La propuesta para la deuda

El Gobierno nacional inició la operación para la salida del default de la deuda pública por 81.800 millones de dólares, mediante el lanzamiento de su propuesta para el canje de 178 bonos en insolvencia por títulos nuevos. La oferta se produjo después de más de tres años de espera de los acreedores, tiempo que, con el volumen del compromiso, configura el más gravoso endeudamiento histórico en las finanzas internacionales. La mayor novedad del anuncio del ministro de Economía ha sido que el Gobierno considera que con una aceptación del 50% por los bonistas, el país habría superado la situación de insolvencia al sumarse la deuda que nunca dejó de pagarse a los organismos multilaterales. La operación de canje comenzará hoy y finalizará el 25 de febrero; y deberán transcurrir tres semanas para conocer sus resultados. Tres categorías de acreedores son convocados por la oferta: institucionales, cuya aceptación se considera más amplia y rápida; los individuales o ahorristas, y los llamados "buitres", por su finalidad altamente especulativa y que mayor presión ejercen para que fracase la oferta y deban aumentarse las concesiones del deudor. En este punto, el Gobierno renovó su propósito de no modificar la propuesta, reiterando que tan sólo sería posible con un crecimiento económico superior al previsto.
El programa anunciado fue concebido atendiendo a una realidad tan ineludible como la pronunciada decadencia económica y social provocada por la crisis y cuya superación no sería posible si se la condicionase a las demandas de los acreedores. Si ello fuera a la inversa, la respuesta de los bonistas sería más amplia y satisfactoria para sus intereses; pero la garantía de cumplimiento es considerablemente menor, ya que el país ha reducido como nunca antes sus márgenes para el sacrificio. Precisamente son los argentinos quienes han debido soportar la mayor parte del default, entre quienes casi diez millones de aportantes al sistema de AFJP deben considerarse defraudados. Este dato es tal vez la referencia más ilustrativa de lo que han representado la deuda y sus causas en la historia política nacional. Hasta el punto de que el endeudamiento público es actualmente considerado entre nosotros como un grave error, al perderse de vista el efecto productivo que suscita en una economía eficiente. Nuestra experiencia demuestra que el crecimiento más nocivo de la deuda no fue consecuencia de la supuesta aplicación ortodoxa del liberalismo económico, sino del desbarajuste fiscal reiterado, con la tolerancia de los organismos multilaterales. A ello se sumaron rápidamente las decisiones de abandonar la convertibilidad sin otros amortiguadores que la pesificación asimétrica y el avasallamiento del derecho de propiedad, dando lugar a la mayor pérdida de confianza del país en la comunidad internacional.
Existe en los mercados y entre los analistas una moderada percepción de que la operación lanzada puede alcanzar un éxito razonable, en cuyo caso el Gobierno podrá reanudar sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional antes del período preelectoral. Después, sin demoras, deberá satisfacerse otra deuda pendiente y más perturbadora para los intereses de largo plazo, que exige una profunda reforma administrativa del Estado, así como las de segunda generación, frenadas desde mediados de los 90, y que darían eficiencia al gasto social. Otros compromisos no menos impostergables, como la reforma impositiva, asegurarán el crecimiento sostenido y pondrán fin al desproporcionado sacrificio que la recuperación fiscal está exigiendo a los sectores de ingresos fijos y a quienes cumplen con las desmedidas exigencias tributarias que aseguran el éxito de la actual coyuntura.