14 Febrero 2014
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)
Auditoría en Lomas de Tafí
Como ciudadano no puedo menos que sentir viva indigación al leer los resultados preliminares de la auditoría que Fiscalía de Estado realizó en el Barrio Lomas de Tafí, a través de la cual constató irregularidades en aproximadamente 1.500 viviendas: unidades deshabitadas, alquiladas o directamente transferidas ilegalmente. Frente a este cuadro de situación, que también se repite en otros barrios, siento la necesidad de expresar dos cosas: 1) apoyo calurosamente la decisión del Gobierno de llevar a cabo una auditoría exhaustiva orientada a verificar si los adjudicatarios de viviendas sociales cumplen adecuadamente con la normativa aplicable en la materia, y 2) también apoyo calurosamente que -conforme a las directivas recibidas- esta vez el Ipvdu sea durísimo con aquellos adjudicatarios que no cumplieron con la ley y vaya hasta las últimas consecuencias: esto es, la revocatoria de la adjudicación a todos los beneficiarios cuya conducta evidencia que no necesitan la vivienda asignada y que están lucrando miserablemente con fondos públicos, perjudicando así a miles de familias que sí reúnen los requisitos para acceder a una vivienda social. Los resultados de esta auditoría constituyen una demostración indudable de cómo funciona la corrupción en nuestra provincia. La corrupción es una lacra social que obstaculiza poderosamente el progreso de los pueblos. Tiene múltiples facetas. No se agota en la inconducta social de estos ciudadanos que lucran y/o especulan con una vivienda social. La falta de ejemplaridad ética de muchos representantes de la élite política, empresaria, deportiva, académica, etc. fomenta que también la sociedad en su conjunto adopte, por acción o por omisión, comportamientos cómplices con actos de corrupción. La severidad prometida es una inmejorable oportunidad para demostrar que en Tucumán aún existen motivos para creer que la corrupción puede dejar de ser un mal endémico.
César Augusto Gallo
Crisis
Gracias a LA GACETA por permitirnos gozar de la fina ironía del lector Vallejo con sus opiniones sobre “Inclusión y Equidad” y “Crisis”. Gracias también por hacernos ilustrar por todos los lectores que hemos tratado de responder a esas opiniones, partiendo de la premisa de que eran reales. Sin embargo si las mismas fueron efectuadas “en serio”, estimo que podríamos recurrir a la sentencia bíblica que dice: “no hay peor ciego que el que no quiere ver; ni peor sordo que el que no quiere escuchar”.
Luis Vides Almonacid
Móvil policial abandonado
Atento a la carta de Melitón Saldaño (12/2), me referiré a su preocupación, en dos aspectos. El primero, ciertamente, la casi centenaria Feria de Simoca, en sus comienzos ocupaba una cuadra, aunque las compras y ventas también se hacían desde sulkis y jardineras alrededor de la Cruz de madera (sacada del lugar en 1976), y desde los carros cañeros cuando pasaba la cosecha. Además, desde las casas vecinas se ofrecían rosquetes, pan de anís, bollos, pastel de novios y las famosas empanadillas simoqueñas, junto a las incomparables empanadas y pastelitos de “Los MIllares”. El panorama se completaba con el viejo pacará, también eliminado en la época de la dictadura, y las casillas del FFCC. Eran frecuentes los partidos de fútbol entre policías y comerciantes. La “policía volanta” dejaba sus mulas en el descampado donde mis padres hacían los carnavales de las siestas “con pechadas de caballo” (hoy Mitre y Rivadavia). Sigamos, como dice don Melitón, con la segunda parte. Hasta 1976 la comisaría de Simoca, que era segundo distrito del departamento Monteros, estaba mejor que ahora, y había puestos en Buena Vista, y Doce Veinte. Ahora ya no están, pese a haberse creado cuatro comunas, por ley del entonces diputado que escribe estas líneas. Alguna vez se compró “la lotería del gordo de Navidad”, pero ahora se hizo una rifa para conseguir un móvil; otros donaron una moto y hasta entregan el “botón antipánico”. La contracara es ver una camioneta -¿abandonada?- al lado de una vieja limusina blanca y varios vehículos en pésimo estado en las veredas de la calle Las Higueritas al 500, casi República del Líbano, en la ciudad de Yerba Buena. Es una camioneta S10, sin chapa patente, de la Unidad Regional Norte. Bordeando este panorama se ve un mayúsculo basural a la vera y sobre el canal que corre paralelo a la arteria mencionada. Esto esto es “coronado” por el “yuyal” y la cerca perimetral colocada en el predio de Radio nacional, sin espacio para la vereda y sin posibilidad de circulación peatonal.
