Caso El Cadillal: la Cámara Federal confirmó que un embargo millonario no debe ser sobre bienes inmuebles

Caso El Cadillal: la Cámara Federal confirmó que un embargo millonario no debe ser sobre bienes inmuebles

Se hizo lugar a un recurso de Apelación del Gobierno.

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La Justicia Federal ordenó el embargo por casi 1.000 millones de pesos a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi, al hacer lugar a un recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Provincia en el marco de las obras que se realizan en una de las represas de El Cadillal

El el juez federal José Manuel Díaz Vélez ya había trabado embargo por ese monto, pero sobre bienes muebles e inmuebles de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es una intermediaria en relación a los servicios que presta y que a su vez le paga a Hidroeléctrica Tucumán SA. Sin embargo, a través de la Fiscalía de Estado que conduce Gilda Pedicone de Valls, se apeló ya que se pretende que se embargue preventivamente los pagos que la empresa demandada tenga a percibir de Cammesa, como asimismo de las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios o cajas de seguridad de titularidad de Hidroeléctrica Tucumán S.A.

La resolución fue tomada por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, con el voto de Ricardo Sanjuán, Marina Cossio, Mario Leal, Patricia Molteni y Fernando Poviña.

El Gobierno pretende que la firma pague el monto total de lo que debió erogar el Estado para hacer las obras. En la demanda se recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. 

El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice el texto. La empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996.

Cuando la Provincia comenzó a pedir informes para hacer cumplir con el fallo del juez Díaz Vélez se dio con que la empresa no tiene bienes inmuebles, y sólo posee una flota de 25 autos desperdigados por el país, aparentemente en mal estado. Y por eso se decidió apelar no el embargo en sí, sino la forma. “Se trata de dinero gastado por el Estado Provincial -ante la elusión de responsabilidad contractual de la empresa- y frente al peligro que sufre el Dique y el riesgo para la provisión de agua potable”, dijeron en la Provincia.

“En el acotado margen de análisis de una medida cautelar podemos, sin embargo, advertir y, resulta fácilmente comprobable, que asiste razón a la recurrente (la Provincia) acerca de que los bienes muebles registrables no alcanzan a cubrir mínimamente el monto sobre el cual el juez de primera instancia hizo lugar al embargo”, afirmaron los camaristas. 

Por eso, “el embargo ordenado por el juez debe trabarse sobre sumas de dinero que la demandada tenga a percibir de Cammesa y sobre sumas de dinero que posea en cuentas bancarias, cajas de ahorro o certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos y acciones. Todo ello por el monto dispuesto de $936.660.939,57”, agregaron. 

“A tales efectos -consideraron-, una vez devuelto el expediente a primera instancia, el Sr. Juez deberá tomar las medidas necesarias para la traba del embargo aquí ordenado y, respecto de las sumas depositadas en entidades bancarias, librar oficio al Banco Central de la República Argentina a fin de que éste informe cuales son las entidades en las que Hidroeléctrica Tucumán S.A. posee cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos y acciones”.

Los trabajos de reparación comenzaron el 16 de marzo de 2023 y se cortaron abruptamente el 20 de octubre tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. En ese lapso, las tareas de reparación de la presa lateral N°3 se paralizaron al 50%.

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