30 Junio 2002 Seguir en 
El gobierno de Eduardo Duhalde impulsa una suba salarial de $100 para los empleados del sector privado en relación de dependencia, a fin de compensar parcialmente la caída del poder adquisitivo provocada por la devaluación del peso. También se busca una suerte de "shock" en el consumo. De concretarse, la medida sólo alcanzaría a 3,3 millones de personas en todo el país y a 150.000 tucumanos.
La cifra de 150.000 representa al 36% -es el porcentaje del personal privado en relación de dependencia- del total de personas efectivamente empleadas en la provincia: 416.000. Este último número, a su vez, constituye el 80% del total de la fuerza laboral potencial disponible, que abarca a 520.000 personas.
Teniendo en cuenta que la masa salarial total de Tucumán supone unos $353 millones mensuales, la suba programa tendría una incidencia del 4% en aquella (unos $15 millones) y del 2% en el Producto Bruto Interno (PBI), ya que los sueldos representan poco más de la mitad del valor del PBI.
Los $100 se otorgarían como valor alimentario no remunerativo a través de un decreto de necesidad y urgencia. La medida tendría un carácter excepcional por seis meses y sería financiada con un aporte patronal del 6% (pagarían $106) y el 3% del descuento a los empleados (cobrarían $97); en ambos casos para aportar a las obras sociales.
Todavía no está dicha la última palabra, ya que las discusiones entre los empresarios, la CGT que lidera Rodolfo Daer y el Ministerio de Trabajo de la Nación se reanudarán pasado mañana. Lo que por ahora parece estar decidido es que la disposición no alcance a los empleados públicos y al resto de los ocupados (asalariados no registrados, quienes trabajan en el servicio doméstico, los cuentapropistas, los rurales, etcétera). La discusión sobre la conveniencia de la medida pasa por dos planos. En primer lugar, hay un fuerte debate acerca de si el Estado debe intervenir en el mercado laboral para compensar la efectiva caída del poder de negociación de los trabajadores ante el avance de la desocupación (ver notas aparte). El otro punto está relacionado con los efectos económicos y sociales de la suba.
"El incremento salarial que se aplicaría no compensará el de los precios registrados. El problema es de dónde saldrá el dinero para financiar esta suba. Si los empresarios se encontraran en un nivel razonable de actividad no habría mayores inconvenientes, ¿pero si no es así?", preguntó el director del Magister en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Víctor J. Elías. Además de los problemas que supone intervenir en el mercado laboral, el economista advirtió sobre los peligros de que, para que sea posible la suba salarial, se recurra a un viejo vicio de los argentinos, subsanado provisoriamente por la Convertibilidad: la emisión monetaria.
Es una ayuda parcial, pero aún insuficiente
Por Julio Chit y Roxana Laks,consultores en sociología y mercado
Hoy existe en la Argentina una gran oferta laboral, producto de la desocupación, y una casi nula demanda laboral, por la recesión y la crisis. Para el empleado, el salario es una retribución al esfuerzo y a la inversión que hizo para educarse y para poder trabajar. También es la fuente principal de ingreso y, por ende, un factor determinante de su bienestar económico y social. Para el empresario, los salarios son un costo operativo en el que debe incurrir para alcanzar sus objetivos. Se trata, entonces, de un relación de intercambio, y la presencia del Estado debe asegurar la equidad y el bienestar general a través de una mejor distribución del esfuerzo y sus frutos. El Estado justifica su intervención sugiriendo un aumento salarial para el sector privado. Argumenta que la desocupación de los últimos años debilitó el poder de negociación de los trabajadores. Pero no debe olvidarse tampoco de su rol de empleador de un amplio sector de la población. Por ende, debe plantearse cómo hacerlo para el sector público.