Esteban Lito Ledesma Fiad
Tarjeta Ciudadana (I)
La implementación del nuevo sistema de tarjetas para el uso del servicio urbano de pasajeros evidenció la gran carencia de gestión de las autoridades para lograr un supuesto bien o progreso al pueblo. San Miguel de Tucumán es la unidad política más importante y cada persona es miembro de esta comunidad “organizada” que le reconoce la cualidad para ser titular de los derechos y deberes propios de la ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a hacer que se cumplan estos. Pero la incapacidad de las autoridades cada día sorprende más, no se sabe por qué no se hizo semejante cambio en forma progresiva o simplemente por qué no se extendió el uso del cospel unas semanas más, para evitarle a la gente largas esperas en filas interminables, pérdida de tiempo y dinero. ¿Acaso las empresas de transporte y las autoridades desconocen la cantidad de personas que usan este servicio? Exijamos más respeto por parte de las autoridades y profesionalismo para llevar a cabo las gestiones públicas.
Guillermo Castaño
Tarjeta Ciudadana (II)
La vergüenza que da ver a ciudadanos haciendo colas interminables para conseguir una tarjeta ausente de nombre “ciudadana”, asoleándose para que algunos ganen buen dinero y otros no puedan ni subir al único medio de movilidad que les queda. No tiene nombre. El silencio de las autoridades es otra vergüenza sin límites.
Pablo Parellada
¿De quién es la tierra?
Qué nos está pasando? ¿Qué provocará el aumento de la delincuencia? ¿Por qué crecerán nuestros temores e inseguridades? Las preguntas se formulan en lo cotidiano y de muy diversas formas y siempre la culpa la tiene alguien de enfrente, el gobierno o los desocupados, ignorando la corrupción y mafias poderosas. ¿Tendrá sentido vivir bien, discriminando la pobreza? Porque debiéramos entender que si alguien vive mal, todos viven mal, ya que el desequilibrio de la injusticia social en que vivimos incluye también a los dominadores. ¿Será nuestra hipocresía social la que genera esa violencia, negada por muchos de los que la practican? Aunque creamos que el trabajo es diferencia a favor, el trabajo, si es a gusto es liberador, pero obligado es esclavizador y sobre ello tenemos demasiados ejemplos. Una vida humana no tiene precio. Y con lo que se produce y el avance de la robótica podíamos concretar nuestro derecho a vivir todos dignamente. Y el que piense lo contrario debería atender la pregunta del cacique Indio: ¿De quién es la tierra?
