Una crisis política

La crisis en la Mutualidad Provincial es mucho más profunda que el acuerdo laboral formalizado ayer para que los casi 100 empleados sancionados con despidos y suspensiones vuelvan a sus puestos de trabajo. La crisis supera con creces los problemas económicos y financieros, que son levantados sistemáticamente como barreras que impiden avizorar un futuro promisorio para la institución. Todo converge en el oscuro panorama de lealtades políticas, pactos de circunstancia, favores no pagados y compromisos sin cumplir, que aún no acaban.
La mediación de los legisladores justicialistas, que integraron una comisión especial para resolver el conflicto, permitió darle oxígeno transitoriamente a la septuagenaria institución, expresado en una suerte de momentánea paz interna. Pero esa especie de respiración artificial, por un año (plazo acordado sin incorporación ni despido de personal), no asegura una tranquilidad definitiva. Sólo es una tregua de sectores en disputa, no una deposición final de armas.
Tampoco alcanzan las declaraciones acerca de que se buscarán cancelar las deudas que municipios y comunas tienen con la institución de que se efectuarán planes de financiamiento del enorme pasivo existente (sobre el que se deberán darse explicaciones sólidas y convincentes, con nombres y apellidos de los responsables, para no ser cómplices del desastre) y de que se ampliarán los servicios con el objetivo de recuperar afiliados. Los cambios deben ser de fondo y deben estar sensiblemente vinculados a la amplitud de criterio y de decisión política de la conducción.
La ruptura entre el presidente de la Mutualidad, Víctor Deiana, y los empleados castigados es tan profunda, que se evidenció incluso en el momento de alegría. No se vieron las caras ni se cruzaron palabras ni siquiera en el instante de llevar alivio. No estuvieron juntos ni para la foto tomada ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con el vicegobernador Fernando Juri, quien lo ocupa transitoriamente y sonríe al recibir los aplausos.
La ausencia de diálogo es tan preocupante como la millonaria deuda con la AFIP-DGI y pone signos de interrogación sobre la gobernabilidad de la institución. Nadie puede mandar en soledad o en silencio, acompañado sólo por adláteres que festejan o consienten decisiones. Una actitud rayana en la soberbia es mala consejera en cualquier tipo de gestión, y de ella debería alejarse Deiana.
En las suspensiones y despidos entró a jugar, de manera determinante, la interna de ATSA entre su actual titular Raúl Quintero y su antecesor Ramón Bulacio. Muchos sancionados reconocieron ser hombres del anterior secretario general y justificaron en ese alineamiento la separación del empleo. También hubo quejas subidas de tono y denuncias vinculadas a versiones respecto de que la mutual tenía un plan para terciarizar ciertas prestaciones que brinda, mediante empresas de medicina prepaga, antes que el propósito firme de multiplicar ofertas y beneficios para los socios.
Las reuniones entre el titular de la Mutualidad y los legisladores fueron de una tensión inusitada. Y las conversaciones estuvieron a punto de romperse en varias oportunidades. Hubo gritos, amenazas de retirarse de la mesa e incluso desplantes. Deiana ganó la interna en la institución con el apoyo de la mayoría de los miembros del bloque oficialista, que ahora le recriminaron su progresivo alejamiento.
El cargo de conciencia que quiso evitarse con la mediación, le alcanzó también a Juri, principal impulsor de Deiana en su momento y protagonista en las sombras del acuerdo con los empleados. La intención de expiar culpas con la gestión laboral exitosa deberá completarse ahora con la apertura de canales orgánicos e institucionales de relación y proyectos propios de sustentabilidad, que den viabilidad a la entidad en el tiempo y avienten los fantasmas que todavía la sobrevuelan.