Se argumenta que el aumento salarial de $100 pesos no remunerativos compensaría, de alguna manera, el deterioro de un 30% del poder adquisitivo causado por la devaluación. Esto se cumpliría sólo para los empleados del sector privado con salarios de hasta $300 mensuales. Los segmentos con ingresos mayores no se verían compensados.
Una inyección de dinero fresco en los sectores de menores ingresos se transformaría en mayor demanda de bienes y servicios (todo se destinaría al consumo). Esto implicaría mayores ventas para los empresarios y un incremento en los ingresos tributarios del Estado, fundamentalmente en el IVA.
Cabe preguntarse sobre las posibilidades de las PyME de hacer frente a este aumento en un marco de recesión, inexistencia de créditos y de permanentes aumentos de costos de los productos y servicios que comercializan.
El fortalecimiento del mercado interno, a través de aumentos salariales, es imprescindible como primer paso para generar la tan esperada reactivación. Pero proyectos parciales como este resultan insuficientes teniendo en cuenta la gravedad de la crisis.
Pese a la crisis y a la falta de financiamiento, el fortalecimiento del mercado interno a través de la recuperación del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, con certeza, permitiría a las PyME, al sector empresario y al Estado aumentar sus ingresos genuinos, y encarar políticas de crecimiento.
Teniendo en cuenta el monto de la recomposición, esta sólo apunta a favorecer el poder alimenticio del salario. Pero este no es únicamente alimento, sino que su valor incluye conceptos como salud, educación, cultura, vestimenta, recreación, etcétera y que también hacen a la dignidad humana.
El remedio puede agudizar la enfermedad
Por Víctor J. Elías, director del Magister en Economía de la UNT y del Instituto de Economía aplicada de la Fundación Banco Empresario)
Si bien el objetivo del gobierno nacional, de aumentar los salarios de los trabajadores del sector privado, puede ser loable, ello no se logra sino a partir de una suba en el valor de la productividad de aquellos. En el caso de Tucumán la franja laboral en relación de dependencia en el sector no estatal representa un 36% del total del empleo en la provincia. La suba programada de $100 mensuales representaría de un 12% a un 15% del salario promedio actual. Para la mitad del personal con menores salarios, el aumento oscilaría entre un 20 y un 30%, y para el personal con sueldos superiores el incremento sería de entre un 7% y un 10%. El total de aumento de la masa salarial sería de unos $15 millones mensuales.
Todo este cálculo, en realidad, es meramente técnico. Lo importante es saber qué ocurrirá en el mercado laboral si las compañías privadas se ven exigidas a realizar el aumento salarial promovido por el Estado a través de acuerdos entre empresarios y trabajadores. Lo más probable es que este incremento sea mucho menor y que genere un mayor desempleo, salvo que las firmas ya valoren la productividad de los trabajadores en los nuevos precios.
Además, en los tramos de menores salarios, como la suba porcentual sería mayor, se generaría un mayor desempleo, ya que los empresarios preferirían tener personal con una mayor productividad.
En general, es de esperar que las empresas que ya experimentaron subas en los precios trasladen parte de ellas a los salarios. Si no lo hicieron es porque deberían haber incrementado el personal empleado o bien enfrentan una gran incertidumbre y están a la expectativa de si se da o no una gran inflación.
En épocas inflacionarias pasadas las subas salariales impulsadas por el Estado iban acompañadas de una mayor emisión monetaria. Por esta vía se generaban agudos procesos inflacionarios. El Estado, actualmente, está dando señales confusas. ¿Qué pasará con los salarios de los trabajadores del sector público? ¿Cómo se financiará el aumento salarial en el sector privado?
El mercado laboral debiera moverse de acuerdo a la dinámica impuesta por las empresas y los trabajadores. En lugar de interferir con ello se debe buscar que funcione lo mejor posible. Ello requiere que el Estado brinde buenas señales sobre sus cuentas fiscales y que estabilice su accionar para que los agentes económicos tengan un panorama más definido para poder actuar.