Javier Astigarraga
Plus médico
Entre los tantos problemas que viene arrastrando el Instituto de Previsión y Seguridad Social sobresale el cobro de un plus, que los profesionales de la salud exigen a los afiliados, para prestarles atención médica, que oscila entre los $ 50 y los $ 150. En la edición de LA GACETA del 5/2, la interventora manifestó que en 2013, el IPSS “no recibió ninguna denuncia” por cobro de plus; a su vez, el presidente del Colegio Médico de Tucumán expresó que es una “práctica en desuso”. En LA GACETA del 8/2, el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del IPSS, dio a conocer públicamente un listado de más de 90 denuncias con todos los datos y referencias necesarios y suficientes para ubicar perfectamente a los profesionales, sanatorios, clínicas, etcétera, que lucran nada menos que con la salud del pueblo. Andrés Jaime, en esa oportunidad, también hizo pública la existencia de prestamistas que merodean los sanatorios y las clínicas, y que aprovechan la oportunidad para ofrecer préstamos a intereses inimaginables, a todos aquellos pacientes que no cuentan con dinero para pagar “los derechos de internación”. Todo esto porque existen sanatorios y clínicas que cobran desde $ 1.500 para arriba para internación, y nadie los controla, según lo manifestado por Jaime. Ante todas estas situaciones anómalas, corresponde preguntar a los que conducen el IPSS: 1-Quién será responsable por la muerte de un paciente, afiliado a ese organismo, por no haber sido atendido, o por no haber sido internado porque no se disponía del dinero exigido para el plus. 2- Por qué el IPSS no publica en los medios de difusión, la nómina de los profesionales y de los centros médicos que violan la ley que castiga el cobro del plus. 3- Por qué el IPSS no los suspende por lo menos por seis meses como prestadores de la obra social. 4- Por qué el Colegio Médico y todos los colegios que aglutinan a los demás profesionales de la salud no suspenden la matrícula profesional a los infractores, también por seis meses. El país está sometido a una tremenda presión económica y social, por la inflación descontrolada, y el excesivo aumento de los precios en todas las etapas de la economía, de tal forma que los sectores más vulnerables, como lo son los jubilados afiliados al IPSS, que concurren al menos seis veces por mes al médico, ya están gastando, con plus incluido, la mitad del haber jubilatorio únicamente en consultas. Si el Gobierno quiere ayudar en serio a los que menos tienen, debe tomar medidas drásticas y urgentes sobre el particular.
José Emilio Gómez
Reyes Católicos 112
Banda del Río Salí-Tucumán
Sensación de inseguridad
Convencido de que la crítica debe ir acompañada de ideas, quiero hacer un pequeño aporte para reducir la “sensación de inseguridad”: propongo un estricto control policial a todos los vehículos (motocicletas y automóviles) que circulan sin chapas patentes identificatorias, y su inmediato secuestro para control de número de chasis y motor, y de titularidad. Por otra parte y con igual fin, se debería verificar el cumplimiento de la ley que regula los polarizados de cristales. Tal vez con estas medidas, de muy fácil aplicación, se reducirían parcialmente los motoarrebatos y los robos y asaltos realizados con apoyo motorizado.
Miguel Röhmer-Litzmann
Oposición en la Legislatura
LA GACETA (9/2) publicita las quejas opositoras que intentan explicar su escasa participación en las leyes sancionadas en 2013. Todos ellos callan que el silenciamiento o marginación de la oposición en la Legislatura obedece a las cláusulas de su reglamento interno, el que concede a su presidente (el vicegobernador o quien lo reemplace) facultades omnímodas, como el de confeccionar el orden del día de cada sesión (puede no incluir los DNU que dicte el Gobernador, consagrados como leyes por silencio legislativo o excluir el tratamiento de proyectos legislativos opositores en los plenarios de la Cámara). Integra las distintas comisiones legislativas (la de Hacienda y Presupuesto, vital en temas impositivos, deuda pública y rendición de cuenta de los miles de millones gastados anualmente por el Ejecutivo), fue conformada exclusivamente con legisladores oficialistas, avalado por el no cuestionamiento judicial opositor con esta medida antidemocrática). Ordena y aprueba la administración, inversión y manejo de fondos y recursos asignados a la Legislatura, autorizando las rendiciones de cuentas, presentando el presupuesto legislativo, nombrando y removiendo a los empleados de los legisladores. Los radicales (Romano Norri y Sánchez) reclaman que la Legislatura tenga “agenda propia”, sin denunciar ni cuestionar judicialmente que el art.20 del reglamento legislativo establece que esa agenda la impone el Presidente del cuerpo. Páez (Democracia Cristiana) se queja que sus proyectos no son tratados, sin cuestionar judicialmente este reglamento autoritario ni la ley de administración financiera que permite convalidar, con el silencio legislativo opositor, la “cuenta de inversión” que remite anualmente el Gobernador para su análisis y tratamiento por la Legislatura. Colombres Garmendia (PRO) y Bussi (FR) denuncian que la Legislatura es “un apéndice del Ejecutivo” y que el desequilibrio legislativo es producto del sistema electoral, sin cuestionar judicialmente las normas del Reglamento que posibilitan esta desnaturalización del rol de oficialistas y opositores. Comiencen todos ellos publicitando montos y aplicación de los “gastos sociales” que reciben y comenzaremos a recuperar la confianza perdida.
