El sacerdote Ilarraz espera que el juez entrerriano resuelva la prescripción

El abogado Jorge Joaquín Muñoz, patrocinante legal del padre Justo José Ilarraz aseguró ayer que en Entre Ríos, la Justicia debe resolver el pedido de prescripción de la causa. El letrado remarcó que el juez entrerriano, Alejandro Grippo, no puede avanzar en ninguna medida hasta tanto se expida respecto del planteo presentado por Muñoz.

El abogado tucumano había viajado a la ciudad de Paraná, donde se presentaron las denuncias contra el sacerdote que ejerció en Monteros, para efectuar el trámite de fijar domicilio legal del cura y realizar las presentaciones en favor de su defendido. El principal planteo fue el de la prescripción. Ahora la resolución está en manos del juez Grippo.

El padre
Ilarraz está acusado de haber abusado sexualmente de al menos 50 niños cuando estaba al frente del Seminario Menor de Paraná, entre 1984 y 1992. En aquel entonces, la Iglesia lo sometió a un juicio diocesano y luego lo envió al Vaticano (en Roma), donde el sacerdote elaboró un trabajo sobre el futuro de los niños y finalizó la licenciatura en Misionología.

Una publicación
En 1994, el sacerdote fue transferido a la ciudad de Monteros, donde se hizo cargo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Ñuñorco. Ilarraz estuvo allí hasta mediados de septiembre, cuando la revista "Análisis Digital", que dirige el periodista Daniel Enz, sacó a la luz el caso y la justicia entrerriana comenzó a investigarlo. Incluso sospechan que también habría cometido abusos en esta provincia, por lo que se intenta enviar una misión judicial para que investigue los movimientos del cura durante su paso por esa ciudad.

Según la mencionada publicación, el sacerdote tuvo durante un año como colaborador directo a Leonardo Galván, entre 2006 y 2007. El hombre, que hoy tiene 33 años, está preso por abusar de un niño de 12 años y espera el inicio del juicio oral en la cárcel de Concepción. Actualmente son cinco las denuncias que se formularon contra el sacerdote, dos de las cuales fueron peritadas en Roma. Los resultados fueron entregados por el Arzobispo de Entre Ríos Juan Alberto Puiggari al juez Alejandro Grippo.

Mientras tanto, el cura no volvió a aparecer en público desde que estalló el escándalo. Según el abogado Muñoz, el padre Ilarraz sospecha que hay un interés económico detrás del caso. "La situación lo desorbita. Incluso, se escucha que la querella ya puso números. Habría reclamos a la Iglesia de más de 200.000 euros por persona", afirmó. Además, Muñoz insistió en que las denuncias han prescripto. Defendió su planteo en los tribunales entrerrianos y se mostró confiado en obtener una respuesta favorable.