Cristina se retiró de Comodoro Py tras presentar un escrito ante el juez Ercolini

Cristina se retiró de Comodoro Py tras presentar un escrito ante el juez Ercolini

La ex presidenta había sido llamada a indagatoria en la causa por supuesto lavado de activos.

Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py. FOTO GENTILEZA INFOBAE (ADRIAN ESCANDAR) Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py. FOTO GENTILEZA INFOBAE (ADRIAN ESCANDAR)
09 Noviembre 2017

BUENOS AIRES.- La ex presidenta y senadora electa, Cristina Fernández de Kirchner, llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagada por el juez federal Julián Ercolini por supuesto lavado de activos en la causa Hotesur.

A pesar de que la ex mandataria pidió a través de las redes sociales que la militancia no la acompañe, en los tribunales federal de Comodoro Py hubo un fuerte operativo de seguridad que dejará blindado el cuarto piso, donde se desarrolló la indagatoria.

La ex presidenta le dijo hoy al juez que las acusaciones en su contra son parte de un "inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte", en unas breves declaraciones que hizo ante el magistrado antes de entregar un escrito en el marco de su indagatoria por la causa Hotesur, según el acta de la declaración a la que accedió la agencia Télam.

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La ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.

La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate (Santa Cruz) que, según el expediente judicial, fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y luego a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana que viene.

Para el juez, los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública", lo que habría generado una "ganancia ilícita".

De acuerdo a la investigación, desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.

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