El voto nominal

En su primera sesión del año, la Legislatura de la Provincia aprobó por unanimidad la modificación de su reglamento interno (es la norma que rige su funcionamiento), y estableció la votación nominal para cuando se traten asuntos relacionados con 21 temas de gran interés institucional y de alto impacto y trascendencia pública.
La decisión es auspiciosa y merece ser resaltada, ya que es un avance en la recomposición de la relación entre el ciudadano y los legisladores. Ahora faltaría que todos los proyectos de ley sean aprobados o rechazados a través del voto nominal, que es el único sistema que permite conocer con precisión cómo se pronunció cada uno de los representantes del pueblo. Incluso, este mecanismo permite determinar si un legislador se encontraba o no en el recinto en el momento de definir el destino de una propuesta; es decir, si estaba en su banca durante la sesión, lo que puede ser interpretado como el cumplimiento específico de las obligaciones contraídas al ser electo.
Hasta el momento, el voto nominal se producía sólo cuando cuatro legisladores (representan el 10% de la Cámara) pedían que se lo emitiera a viva voz y no por signos (la mano levantada), que era la regla. Ahora el método se invierte, aunque limitado a las leyes que traten sobre el presupuesto, la fijación o modificación de cargas impositivas, la toma de créditos, las privatizaciones de servicios públicos, el nuevo sistema electoral, y la aprobación o el rechazo de los decretos de necesidad y urgencia, entre otras. Sobre esas normas en el futuro deberá pronunciarse públicamente cada legislador, para que quede registro formal de cuál fue su opción.
El cambio implica además una señal de transparencia política, ya que será una herramienta muy útil para el control ciudadano de las acciones y decisiones parlamentarias. Como cualquier instrumento de esta naturaleza, el uso que se le dé perfeccionará su aplicación, pero a partir de ahora se podrá saber si cada legislador hace lo que dice antes de una sesión (es decir, si cumple con sus compromisos públicos). Esa conducta es cada vez más reclamada por una sociedad que ha visto violada su confianza en numerosas oportunidades, en particular con la aplicación de una Ley de Lemas que vulneró voluntades electorales, dispersó a los candidatos, profundizó el individualismo de los dirigentes y atomizó los partidos políticos (reconocidos por la Constitución nacional como formadores de la sustancia democrática).
La reconstrucción de la relación representante-representado debe ser asumida como una política de Estado que trascienda y supere una determinada gestión. Ese objetivo de fondo se alcanzará luego de que se modifiquen cuestiones estructurales, algunas de las cuales podrán ser incluidas en la próxima reforma de la Carta Magna provincial, como, por ejemplo, la facilitación de una mayor participación de la comunidad en la elaboración de las leyes. En ese sentido, se mencionan institutos de democracia directa como el plebiscito o el referéndum, pero también se puede incluir la idea de que un ciudadano o una organización no gubernamental presente proyectos para el debate parlamentario, lo que actualmente está vedado.
Si la Legislatura quiere seguir en este camino de acercamiento, el paso siguiente debería ser la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública, que es un instrumento que le permitirá a la población conocer todas las decisiones, resoluciones, normativas y posiciones que adopte cualquiera de los tres poderes del Estado. Hay varios proyectos sobre esta materia que están siendo analizados desde hace más de un año en la comisión de Legislación General, sin que se haya plasmado aún un dictamen que los condense, pese a que se diferencian en pocos puntos. Sería positivo que hubiera una decisión al respecto.