Por Álvaro José Aurane
14 Septiembre 2013
A una obra que el Gobierno tucumano había declarado oficialmente terminada en junio de 2011, los profesionales del control público le detectaron millonarios trabajos faltantes cuatro meses después. Y no pasó nada. Esa es la conclusión de una pesquisa documental publicada el lunes en LA GACETA. Durante la semana, la investigación periodística reconstruyó lo acontecido con anterioridad y con posterioridad a ese suceso. Cuando se reúnen las piezas, se obtiene un cuadro respecto del cual el Estado debe dar explicaciones. Pero acerca de esa construcción dada por concluida, aunque le faltaban tareas, sólo hay una completa carencia de aclaraciones. "Se nos puede haber escapado algo", minimizó el gobernador. Pero no son focos para iluminar la Casa de Gobierno: se trata del área de emergentología del hospital Padilla. En ese sector vital del principal centro médico del NOA, es donde se dio el caso de la obra terminada que no lo estaba.
¿Cuál es el comienzo? Se sabe ahora que es el decreto 1072/3 del 14 de diciembre de 2007. Con él se aprueba una licitación privada (¿las públicas están prohibidas?) de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de agosto de ese año. Y se adjudica a GAMA SRL la remodelación y ampliación de la guardia y la terapia intensiva del Padilla. El presupuesto: $ 16,6 millones. Además, se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas a invertir hasta $ 3,3 millones en "Adicionales e Imprevistos". Y se habilitan otros $ 830.000 para "Gastos de Inspección". Casi una ironía...
No se trata de una construcción por etapas: "el plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, a partir del 7 de febrero de 2008 al 6 de agosto de 2009", consigna la documentación de la DAU. La obra no estará lista ni ese año. Ni en 2010. Ni en 2011. Y por poco no lo está en 2012. El alperovichismo siempre tuvo problemas con las pautas temporales: este es su tercer mandato, pero escribieron en la Constitución que es el segundo.
Según registra la DAU, fueron otorgadas "diversas ampliaciones de plazos, siendo la última concedida a partir del 30 de agosto de 2010 hasta el 28 de octubre de 2010". Finales de 2010, justamente, es un período central en todo este asunto. Para advertirlo, hay que reparar en el documento más importante de toda esta madeja. El instrumento público que terminará siendo el más inexplicable (y el todavía más inexplicado) de esta historia.
El nudo
El 15 de junio de 2011 fue rubricado el siguiente documento oficial. "Se constituyen en el lugar de emplazamiento de la obra el inspector de obra, arquitecto Roberto Bianchi, en representación de la DAU, quien junto al representante técnico de la empresa GAMA SRL, Jorge Garber, proceden a inspeccionar los trabajos terminados en el marco de la obra 'Remodelación y Ampliación del Hospital Angel C. Padilla Servicios de Emergencias; UTI (Unidad de Terapia Intensiva), Servicios Generales, Circulación'. /Los profesionales mencionados recorren el lugar de emplazamiento de la obra, y comprueban que todos los trabajos fueron ejectados en conformidad con lo convenido y estipulado en el contrato de la obra/ celebrado oportunamente, y /habiendo transcurrido ya más de seis meses desde la firma del Acta de Recepción Provisoria/, es que /se procede a recibir en forma definitiva la obra referida en manos de la empresa ejecutante/, sin que se formule observación".
Esta acta, que dice que todos los trabajos de toda la obra están terminados, es el nudo de esta madeja. Marca el "antes" y el "después" de esta historia.
El antes
Primero hay que ver el "antes". Dice el acta que ha pasado más de medio año desde la Recepción Provisoria. Para que exista tal cosa, antes debe haber un Certificado Final de esa obra. ¿Qué es eso? Un balance de los débitos y los créditos, que se realiza al finalizar la construcción. Durante la realización de los trabajos, han ido pagándose certificados parciales. Entonces, el que contrata suma lo que pagó y lo compara con lo que el contratado demuestra que gastó. Y eso es avalado por un agente del Tribunal de Cuentas. De hecho, el Certificado Final no implica un desembolso: normalmente, la obra ya se pagó para cuando se llegó a esa certificación última.
