Qué hay detrás del caso de los jugadores de Vélez

Hace mucho tiempo que un caso no despertaba tanta atención como el de la joven que denunció haber sido abusada por tres jugadores de Vélez. Tanto impacto tuvo que el crimen de Benjamín, un niño que formaba parte de un hogar en el que recibía más castigos físicos que comida, quedó en un segundo plano. Hay muchas razones. No importa tanto los porqués, sino analizar qué pasó y qué puede llegar a ocurrir.

A la joven la revictimizaron una y otra vez. No tuvieron piedad. No sólo quedó en boca de muchos tucumanos, sino que la atacaron al difundir su nombre, su profesión y hasta el lugar donde vivía para llevar “la” información precisa sin importar que se violaba sistemáticamente su intimidad. “La sociedad avanza”. “Hoy la mente de las personas es mucho más abierta”. “Los tiempos han cambiado”. Son algunas de las frases que sustentan un falso progresismo. Y es falso porque en casos como este pareciera que aún están vigentes tribunales similares a los tiempos de la inquisición. Personas que se disfrazan de jueces para condenar conductas.

Los acusados también sufrieron esta situación. Ya fueron condenados por otra parte de la sociedad. Pareciera que en nuestra provincia, como en el resto del país, no rige la presunción de inocencia. Cada vez son menos los que recuerdan la frase que debe sustentar nuestra existencia: “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Los cuatro futbolistas lo sufrieron en carne propia. Sólo los dirigentes de Vélez pusieron algo de cordura en medio de tanta locura. No despidieron a sus empleados, simplemente, los suspendieron porque al estar detenidos no pueden cumplir con el contrato que tienen firmado. El arquero Sebastián Sosa, el único de los cuatro procesados que quedó en libertad, regresaría a las prácticas en los próximos días.

La teoría

La fiscala Eugenia María Posse, con la declaración de la víctima, elaboró la teoría del caso. Indicó que el 3 de marzo, la joven concurrió a la cita que había pactado con Sosa en la habitación 407 del hotel Hilton. Después de tomar dos latas de cerveza y fernet, fue abusada al mismo tiempo por José Florentín Bobadilla y Braian Cufré y luego por Abiel Osorio. La representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados se aprovecharon del estado de indefensión de la denunciante para atacarla.

Ahora bien, estas son algunas de las pruebas que figuran en el expediente:

- Las tres declaraciones que hizo la víctima en sede judicial donde sí se observan algunas contradicciones. Los defensores Ernesto Baaclini (Sosa), José María Molina y Patricio Fresia (Osorio), Ileana Bataglia y Ernesto García Biagosch (Cufré) y Camilo Atim y María Florencia Abdala (Florentín Bobadilla) sostienen que tienen numerosas inconsistencias que le quitan credibilidad al relato. Los querellantes Patricia Neme y Juan Andrés Robles dijeron que pudieron haber sido olvidos circunstanciales que no mellan la veracidad de sus dichos.

- La joven reconoció, en al menos una declaración, que no tomó la cantidad de alcohol suficiente como para perder el dominio de su cuerpo.

- El primer análisis toxicológico dio negativo y los peritos ya adelantaron que la contraprueba daría el mismo resultado por la demora de tres días para tomarse las muestras que fueron analizadas.

- Una ginecóloga particular la revisó y habló sobre una lesión que no precisamente puede haber sido causada por un abuso sexual. El médico forense que intervino en el caso fue categórico: no pudo confirmar ni descartar de que haya sido víctima de un ataque. Sí sentenció que en el cuerpo de la víctima no encontró lesiones características de este tipo de delito.

- De las imágenes que se obtuvieron de las cámaras de seguridad, se observa a la joven caminando con normalidad y hasta doblando una camiseta para luego introducirla en una mochila.

Quedarían al menos dos pruebas por producirse. Una es el análisis de los celulares de los futbolistas y la otra, una comparación genética con las muestras tomadas a los futbolistas con el material biológico de una manta. No hay dudas de que este caso se juzgará otra vez el “no es no”. Sobra la jurisprudencia que establece que si se mantienen relaciones pese a la negativa de una persona, debe considerarse que existió abuso. En esta causa en particular, la joven dijo no haber dado consentimiento, mientras que los futbolistas sostienen que ella si lo había aceptado. Es su palabra contra la de ellos.

