Crisis generacional en el Congreso

Desde el punto de vista institucional, el Congreso de la Nación ha sido durante 2004 el poder del Estado más observado por su deficitario servicio a los intereses de la República. No sólo por el menor número de sesiones, lo que dejó sin consideración asuntos trascendentes para la marcha del país, cuanto por la extraordinaria delegación de facultades propias en el Presidente de la Nación y en el jefe del Gabinete de ministros. Ello, entre otras cosas, permitirá al Poder Ejecutivo Nacional disponer de recursos fiscales superiores a los del Poder Legislativo. Ya sea por las concesiones en el marco del Presupuesto 2005 o bien mediante la nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica hasta el fin del presente ejercicio, esas delegaciones superan por su amplitud todo lo conocido en cuanto a gobiernos constitucionales. No se trata, por cierto, de concesiones inconstitucionales excepcionalmente permisibles; el problema es su elevada cantidad y las atribuciones rápidamente concedidas a solicitud del PEN, hasta configurar un superpresidencialismo que la Constitución Nacional fulmina. Si a ello se agrega la prolongada -lleva una década- indiferencia parlamentaria frente a los decretos de necesidad y urgencia todavía sin reglamentar, de los que el presidente Néstor Kirchner ha suscripto hasta la fecha más que cada uno de sus antecesores y un número aproximado al de las leyes sancionadas por el Congreso en 2004 -124 y 139, respectivamente- puede advertirse cuán deficitaria es la gestión legislativa.
Sin duda que la causa de esa baja calidad institucional es el alto grado de dependencia que la mayoría oficialista de ambas cámaras mantiene con el Gobierno, políticamente afín, a la que se suman ocasionalmente sectores minoritarios consecuentes con esa desvalorización de la función del Congreso. Bajo tales comportamientos, respecto de los cuales la lealtad partidaria tantas veces proclamada pospone el principio de representatividad ciudadana ante las necesidades políticas de conservación del poder, subyace la relativa calidad promedio de los representantes de las listas sábana, imposible de elevar por las calificadas excepciones sin gravitación suficiente en los tableros de cómputos. Pero no sólo ese bajo promedio representativo es causa de lo señalado; otro factor testimonial de la mermada calificación del Congreso entre la ciudadanía es la escasa presencia en sus escaños de generaciones posteriores a la segunda mitad de la década de los años sesenta. En ese sentido, un reciente análisis revela que de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados, tan sólo 24 tienen menos de 40 años, proporción que se acorta aun más en la de Senadores. Un número reducido de legisladores que han observado ese dato testimonial como causa del desprestigio parlamentario por alejamiento de la realidad social, presentó proyectos diversos que, como en el caso de la representación femenina, proponen una cuota forzosa de candidaturas para el adecuado acceso de nuevas generaciones.
Esas propuestas, modestas en su número pero reveladoras de una grave preocupación, son apenas una señal del aislamiento que el más elevado poder democrático del Estado ha llegado a merecer entre la sociedad insuficientemente representada. Sin embargo, aun siendo atendidas legislativamente, poco habrán de aportar si no forman parte de una amplia reforma del sistema representativo y de sus organizaciones intermedias, los partidos políticos. De no ser así, el relevo generacional insinuado quedará nuevamente cautivo de los viejos claustros partidocráticos, donde se digitan reelecciones y sucesiones sin que los poderes cambien de padrinos. Pero habrá que esperar, eso sí, otro turno electoral, pues esa tutoría política está logrando una vez más alcanzar las urnas de octubre montada en el viejo régimen.