GAMA SRL tiene Certificado Final. Se lo confirmó Garber a LA GACETA, aunque cuando se le pidió la documentación, él se rehusó. "A la investigación periodística hágala usted", contestó. Ahora bien, sí la constructora tiene la certificación final de los trabajos, y por ende el Gobierno ya pagó y ya verificó, y un contador fiscal ya dio el vistobueno, ¿por qué el Estado firma una Recepción Provisoria? Porque en el corto plazo pueden aparecer "vicios ocultos". En términos legales, vicios redhibitorios. Por eso se fija un plazo (los mencionados seis meses) para constatar que no existan esas fallas o, de haberlas, para que la empresa las subsane. Para esto, cada constructora que encara una obra estatal, al inicio, hace un depósito de garantía o entrega un seguro de caución.
Superado el plazo y las eventuales deficiencias, procede la Recepción Definitiva. ¿Para qué sirve? Obviamente, para liberar el seguro o el depósito de garantía. Y para algo más. Toda constructora que provee al Estado ingresa al Registro de Contratistas, que le asigna a cada firma una capacidad técnica y una capacidad financiera. Cada vez que se le asigna un trabajo público, esas capacidades técnicas y financieras se ven afectadas. Y, si la empresa tiene una obra muy grande, o muchas obras pequeñas, esa capacidad puede verse totalmente ocupada. Lo que también hace la Recepción Definitiva, entonces, es liberar esa afectación y permitir a la firma tomar nuevos contratos.
El después
El 17 de junio de 2011, la DAU emite la Resolución 833/D, que aprueba la Recepción Definitiva de la obra del Padilla. Esa medida se funda en el acta firmada dos días antes. La que dice que todos los trabajos de toda la obra está realizados, conforme al contrato; y que por eso fueron recibidos provisoriamente hace más de medio año, lo que determina que ya fueron pagados.
Luego de inspeccionar todo en septiembre, los ingenieros fiscales emitieron el 11 de octubre un informe cuyo contenido fue revelado el lunes por este diario. "Los trabajos faltantes evaluados en esta instancia ascenderían aproximadamente a $ 2.744.190,87", dice el documento que, al no ser un acuerdo, no se publica en la web del ente de control. Esos faltantes por $ 2,7 millones equivalen al 16% del presupuesto original de la obra, fijado en $ 16,6 millones en diciembre de 2007. Faltan, según este informe, puertas y acondicionadores de aire, mamparas y extractores de aire, 556 m2 de obra y una cisterna de hormigón de 20.000 litros, reemplazada por dos tanques de polietileno.
Una semana después, el 18 de octubre de 2011, los vocales del Tribunal de Cuentas emitieron el Acuerdo 2821, a partir de aquel diagnóstico. Pero en ese documento no se brinda ningún detalle. Sólo dice que "de dicho informe surgen incumplimientos y/o deficiencias del opus".
Este acuerdo de octubre también ordena "Actuaciones Sumarias". Plazo: 60 días. El resultado de ese sumario se desconoce. En la edición del lunes se consignó que nada de él se publica en la web del Tribunal de Cuentas durante 2011 ni (pese a los plazos establecidos) durante 2012. Ni Bianchi ni Miguel Brito (ex director de la DAU que firma la Resolución 833/D de Recepción Definitiva, a partir del acta que dice que la obra que no estaba lista sí se terminó) figuran sancionados.
El 19 de diciembre de 2011, mediante la Resolución 1543/D, Brito deja sin efecto la 833/D del 17 de junio. O sea, el mismo Gobierno que declaró concluida una obra millonaria, seis meses después admite que los trabajos no están terminados porque hay millonarios faltantes.