Secretismo

En este expediente, el secretismo judicial terminó alimentando la polémica. El código procesal penal establece claramente que los casos de abuso y los expedientes en los que están involucrados menores de edad deben manejarse en secreto para respetar el derecho a la intimidad de los protagonistas del expediente (víctimas y victimarios). En las dos audiencias que se hicieron, las magistradas intervinientes permitieron que la prensa sólo estuviera presente antes para ¡tomar fotos de los acusados! y en la lectura de las resoluciones que habían dictado.

Esta decisión, ajustada totalmente a derecho, obliga a hacer una pregunta: ¿sirvió de algo tanto recelo? No, para nada. No sólo se filtraron las declaraciones de víctimas y victimarios, sino que además fueron parcializadas, ya que lo que se conoció terminó favoreciendo a una de las partes. Tampoco se conocieron los fundamentos de sus sentencias. Por eso no se entienden los motivos de las resoluciones judiciales que se tomaron. Sosa quedó en libertad porque la propia víctima reconoció que no la había tocado, pero ahora lo investigan por haberla invitado al hotel.

A los otros tres futbolistas les dictaron el arresto domiciliario por 90 días y no la prisión preventiva porque no hay demasiadas pruebas en su contra. Cuentan en Tribunales que la jueza Eliana Gómez Moreira con su decisión buscó asegurar el proceso teniendo en cuenta dos cosas: los acusados no residen en Tucumán y cuya profesión de futbolistas les asegura contar con grandes ingresos que podría facilitarles su fuga. Pese a los planteos de sus defensores, la jueza Laura Julieta Casas le dio la razón a su colega y ratificó la resolución. ¿Las magistradas actuaron por la presión social? ¿Hubo un exceso en la aplicación de la perspectiva de género? Son interrogantes que no tiene respuestas porque no se conocieron los fundamentos de sus fallos.

Por esa razón, hay jueces con sentido común que plantean una solución alternativa: permitir la cobertura periodística con la prohibición de que se difunda cualquier tipo de dato que perjudique a las partes. Con este criterio, se aseguran dos cosas: preservar la intimidad de los involucrados en el proceso y llevar a la sociedad “información de calidad”, como ellos explican para referirse a que se sepa toda la verdad y no una parte de ella. Así lo entendió el juez Juan María Ramos Padilla que lleva adelante el juicio contra José Jorge Alperovich por el mismo delito que afrontan los cuatro futbolistas.

El final

La fiscalía tiene seis meses para pedir que se haga el juicio en contra de los acusados, si es que no aprueban alguna prórroga. Ese es el tiempo que cuentan los querellantes y los defensores para ofrecer pruebas que crean convenientes para complicar o aliviar la situación procesal de los cuatro imputados. Hasta aquí, públicamente, las partes dijeron que quieren llegar a un debate oral para que se los condene o se los absuelva. Pero ninguno descarta que se cierre la causa a través de un juicio abreviado.

En este caso no hay demasiados caminos para recorrer. Para que se llegue a esa solución, la víctima deberá rectificar su denuncia o los defensores aportar nuevas evidencias para que se modifique la imputación en contra de los jugadores, ya que por la pena de los delitos de los que están acusados ahora no podrán acceder a ningún convenio. Los procesados, además de aceptar su culpabilidad, tendrán que ofrecer una reparación económica. La fiscal puede aceptar o no el acuerdo porque ella es la “dueña” de la acción penal. Si lo hace, un juez tendrá que convalidarlo.

Es normal que decenas de casos de abuso se cierren de esta manera en la provincia, aunque ninguno de ellos tuvo la trascendencia de este. En 2023, según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en Tucumán se dictaron 277 condenas por este delito, y 154 fueron penas de cumplimiento condicional. Ahora bien: ¿aceptará la víctima a un acuerdo sabiendo la condena social que recibirá? ¿Los jugadores querrán terminar con un antecedente penal que puede afectar sus carreras? Con el tiempo se sabrá.