Amaya refiere que el poder real pasa por su despacho, y no por el recinto de sesiones donde sí se encuentran los representantes electos por los vecinos. Y eso, sencillamente, se debe al hecho de que el cuerpo deliberativo nunca se constituyó como un organismo con 18 fiscales de la gestión. El papel a menudo sumiso del oficialismo, más el voluntarismo de algunos "levantamanos" que se dicen opositores, determinaron que el Concejo pasara a ser una mera escribanía de la intendencia.
Los síntomas sobre la inversión de papeles entre los protagonistas de la vida política municipal son cotidianos. El más reciente apareció luego de que Amaya se declaró ajeno al título de "transitorio". Un radical (José Luis Avignone) salió a aplaudir los dichos del referente alperovichista, mientras que un peronista (Ramón Cano) debió ocuparse de recordarle que no había pasado por las urnas.
En forma paralela, la afirmación de Amaya acerca de que la ausencia de denuncias por hechos de corrupción le confiere legitimidad a su tarea es otra expresión que evidencia la desnaturalización que padecen los órganos de administración de la capital. Y no sólo por el carácter antojadizo de esa pretensión.
La lectura de la lógica
En esta gestión se concretaron acciones que fueron verdaderos escándalos políticos, tanto por sus implicancias institucionales como por sus derivaciones económicas. Aquí aparece, por ejemplo, la compra de un terreno en Los Pocitos, que no se hizo de modo público y notorio. El terreno iba a destinarse a un basural que nunca se habilitará allí.
Después vino el caso de la deuda con la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección y disposición final de los residuos. En un principio, desde el Concejo se reconoció una deuda de $ 7 millones, pero se advirtió que había unos $ 6 millones en multas a la concesionaria. Luego, de un día para otro, se determinó que había que pagar $ 16 millones. Ahora explotó una crisis en los predios de Pacará Pintado. Algo huele mal en esas tierras, y no se trata sólo de la basura.
El corolario tuvo que ver con el millonario proyecto de Casino Club. El Concejo prohibió la instalación de nuevas tragamonedas en San Miguel de Tucumán. Al otro día, los ediles justicialistas dijeron que no sabían lo que votaban. Tras recordar que, en realidad, ellos estaban convencidos de la conveniencia del emprendimiento, no opusieron resistencia al veto de la intendencia.
Que no haya habido planteos ante la Justicia, ni siquiera para cuestionar la validez de algunos de estos instrumentos, es, en todo caso, una alerta sobre la falta de anticuerpos institucionales capaces de resistir el avasallamiento oficial.
De las manifestaciones de Amaya se desprende, eso sí, una lectura inquietante, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo provincial. Si la ausencia de denuncias valida una gestión, por lógica casi redundante, las acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción restan legitimidad. Un análisis meritorio, sobre todo porque viene de un funcionario.
La confesión de Domingo Amaya de que nunca se sintió un intendente interino, pese a que su cargo indica taxativamente que sí lo es, termina de hacer patente la desfuncionalización en que se encuentra sumida la institución municipal en la capital.La revelación del reemplazante de Antonio Bussi muestra, en primer término, su convencimiento de que los concejales no van a interrumpir su función, pese a que tienen esa facultad. En todo caso, Amaya sabe que su suerte sólo depende del gobernador José Alperovich, y que los ediles vendrían a ser meros ejecutores de una formalidad legal, como ocurrió con su designación. Surge, entonces, que la administración municipal está en manos de meros delegados de Casa de Gobierno, antes que en las de autoridades autónomas.
En segundo lugar, la seguridad que siente Amaya refiere que el poder real pasa por su despacho, y no por el recinto de sesiones donde sí se encuentran los representantes electos por los vecinos. Y eso, sencillamente, se debe al hecho de que el cuerpo deliberativo nunca se constituyó como un organismo con 18 fiscales de la gestión. El papel a menudo sumiso del oficialismo, más el voluntarismo de algunos "levantamanos" que se dicen opositores, determinaron que el Concejo pasara a ser una mera escribanía de la intendencia.
Los síntomas sobre la inversión de papeles entre los protagonistas de la vida política municipal son cotidianos. El más reciente apareció luego de que Amaya se declaró ajeno al título de "transitorio". Un radical (José Luis Avignone) salió a aplaudir los dichos del referente alperovichista, mientras que un peronista (Ramón Cano) debió ocuparse de recordarle que no había pasado por las urnas.
En forma paralela, la afirmación de Amaya acerca de que la ausencia de denuncias por hechos de corrupción le confiere legitimidad a su tarea es otra expresión que evidencia la desnaturalización que padecen los órganos de administración de la capital. Y no sólo por el carácter antojadizo de esa pretensión.
La lectura de la lógica
En esta gestión se concretaron acciones que fueron verdaderos escándalos políticos, tanto por sus implicancias institucionales como por sus derivaciones económicas. Aquí aparece, por ejemplo, la compra de un terreno en Los Pocitos, que no se hizo de modo público y notorio. El terreno iba a destinarse a un basural que nunca se habilitará allí.
Después vino el caso de la deuda con la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección y disposición final de los residuos. En un principio, desde el Concejo se reconoció una deuda de $ 7 millones, pero se advirtió que había unos $ 6 millones en multas a la concesionaria. Luego, de un día para otro, se determinó que había que pagar $ 16 millones. Ahora explotó una crisis en los predios de Pacará Pintado. Algo huele mal en esas tierras, y no se trata sólo de la basura.
El corolario tuvo que ver con el millonario proyecto de Casino Club. El Concejo prohibió la instalación de nuevas tragamonedas en San Miguel de Tucumán. Al otro día, los ediles justicialistas dijeron que no sabían lo que votaban. Tras recordar que, en realidad, ellos estaban convencidos de la conveniencia del emprendimiento, no opusieron resistencia al veto de la intendencia.
Que no haya habido planteos ante la Justicia, ni siquiera para cuestionar la validez de algunos de estos instrumentos, es, en todo caso, una alerta sobre la falta de anticuerpos institucionales capaces de resistir el avasallamiento oficial.
De las manifestaciones de Amaya se desprende, eso sí, una lectura inquietante, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo provincial. Si la ausencia de denuncias valida una gestión, por lógica casi redundante, las acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción restan legitimidad. Un análisis meritorio, sobre todo porque viene de un funcionario.
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