A continuación, el funcionario firma la 1544/D para encarar la impermeabilización de techos del Padilla. El Tribunal de Cuentas no lo permitirá: en el Acuerdo 153 alerta que esas tareas "son exclusiva responsabilidad y deben ser ejecutados por la empresa". Es 1 de febrero de 2012.
El final
La ampliación y remodelación del Padilla (que inicialmente debía entregarse en 2009) no estuvo terminada cuando comenzó 2012. Lo admitió el propio Garber: dijo que luego de que se detectaron los faltantes (octubre de 2011), en el hospital demoraron unos 60 días en desalojar la Guardia vieja. "Y se terminó con todos los trabajos en cuatro meses". También lo confirmaron los directivos del hospital: ellos dicen que la Guardia vieja fue desalojada a fines de 2010, y precisan que firmaron la recepción de la obra (determina que puede ser habilitada) en diciembre pasado.
Pero que la obra se haya hecho no es el quid de esta cuestión. Se la concretó y en el Padilla lo celebran. Pero un año y medio antes de que en ese hospital se aceptara la remodelación, hubo un instrumento legal que la dio por concluida cuando se hallaba incompleta. El Acta de Recepción Definitiva de junio de 2011 es en sí misma una tentativa de dar por culminado aquello que no lo estaba. Y eso se tradujo en una resolución: la 833/D da todo por finalizado. Son los ingenieros fiscales los que detectaron la falacia. ¿Y si pasaba como con las rampas para discapacitados que los agentes del ente de control no encuentran, pese a que otros agentes del mismo organismo avalaron los expedientes de la DAU que dicen que fueron instaladas?
De acuerdo con la documentación disponible, nadie fue reprendido por este caso. Y, transcurrida una semana, el Ejecutivo tampoco ha brindado explicaciones. ¿Cuánto habrá que esperar para que clarifiquen la situación? ¿Un par de días? ¿Una semana? ¿Tal vez dos? ¿Por qué el silencio general? ¿Buscan algún expediente que se perdió? ¿Se traspapeló una resolución? ¿Cuando se dignen en contestar entonces, de pronto, si aparecerá lo que desde hace una semana no aparece? Si dicen nada, ¿de hacer algo, ni hablar?
Si desde el lunes sólo hay "silencio hospital", entonces debe inspeccionarse otra vez el Padilla. Tal vez, en el sector de pacientes aislados de la terapia intensiva se encuentre internada la transparencia estatal.
¿Cuál es el comienzo? Se sabe ahora que es el decreto 1072/3 del 14 de diciembre de 2007. Con él se aprueba una licitación privada (¿las públicas están prohibidas?) de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de agosto de ese año. Y se adjudica a GAMA SRL la remodelación y ampliación de la guardia y la terapia intensiva del Padilla. El presupuesto: $ 16,6 millones. Además, se autoriza a la Secretaría de Obras Públicas a invertir hasta $ 3,3 millones en "Adicionales e Imprevistos". Y se habilitan otros $ 830.000 para "Gastos de Inspección". Casi una ironía...
No se trata de una construcción por etapas: "el plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, a partir del 7 de febrero de 2008 al 6 de agosto de 2009", consigna la documentación de la DAU. La obra no estará lista ni ese año. Ni en 2010. Ni en 2011. Y por poco no lo está en 2012. El alperovichismo siempre tuvo problemas con las pautas temporales: este es su tercer mandato, pero escribieron en la Constitución que es el segundo.
Según registra la DAU, fueron otorgadas "diversas ampliaciones de plazos, siendo la última concedida a partir del 30 de agosto de 2010 hasta el 28 de octubre de 2010". Finales de 2010, justamente, es un período central en todo este asunto. Para advertirlo, hay que reparar en el documento más importante de toda esta madeja. El instrumento público que terminará siendo el más inexplicable (y el todavía más inexplicado) de esta historia.
