Con disidencias, se aprobó la suba de los tributos en Yerba Buena

El Concejo Deliberante yerbabuenense aprobó ayer en una sesión especial el proyecto de Ordenanza Fiscal Anual (OFA) de 2024, que implica un incremento en los tributos municipales. Se actualizará desde enero el valor de la unidad tributaria, que es la que se emplea para calcular los gravámenes, alrededor del 130%, incluido el de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI).

La iniciativa del Ejecutivo Municipal, que administra Pablo Macchiarola (Juntos por el Cambio-JxC), iba a tratarse en la primera sesión de la nueva conformación del cuerpo, pero volvió a comisión porque los ediles tenían dudas sobre una nueva modalidad de cálculo de los impuestos y querían efectuar aportes.  

La nueva versión se aprobó finalmente con los votos a favor de Javier Jantus (presidente), Franco Marigliano, Agustina Simón Padrós, Rafael Olea, Mauricio Argiró y María Decoud. Todos fueron electos por distintas ramas de JxC.

“Se modificó en varios puntos el proyecto enviado por el Ejecutivo, habiéndolo conversado con las autoridades. Esta ordenanza eleva los valores de la unidad tributaria llevándolo un poco por debajo del índice de inflación interanual”, explicó Jantus. Detalló que se presentaron tres dictámenes: el de la mayoría (el que se avaló), uno de la concejala Gabriela Garolera y otro del edil Walter “Kabuby” Araoz, ambos peronistas que votaron en contra. La representante de CREO, María “Meki” Moraiz también se expresó por la negativa.    

“Se eliminaron varias tasas administrativas que estaban previstas en la ordenanza del año anterior. Se trató de simplificar la forma de cálculo del CISI y de fijar con claridad cuáles van a ser las tasas. De tal manera que cualquier vecino, para saber cuánto tiene que pagar, puede acudir a la OFA y ahí calcular cuál es el monto a pagar por la actividad”, dijo el titular del cuerpo vecinal.

En contra

“Tenemos que interpretar el mensaje de las urnas y seguir el ejemplo del gobernador Osvaldo Jaldo con el plan de austeridad, eliminando gastos de la política para que el ajuste no lo pague el vecino”, sugirió la jaldista Garolera. Advirtió que se trata de un “tarifazo” que repercutirá en los bolsillos de los vecinos, sobre todo, en los de menores recursos. “Tiene como único fin el de recaudar sin importar la situación del país. Me preocupan los pequeños contribuyentes que tienen negocios de subsistencia. El Ejecutivo no les da  ninguna facilidad para cumplir con sus obligaciones”, afirmó. Redobló la apuesta y presentó un proyecto para eliminar los gastos sociales y transferir esos montos a hogares, centros sanitarios y escuelas de la jurisdicción.

Moraiz rechazó que el primer proyecto enviado por el Municipio haya sido un ajuste de de la unidad tributaria y la modificación del sistema de cálculos del CISI. “Después de haber demostrado que la nueva forma de cálculo era injusta e improvisada, impulsamos que quede en el mismo sistema vigente evitando así una recaudación de más de $300 millones con respecto a la ordenanza que se aprobó”, aseguró. Puntualizó que no está de acuerdo con el texto porque primero debería ajustarse el gasto municipal para evitar trasladar los cambios a los valores por la inflación al vecino. “¿Cómo le explico a un trabajador o a un comerciante que no logra alcanzar la inflación que va a tener que pagar sus impuestos a partir de enero con una suba de entre el 130% al 200%?”, cuestionó. El líder de su partido, Sebastián Murga, también criticó en redes sociales la actitud del Ejecutivo. “En los Concejos de Tucumán están debatiendo cómo subir impuestos. No entendieron nada? El ajuste lo tiene que hacer la política, no los tucumanos. Suelten sus privilegios”, instó.

Aráoz, que en su etapa anterior en el Concejo había presidido la comisión de Hacienda, subrayó que el proyecto original estipulada aumentos de hasta el 400% en algunas de las tasas y tributos. Criticó que subían para los vecinos de menos recursos y que preveía, según dijo, disminuirlos a los de mayores. “No tan sólo tenía errores técnicos y de redacción garrafales. También de contenido, era una ordenanza inaplicable. Además distaba política y humanamente de lo central que debemos hacer como funcionarios públicos que es bregar y cuidar a nuestros vecinos”, afirmó el justicialista. Consignó que elaboró una alternativa con mayor base de los contribuyentes más “justa, razonable, equitativa y solidaria”. Añadió que buscaba disminuir  el valor de la unidad tributaria y establecer un sistema de rangos, según la valuación fiscal de las viviendas.