Los programas sociales deben llevarse a cabo con el presupuesto normal del Estado. De otra forma se genera una gran inestabilidad institucional dentro del mismo Estado y en la relación de este con el sector privado, lo cual lleva a mayores problemas sociales en lugar de aliviarlos.
La cifra de 150.000 representa al 36% -es el porcentaje del personal privado en relación de dependencia- del total de personas efectivamente empleadas en la provincia: 416.000. Este último número, a su vez, constituye el 80% del total de la fuerza laboral potencial disponible, que abarca a 520.000 personas.
Teniendo en cuenta que la masa salarial total de Tucumán supone unos $353 millones mensuales, la suba programa tendría una incidencia del 4% en aquella (unos $15 millones) y del 2% en el Producto Bruto Interno (PBI), ya que los sueldos representan poco más de la mitad del valor del PBI.
Los $100 se otorgarían como valor alimentario no remunerativo a través de un decreto de necesidad y urgencia. La medida tendría un carácter excepcional por seis meses y sería financiada con un aporte patronal del 6% (pagarían $106) y el 3% del descuento a los empleados (cobrarían $97); en ambos casos para aportar a las obras sociales.
Todavía no está dicha la última palabra, ya que las discusiones entre los empresarios, la CGT que lidera Rodolfo Daer y el Ministerio de Trabajo de la Nación se reanudarán pasado mañana. Lo que por ahora parece estar decidido es que la disposición no alcance a los empleados públicos y al resto de los ocupados (asalariados no registrados, quienes trabajan en el servicio doméstico, los cuentapropistas, los rurales, etcétera). La discusión sobre la conveniencia de la medida pasa por dos planos. En primer lugar, hay un fuerte debate acerca de si el Estado debe intervenir en el mercado laboral para compensar la efectiva caída del poder de negociación de los trabajadores ante el avance de la desocupación (ver notas aparte). El otro punto está relacionado con los efectos económicos y sociales de la suba.
"El incremento salarial que se aplicaría no compensará el de los precios registrados. El problema es de dónde saldrá el dinero para financiar esta suba. Si los empresarios se encontraran en un nivel razonable de actividad no habría mayores inconvenientes, ¿pero si no es así?", preguntó el director del Magister en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Víctor J. Elías. Además de los problemas que supone intervenir en el mercado laboral, el economista advirtió sobre los peligros de que, para que sea posible la suba salarial, se recurra a un viejo vicio de los argentinos, subsanado provisoriamente por la Convertibilidad: la emisión monetaria.
Es una ayuda parcial, pero aún insuficiente
Por Julio Chit y Roxana Laks,consultores en sociología y mercado
Hoy existe en la Argentina una gran oferta laboral, producto de la desocupación, y una casi nula demanda laboral, por la recesión y la crisis. Para el empleado, el salario es una retribución al esfuerzo y a la inversión que hizo para educarse y para poder trabajar. También es la fuente principal de ingreso y, por ende, un factor determinante de su bienestar económico y social. Para el empresario, los salarios son un costo operativo en el que debe incurrir para alcanzar sus objetivos. Se trata, entonces, de un relación de intercambio, y la presencia del Estado debe asegurar la equidad y el bienestar general a través de una mejor distribución del esfuerzo y sus frutos. El Estado justifica su intervención sugiriendo un aumento salarial para el sector privado. Argumenta que la desocupación de los últimos años debilitó el poder de negociación de los trabajadores. Pero no debe olvidarse tampoco de su rol de empleador de un amplio sector de la población. Por ende, debe plantearse cómo hacerlo para el sector público.
Se argumenta que el aumento salarial de $100 pesos no remunerativos compensaría, de alguna manera, el deterioro de un 30% del poder adquisitivo causado por la devaluación. Esto se cumpliría sólo para los empleados del sector privado con salarios de hasta $300 mensuales. Los segmentos con ingresos mayores no se verían compensados.