El nudo
El 15 de junio de 2011 fue rubricado el siguiente documento oficial. "Se constituyen en el lugar de emplazamiento de la obra el inspector de obra, arquitecto Roberto Bianchi, en representación de la DAU, quien junto al representante técnico de la empresa GAMA SRL, Jorge Garber, proceden a inspeccionar los trabajos terminados en el marco de la obra 'Remodelación y Ampliación del Hospital Angel C. Padilla Servicios de Emergencias; UTI (Unidad de Terapia Intensiva), Servicios Generales, Circulación'. /Los profesionales mencionados recorren el lugar de emplazamiento de la obra, y comprueban que todos los trabajos fueron ejectados en conformidad con lo convenido y estipulado en el contrato de la obra/ celebrado oportunamente, y /habiendo transcurrido ya más de seis meses desde la firma del Acta de Recepción Provisoria/, es que /se procede a recibir en forma definitiva la obra referida en manos de la empresa ejecutante/, sin que se formule observación".
Esta acta, que dice que todos los trabajos de toda la obra están terminados, es el nudo de esta madeja. Marca el "antes" y el "después" de esta historia.
El antes
Primero hay que ver el "antes". Dice el acta que ha pasado más de medio año desde la Recepción Provisoria. Para que exista tal cosa, antes debe haber un Certificado Final de esa obra. ¿Qué es eso? Un balance de los débitos y los créditos, que se realiza al finalizar la construcción. Durante la realización de los trabajos, han ido pagándose certificados parciales. Entonces, el que contrata suma lo que pagó y lo compara con lo que el contratado demuestra que gastó. Y eso es avalado por un agente del Tribunal de Cuentas. De hecho, el Certificado Final no implica un desembolso: normalmente, la obra ya se pagó para cuando se llegó a esa certificación última.
GAMA SRL tiene Certificado Final. Se lo confirmó Garber a LA GACETA, aunque cuando se le pidió la documentación, él se rehusó. "A la investigación periodística hágala usted", contestó. Ahora bien, sí la constructora tiene la certificación final de los trabajos, y por ende el Gobierno ya pagó y ya verificó, y un contador fiscal ya dio el vistobueno, ¿por qué el Estado firma una Recepción Provisoria? Porque en el corto plazo pueden aparecer "vicios ocultos". En términos legales, vicios redhibitorios. Por eso se fija un plazo (los mencionados seis meses) para constatar que no existan esas fallas o, de haberlas, para que la empresa las subsane. Para esto, cada constructora que encara una obra estatal, al inicio, hace un depósito de garantía o entrega un seguro de caución.
Superado el plazo y las eventuales deficiencias, procede la Recepción Definitiva. ¿Para qué sirve? Obviamente, para liberar el seguro o el depósito de garantía. Y para algo más. Toda constructora que provee al Estado ingresa al Registro de Contratistas, que le asigna a cada firma una capacidad técnica y una capacidad financiera. Cada vez que se le asigna un trabajo público, esas capacidades técnicas y financieras se ven afectadas. Y, si la empresa tiene una obra muy grande, o muchas obras pequeñas, esa capacidad puede verse totalmente ocupada. Lo que también hace la Recepción Definitiva, entonces, es liberar esa afectación y permitir a la firma tomar nuevos contratos.
El después
El 17 de junio de 2011, la DAU emite la Resolución 833/D, que aprueba la Recepción Definitiva de la obra del Padilla. Esa medida se funda en el acta firmada dos días antes. La que dice que todos los trabajos de toda la obra está realizados, conforme al contrato; y que por eso fueron recibidos provisoriamente hace más de medio año, lo que determina que ya fueron pagados.
