Asistencialismo sin transparencia

Alrededor de 7 millones de personas reciben en nuestro país subsidios estatales por situaciones de necesidad, tanto de la Nación como de las provincias, a través de numerosos planes específicos. Esas ayudas se multiplicaron considerablemente a partir de la crisis de 2001, que provocó niveles de desempleo, pobreza e indigencia sin precedentes. Pero el modelo que representan y los controles que sobre su funcionamiento se aplican no son nuevos y permiten que a través de muchas de ellas se ejerza una acción política clientelística. No obstante ese volumen de atención de necesidades de subsistencia, alrededor de 400.000 familias -según Cáritas Argentina- permanecen fuera de todo programa de asistencia, y la situación se asocia a falta de transparencia adecuada en el manejo de los subsidios. La mayor organización de asistencia no gubernamental considera, a esos efectos, que la solución debería buscarse mediante la aplicación de un subsidio universal para todos los desocupados y consejos consultivos en todo el país con funciones de auditoria. Dichos consejos existen para el plan Jefes y Jefas de Hogar, pero en la práctica funcionan en la órbita de los intendentes municipales, y perdieron su composición multisectorial
Otra propuesta de Cáritas ha sido la realización de un padrón único de beneficiarios que centralice datos de los planes nacionales, provinciales y municipales, algo que hasta el momento no existe, a pesar de que se haya afirmado lo contrario en el Ministerio de Desarrollo Social de la nación, a la espera de una decisión presidencial. La última novedad sobre subsidios estatales es el traspaso, a partir de febrero próximo, de 750.000 madres con tres o más hijos del plan Jefes y Jefas de Hogar -1,6 millón de beneficiarios-, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, al Plan Familias -240.000 beneficiarios- dependiente de Desarrollo Social. Esta repartición está a cargo de la ministra Alicia Kirchner, quien calificó dicho cambio como parte de una nueva etapa en materia de política social.
Ese traslado comenzará en una provincia aún no determinada y terminará reuniendo a casi un millón de beneficiarios antes de finalizar el año. La poderosa, aunque dispersa, estructura de programas sociales es una realidad que tiende a consolidarse en nuestro país; pero no integra transparentemente la estructura estatal, sino que configura una irregular red asistencialista que se recompone con cada cambio de autoridades gubernamentales. Es por ello que buena parte de ella ostenta un sello clientelístico generalmente disimulado por la gravedad de la coyuntura social.
La decisión de transferir al Plan Familias tan elevado número de beneficiarias en las proximidades de otro proceso electoral ha sido acogida, por consiguiente, con suspicacias, cuya administración implica al mismo tiempo su control, de una manera u otra. El modelo más veterano de ese clase de asistencialismo es el de las Manzaneras, en la provincia de Buenos Aires, a cargo -desde su fundación- de Hilda de Duhalde, esposa del entonces gobernador local, y cuyo funcionamiento continúa observando un claro tono clientelístico. Rival creciente de esa organización es ahora en el conurbano metropolitano la red Margaritas, vinculada a la ministra de Desarrollo Social. Tanto una como otra organización se desenvuelve bajo auditorías que no distinguen adecuadamente para el interés público sus recursos ni su administración, pero que practican un estilo asistencialista tradicional en el que la fidelidad al benefactor suele ser más importante que la promoción del trabajo. Se trata, en suma, de un modelo informal de atención social que, como en los casos precedentes, facilita el trueque de solidaridad partidaria por asistencia alimentaria, antes que una contribución a la actividad laboral.