El fiscal federal Emilio Ferrer está indignado. Su fastidio está ligado con la decisión del juez federal Jorge Parache de disponer la prisión domiciliaria del policía retirado Luis Armando de Cándido, que cumple prisión preventiva por las desapariciones de Rolando y Marta Coronel (padre e hija), ocurridas en 1977.
Hace tres meses, De Cándido abandonó la prisión de Villa Urquiza, donde estaba alojado, y se instaló en su casa particular (no trascendió la ubicación). Esta medida fue adoptada por el juez federal, a pedido de la defensa del ex policía, sin la previa intervención de Ferrer, pese a lo dispuesto por ley, por lo cual se violó el trámite procesal.
Este es el argumento central que planteó el fiscal federal en el recurso que presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones para que se revoque la medida de Parache (dejará de ser magistrado este jueves, al comenzar a ser efectiva su renuncia al cargo). En el escrito, Ferrer sostuvo que es nulo todo lo actuado porque no estuvo al tanto y, por ende, De Cándido debe volver a la cárcel.
El funcionario agregó que, además, no existe ningún justificativo para que el procesado sea beneficiado con la prisión domiciliaria. Dijo que no es mayor de 70 años ni padece una enfermedad terminal en estado avanzado, que son las dos hipótesis contempladas en la ley ritual para conceder el cambio de alojamiento.
Entre los argumentos que esgrimió en su apelación, señaló la peligrosidad de generalizar privilegios entre los acusados por delitos, ya que, de aplicarse un criterio amplio, no debería quedar nadie en prisión. También consideró que el tipo de delitos que figuran en la causa es de suma importancia a la hora de valorar las medidas que deben aplicarse en cada caso.
A De Cándido se le imputan tortura seguida de muerte, asociación ilícita agravada y usurpación de una vivienda, ubicada en Chacabuco al 400, que fue restituida a la familia Coronel.