Problemas que requieren diálogo

El azaroso y demorado lanzamiento del canje de la deuda pública dejó en espera deberes fundamentales de infraestructura económica y financiera que requieren atención de políticas de Estado y condicionan la recuperación de la confianza en el país. Se trata de cuestiones que fueron precisadas en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Eduardo Duhalde, y que no son caprichosas exigencias de los organismos multilaterales, sino antiguas deudas del país, que no deben dejar de reconocerse. Esa agenda quedó a cargo del actual Gobierno y además de la reestructuración de la deuda pública, incluyó las reformas impositiva, del sistema financiero y de la banca pública, así como la revisión de los contratos con las empresas concesionarias de servicios y la nueva Ley de Coparticipación Federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Como ya se señaló, ninguna de esas cuestiones fue consecuencia de la crisis ni de la depresión, sino que en muy buena proporción la dura etapa histórica que debe recorrer el país tuvo origen en ellas. La exigente consolidación política del actual Gobierno -surgido de un frustrado ballottage que obligó al presidente Néstor Kirchner a enfrentar la urgida coyuntura- impidió la atención de aquellos temas fundamentales que, por cierto, no figuraron en los mensajes preelectorales.
El grado de improvisación en la gestión del Estado, desde la forzada renuncia del gobierno de la Alianza, dio lugar a la postergación de esa agenda esencial, contribuyendo al aislamiento del país en la comunidad internacional, donde la superación del default es ahora exigencia clave para el resto de los temas. Es cierto que la recuperación de la economía nacional ha superado holgadamente los pronósticos que la descartaron, pero también es verdad que asegurar el crecimiento sostenido por la fluidez de las inversiones requiere el cumplimiento de aquella agenda. Es por ello que la atención del default no debe postergar por más tiempo la consideración de los restantes problemas, algunos de los cuales deben convocar necesariamente al diálogo del Gobierno con la oposición democrática del Congreso. No es favorable, por cierto, que esa situación coincida con un período de renovación legislativa, a lo que se suma la baja calidad de las relaciones interpartidarias para elaborar políticas de Estado, y la escasa disposición del Presidente de la República para habilitar el diálogo entre su gobierno y sectores diversos de opinión. Esa, sin embargo, será otra oportunidad de poner a prueba una vez más la calidad de nuestra representación política para encarar problemas ineludibles del país y recuperar confianza y credibilidad.
Sin ese diálogo creativo y abierto, donde el oficialismo debe dar los pasos iniciales, no serán posibles soluciones para el largo plazo, cuyas carencias frustraron repetidamente la eficiencia del sector público desde la restauración constitucional. Esa actitud de grandeza, ausente por décadas de la política nacional, deberá poner fin a la ingenua excusa de imputar autistamente al pasado y a los organismos internacionales los propios deberes incumplidos, enfrentando honestamente la realidad. La responsabilidad de sacar al país de la región oscura a la que fue llevado no es, por cierto, exclusivamente de quienes lo gobiernan, mas el poder acumulado por concesiones sin precedentes del Congreso le asignan políticamente al presidente Kirchner el deber de procurar acuerdos, poniendo a prueba la responsabilidad de la oposición democrática. Mientras esa gran decisión no se concrete, las soluciones de problemas tan fundamentales para la Nación seguirán siendo el fruto de la confrontación y tan efímeras como la gestión de un gobierno.