Las promesas

Todos saben que pronto sucederá. No tienen exactamente idea de cuándo, pero lo están esperando. Advierten que llegará acompañado por fuertes gritos. Controlarlo será difícil. Las condiciones están dadas. Desde hace meses se anuncian obras para tratar de evitarlo, pero -como suele pasar en Tucumán- todo quedó en promesas. En pocos días los menores delincuentes serán protagonistas, otra vez, de un violento motín. La situación en la que están en la Alcaidía de la Jefatura de Policía es cada vez más grave. Y hasta los propios policías temen que "su casa" se convierta en escenario de la revuelta.
En noviembre, había más de 30 detenidos en el Area Minoridad de la Policía, en el barrio Jardín, y la noche del 3 todo explotó. Las mayoría de los adolescentes tiró la reja, agredió a los guardias y escapó. Sólo algunos decidieron quedarse. La situación generó un conflicto dentro del Gobierno: el Ministerio de Seguridad debió hacerse cargo de un problema que compete en forma casi exclusiva a la Secretaría de Políticas Sociales. Hubo cruces entre los titulares de ambas carteras -Pablo Baillo y Beatriz Mirkin-, ya que no se ponían de acuerdo respecto de cuál de los dos seguiría manejando la resolución del drama. La respuesta fue siempre la misma: "se están haciendo obras en el Roca que, una vez terminadas, ayudarán a resolver el problema".
Pero los tucumanos ya sabemos de promesas. Si no, que lo digan los familiares de las víctimas de la ruta 38. O aquellos que perdieron su vida en las dos tormentas de enero. O quienes sobrevivieron a la tragedia de Camboriú y hoy, a más de 5 años, siguen clamando por justicia. Los funcionarios de turno prometieron mejoras en el camino; autopistas; ensanchamientos... Sin embargo, la 38 sigue siendo conocida como "La ruta de la muerte". Durante 2004 la sequía fue alarmante. Pero a nadie se le ocurrió que era el momento para hacer obras de encauce, limpieza y reparación de canales; menos aún para invertir en la construcción de otros. El 1 de enero todos supieron lo que no se había hecho.
El problema de los menores es recurrente. Política de Estado lo llaman algunos. Y esa realidad no se toma vacaciones. Las causas que más ingresan al Juzgado de Feria están relacionadas con ellos. Los abogados reclaman mejores condiciones de alojamiento ya que, dicen, muchos de de los chicos están hacinados y enfermos. Por eso inundaron el juzgado con hábeas corpus. En el Instituto Roca y en el Hogar Belgrano, donde debió haberse creado un sector para menores peligrosos, la situación es similar. No hay lugar para ponerlos. Por eso, ahora se está merituando la peligrosidad de cada detenido. Si el hecho que cometió es grave, su destino será la Alcaidía. Si es un delito menor, le es entregado a los padres, con la recomendación de que lo controlen.

Hogar-granja
En la Alcaidía de la Jefatura de Policía hay actualmente 60 menores, casi todos ellos acusados de robos agravados. Desde la Legislatura, luego del motín en el Area Minoridad, se impulsó un proyecto para crear un hogar-granja donde los chicos pudieran ser tratados. Por ahora, es sólo proyecto.
No hay planes para una solución de fondo. El crimen del juez Héctor Agustín Aráoz agregó un problema, ya que uno de los juzgados quedó vacante, y todas las causas fueron a parar a manos del juez Raúl Ruiz. Allí los expedientes se abarrotan. La muerte de Aráoz, además, dejó acéfala la investigación por la entrega de droga a los menores en el Roca, caso en el cual estarían involucrados algunos preceptores. Esa causa será retomada por Ruiz cuando culmine la feria.
Los días pasan, y por ahora nadie se preocupa. Muchos están de vacaciones. Pero el calor altera a mucha gente. Más cuando está hacinada. Es lo que pasa hoy en la Alcaidía de la Jefatura de Policía, un polvorín a punto de estallar.