26 Noviembre 2012
Unos 300 vecinos de Lomas de Tafí acudieron al Tribunal de Cuentas (TC) para que frene el aumento en las cuotas que pagan los adjudicatarios de casas otorgadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Hace dos semanas, el interventor del organismo, Gustavo Durán, había anticipado un reajuste de un 22% en las mensualidades de las viviendas. El funcionario explicó que aquellos beneficiarios que afrontan tarifas menores a $ 433 por mes tendrán un incremento de $ 100 en 2013. En tanto, quienes pagan sumas superiores a esa cifra afrontarán una suba que rondará el 22%, según precisó.
De inmediato, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) alzó su voz contra la medida. "Es preocupante que se aumenten las cuotas de las viviendas gestionadas por este organismo. La combinación es un cóctel peligroso: más ingresos para un organismo sin mecanismos de control; desde luego, financiado por el bolsillo de los tucumanos", planteó, en alusión a las normas sancionadas que permiten al Instituto de la Vivienda eludir el proceso de licitación y adjudicar mediante contrataciones directas las obras a su cargo.
La parlamentaria mantuvo asambleas en Lomas de Tafí y, según advirtió, los contratos firmados por los adjudicatarios prevén un reajuste en los valores de las cuotas cada cinco años y nunca por un valor mayor al 20% de incremento. Por eso, dijo, la medida anunciada carece de legalidad. La nota entregada al Tribunal de Cuentas lleva la firma de unos 300 vecinos y busca que los vocales del órgano de control rechacen el expediente administrativo enviado por el Instituto de la Vivienda, disponiendo el reajuste de los valores.
"En base a lo que pude constatar a través de los contratos de compra-venta de algunos vecinos que se acercaron a conversar conmigo, en el caso de Lomas de Tafí los documentos prevén un reajuste cada cinco años, plazo que en ningún caso se encuentra vencido. Por lo tanto, estarían atentando contra los derechos de los propietarios", advirtió Elías de Pérez.
Hace dos semanas, el interventor del organismo, Gustavo Durán, había anticipado un reajuste de un 22% en las mensualidades de las viviendas. El funcionario explicó que aquellos beneficiarios que afrontan tarifas menores a $ 433 por mes tendrán un incremento de $ 100 en 2013. En tanto, quienes pagan sumas superiores a esa cifra afrontarán una suba que rondará el 22%, según precisó.
De inmediato, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) alzó su voz contra la medida. "Es preocupante que se aumenten las cuotas de las viviendas gestionadas por este organismo. La combinación es un cóctel peligroso: más ingresos para un organismo sin mecanismos de control; desde luego, financiado por el bolsillo de los tucumanos", planteó, en alusión a las normas sancionadas que permiten al Instituto de la Vivienda eludir el proceso de licitación y adjudicar mediante contrataciones directas las obras a su cargo.
La parlamentaria mantuvo asambleas en Lomas de Tafí y, según advirtió, los contratos firmados por los adjudicatarios prevén un reajuste en los valores de las cuotas cada cinco años y nunca por un valor mayor al 20% de incremento. Por eso, dijo, la medida anunciada carece de legalidad. La nota entregada al Tribunal de Cuentas lleva la firma de unos 300 vecinos y busca que los vocales del órgano de control rechacen el expediente administrativo enviado por el Instituto de la Vivienda, disponiendo el reajuste de los valores.
"En base a lo que pude constatar a través de los contratos de compra-venta de algunos vecinos que se acercaron a conversar conmigo, en el caso de Lomas de Tafí los documentos prevén un reajuste cada cinco años, plazo que en ningún caso se encuentra vencido. Por lo tanto, estarían atentando contra los derechos de los propietarios", advirtió Elías de Pérez.
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