Luego de inspeccionar todo en septiembre, los ingenieros fiscales emitieron el 11 de octubre un informe cuyo contenido fue revelado el lunes por este diario. "Los trabajos faltantes evaluados en esta instancia ascenderían aproximadamente a $ 2.744.190,87", dice el documento que, al no ser un acuerdo, no se publica en la web del ente de control. Esos faltantes por $ 2,7 millones equivalen al 16% del presupuesto original de la obra, fijado en $ 16,6 millones en diciembre de 2007. Faltan, según este informe, puertas y acondicionadores de aire, mamparas y extractores de aire, 556 m2 de obra y una cisterna de hormigón de 20.000 litros, reemplazada por dos tanques de polietileno.
Una semana después, el 18 de octubre de 2011, los vocales del Tribunal de Cuentas emitieron el Acuerdo 2821, a partir de aquel diagnóstico. Pero en ese documento no se brinda ningún detalle. Sólo dice que "de dicho informe surgen incumplimientos y/o deficiencias del opus".
Este acuerdo de octubre también ordena "Actuaciones Sumarias". Plazo: 60 días. El resultado de ese sumario se desconoce. En la edición del lunes se consignó que nada de él se publica en la web del Tribunal de Cuentas durante 2011 ni (pese a los plazos establecidos) durante 2012. Ni Bianchi ni Miguel Brito (ex director de la DAU que firma la Resolución 833/D de Recepción Definitiva, a partir del acta que dice que la obra que no estaba lista sí se terminó) figuran sancionados.
El 19 de diciembre de 2011, mediante la Resolución 1543/D, Brito deja sin efecto la 833/D del 17 de junio. O sea, el mismo Gobierno que declaró concluida una obra millonaria, seis meses después admite que los trabajos no están terminados porque hay millonarios faltantes.
A continuación, el funcionario firma la 1544/D para encarar la impermeabilización de techos del Padilla. El Tribunal de Cuentas no lo permitirá: en el Acuerdo 153 alerta que esas tareas "son exclusiva responsabilidad y deben ser ejecutados por la empresa". Es 1 de febrero de 2012.
El final
La ampliación y remodelación del Padilla (que inicialmente debía entregarse en 2009) no estuvo terminada cuando comenzó 2012. Lo admitió el propio Garber: dijo que luego de que se detectaron los faltantes (octubre de 2011), en el hospital demoraron unos 60 días en desalojar la Guardia vieja. "Y se terminó con todos los trabajos en cuatro meses". También lo confirmaron los directivos del hospital: ellos dicen que la Guardia vieja fue desalojada a fines de 2010, y precisan que firmaron la recepción de la obra (determina que puede ser habilitada) en diciembre pasado.
Pero que la obra se haya hecho no es el quid de esta cuestión. Se la concretó y en el Padilla lo celebran. Pero un año y medio antes de que en ese hospital se aceptara la remodelación, hubo un instrumento legal que la dio por concluida cuando se hallaba incompleta. El Acta de Recepción Definitiva de junio de 2011 es en sí misma una tentativa de dar por culminado aquello que no lo estaba. Y eso se tradujo en una resolución: la 833/D da todo por finalizado. Son los ingenieros fiscales los que detectaron la falacia. ¿Y si pasaba como con las rampas para discapacitados que los agentes del ente de control no encuentran, pese a que otros agentes del mismo organismo avalaron los expedientes de la DAU que dicen que fueron instaladas?
De acuerdo con la documentación disponible, nadie fue reprendido por este caso. Y, transcurrida una semana, el Ejecutivo tampoco ha brindado explicaciones. ¿Cuánto habrá que esperar para que clarifiquen la situación? ¿Un par de días? ¿Una semana? ¿Tal vez dos? ¿Por qué el silencio general? ¿Buscan algún expediente que se perdió? ¿Se traspapeló una resolución? ¿Cuando se dignen en contestar entonces, de pronto, si aparecerá lo que desde hace una semana no aparece? Si dicen nada, ¿de hacer algo, ni hablar?
Si desde el lunes sólo hay "silencio hospital", entonces debe inspeccionarse otra vez el Padilla. Tal vez, en el sector de pacientes aislados de la terapia intensiva se encuentre internada la transparencia estatal.
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