Una inyección de dinero fresco en los sectores de menores ingresos se transformaría en mayor demanda de bienes y servicios (todo se destinaría al consumo). Esto implicaría mayores ventas para los empresarios y un incremento en los ingresos tributarios del Estado, fundamentalmente en el IVA.
Cabe preguntarse sobre las posibilidades de las PyME de hacer frente a este aumento en un marco de recesión, inexistencia de créditos y de permanentes aumentos de costos de los productos y servicios que comercializan.
El fortalecimiento del mercado interno, a través de aumentos salariales, es imprescindible como primer paso para generar la tan esperada reactivación. Pero proyectos parciales como este resultan insuficientes teniendo en cuenta la gravedad de la crisis.
Pese a la crisis y a la falta de financiamiento, el fortalecimiento del mercado interno a través de la recuperación del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, con certeza, permitiría a las PyME, al sector empresario y al Estado aumentar sus ingresos genuinos, y encarar políticas de crecimiento.
Teniendo en cuenta el monto de la recomposición, esta sólo apunta a favorecer el poder alimenticio del salario. Pero este no es únicamente alimento, sino que su valor incluye conceptos como salud, educación, cultura, vestimenta, recreación, etcétera y que también hacen a la dignidad humana.
El remedio puede agudizar la enfermedad
Por Víctor J. Elías, director del Magister en Economía de la UNT y del Instituto de Economía aplicada de la Fundación Banco Empresario)
Si bien el objetivo del gobierno nacional, de aumentar los salarios de los trabajadores del sector privado, puede ser loable, ello no se logra sino a partir de una suba en el valor de la productividad de aquellos. En el caso de Tucumán la franja laboral en relación de dependencia en el sector no estatal representa un 36% del total del empleo en la provincia. La suba programada de $100 mensuales representaría de un 12% a un 15% del salario promedio actual. Para la mitad del personal con menores salarios, el aumento oscilaría entre un 20 y un 30%, y para el personal con sueldos superiores el incremento sería de entre un 7% y un 10%. El total de aumento de la masa salarial sería de unos $15 millones mensuales.
Todo este cálculo, en realidad, es meramente técnico. Lo importante es saber qué ocurrirá en el mercado laboral si las compañías privadas se ven exigidas a realizar el aumento salarial promovido por el Estado a través de acuerdos entre empresarios y trabajadores. Lo más probable es que este incremento sea mucho menor y que genere un mayor desempleo, salvo que las firmas ya valoren la productividad de los trabajadores en los nuevos precios.
Además, en los tramos de menores salarios, como la suba porcentual sería mayor, se generaría un mayor desempleo, ya que los empresarios preferirían tener personal con una mayor productividad.
En general, es de esperar que las empresas que ya experimentaron subas en los precios trasladen parte de ellas a los salarios. Si no lo hicieron es porque deberían haber incrementado el personal empleado o bien enfrentan una gran incertidumbre y están a la expectativa de si se da o no una gran inflación.
En épocas inflacionarias pasadas las subas salariales impulsadas por el Estado iban acompañadas de una mayor emisión monetaria. Por esta vía se generaban agudos procesos inflacionarios. El Estado, actualmente, está dando señales confusas. ¿Qué pasará con los salarios de los trabajadores del sector público? ¿Cómo se financiará el aumento salarial en el sector privado?
El mercado laboral debiera moverse de acuerdo a la dinámica impuesta por las empresas y los trabajadores. En lugar de interferir con ello se debe buscar que funcione lo mejor posible. Ello requiere que el Estado brinde buenas señales sobre sus cuentas fiscales y que estabilice su accionar para que los agentes económicos tengan un panorama más definido para poder actuar.
Los programas sociales deben llevarse a cabo con el presupuesto normal del Estado. De otra forma se genera una gran inestabilidad institucional dentro del mismo Estado y en la relación de este con el sector privado, lo cual lleva a mayores problemas sociales en lugar de aliviarlos.
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