Luis Iriarte
Déficit de energía
Soy una tucumana de avenida América al 1.300 que desde hace 17 años no puede conseguir que EDET nos preste el servicio por el que pagamos, a pesar de las quejas efectuadas no tan sólo a la empresa, sino al ente regulador. Son demasiados años de espera que, sumado a a la crisis energética, ahora ya es intolerable. No puedo usar una computadora sin un UPS, no tengo agua fresca en mi heladera, un foco que alumbre bien, un ventilador que gire rápido y ni hablar de un aire acondicionado que arranque y enfríe. Sé que muchos dirán “ hay cosas peores” pero yo pienso:¿es justo pagar abultadas facturas de luz durante 17 años y no poder gozar del servicio? Inclusive esta situación la vivo en invierno, por las estufas eléctricas que algunos sí pueden prender. Somos toda una manzana que padece esta situación. ¿Será necesario cortar una calle para ser escuchados? ¿Golpear con fuerza un vidrio de la empresa? No creo, pero EDET: arreglanos por lo menos el transformador que nos alimenta. Y si te quedan ganas y podés, colocá el que falta. Me cansé de la respuesta “ son colas de línea, nada se puede hacer”.
Claudia Apas
Atahualpa Yupanqui
Sin ánimo de polemizar y con alto grado de difusión quiero comentar que el museo Atahualpa Yupanqui, ya inaugurado en 2009, vuelve a ser botín de las elecciones para ver quién hizo más, si el Ente Tucumán Turismo o la Comuna de Acheral, y ver quién lleva más agua a su redil. Qué pena que no se haya llamado a la gente que realmente fuimos amigos de don Ata, el cual es materia de estudio en universidades de Europa y no una nueva improvisación sobre Yupanqui. Al pie de la página web aparece que no se sabe el porqué se cayó el acuerdo de la casona de Belgrano 321. Cuando fui a ver los motivos del abandono, me dijeron que era por falta de presupuesto y que no había a quién dejar allí, salvaguardando las cosas traídas del Cerro Colorado, es decir de la Casa Museo de Córdoba, y de que no podían mantener ya que nadie era responsable del mantenimiento. Quien les comenta esto trajo a la Fundación Atahualpa Yupanqui a través de Roberto Chavero, hijo de don Ata, a Tucumán. Por otro lado, tampoco el material disperso, como dice allí, no fue recogido para tal investigación por las personas mencionadas allí, ya que tengo las películas y el material autografiado por don Ata y más no creo que hayan conocido su personalidad, más que los que los tratamos, tales los hermanos Lucho y Federico Nieva, Pato Gentilini y otros tantos que andamos por allí bregando para que se difunda su obra como corresponde y no como botín de elecciones o lanzamientos eleccionarios. Mañana habrá un 80% de personas que no tienen nada que ver con Yupanqui. Cuando se comenzó con los homenajes, allá por el año 95, participaban músicos de la talla de Pablo Mema, Rubén Cruz, Guillermo Kreibohm, Lucho Nieva, Rumi Cami y Los Pregoneros, entre tantos otros, y se lo hacía con la máxima austeridad, sólo auspiciados por el Colegio de Abogados, la Peña El Cardón -cuando era una institución cultural-, la imprenta del la UNT, y uno que otro que se acercaba con su guitarra a homenajear al Tata. Espero que el botín sirva y no apague la guitarra ni el verso de don Ata cuando decía: “donde siento un chiflido amistoso, ahí me apeo, doy las gracias y pelo la guitarra. Si nada me dicen sigo caminando, que es quizás el signo de mi destino: caminar, caminar siempre...” por suerte hoy apareció el presupuesto. Gracias Yupanqui, porque sigue haciendo obras..
César Ricardo Trejo
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