15 Marzo 2012
A un año de haber sido trasladados a la jurisdicción de la Capital, cuatro barrios ubicados al sur de San Miguel de Tucumán exhiben casi los mismos problemas de aislamiento y falta de servicios básicos que los aquejaban, y que fueron, precisamente, el motivo del cambio de jurisdicción. Se trata de los barrios Miguel Lillo I y II, Policial IV y Del Buen Vivir, que antes pertenecían a la comuna de San Felipe y Santa Bárbara.
Se trata de un problema que merece varias reflexiones, puesto que la medida que favoreció a esos vecindarios, que fue motivo de largo debate político, pareció un recurso de fuerte impacto para resolver problemas típicos de las poblaciones ubicadas en la periferia de las circunscripciones administrativas. Para la gente que vive en esos sectores de las ciudades todo es más difícil y más lejos: no hay adecuada recolección de basura, no suelen entrar los ómnibus -lo que obliga a los vecinos a caminar largas cuadras para viajar al trabajo o a la escuela-; las calles no tienen pavimento y no son adecuadamente mantenidas -denuncian que varias son lodazales-; no hay buena atención de salud y tampoco reciben seguridad. En esos sectores suelen conjugarse el aislamiento con la falta de acción de los funcionarios en lo que hace a organización del movimiento normal de los vecindarios. Por ello es frecuente que pasen carritos que tiran basura en cualquier parte y que circulen jardineras o camionetas con altoparlantes ofreciendo desde garrafas y verduras hasta los más diversos productos.
El cambio a la circunscripción capitalina pareció adecuado por muchos motivos. El de la distancia es uno fundamental. Por caso, los barrios están a 15 cuadras de la seccional 9° y a siete kilómetros de la comisaría de San Pablo, de la que dependían antes. Sin embargo, aún el servicio de seguridad deja que desear, según los vecinos, entre otras cosas porque los mismos agentes todavía no se dieron por enterados de que esos barrios han sido añadidos a la ya extensa jurisdicción de la comisaría. Sin embargo, el hecho de que la recolección de residuos dependa de la capital ha significado una pequeña mejora, de acuerdo a los testimonios vecinales.
El gran problema de los barrios periféricos es que los funcionarios y las empresas no saben cómo responder a sus necesidades. Así se ve ahora en el megaemprendimiento Lomas de Tafí, en el que la gente fue a vivir y ahora reclama servicios que las autoridades no han gestionado o cuya habilitación la burocracia ha demorado. En el caso de los barrios del sur capitalino, han ido arrastrando inconvenientes no solucionados cuando fueron inaugurados y que se transformaron en calvarios cotidianos para la gente.
La legisladora que motorizó la ley que cambió la jurisdicción planteó que "el cambio no será de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia", pero esas palabras no han de ser suficientes para pobladores que desde hace años esperan soluciones. Acaso esta debería ser la oportunidad para que los funcionarios busquen la forma correcta de responder las necesidades de la periferia. Eso se logra con un fuerte estímulo a las asociaciones vecinales, con el compromiso de los funcionarios de cumplir con los compromisos contraídos con los vecinos, con mantenimiento de calles y revisión periódica de la prestación de servicios. Si no hay un cambio de actitud y de política, ni aunque se sancionen leyes alcanza para mejorar las cosas. Hay que ponerse en el lugar de los vecinos para entenderlos.
Se trata de un problema que merece varias reflexiones, puesto que la medida que favoreció a esos vecindarios, que fue motivo de largo debate político, pareció un recurso de fuerte impacto para resolver problemas típicos de las poblaciones ubicadas en la periferia de las circunscripciones administrativas. Para la gente que vive en esos sectores de las ciudades todo es más difícil y más lejos: no hay adecuada recolección de basura, no suelen entrar los ómnibus -lo que obliga a los vecinos a caminar largas cuadras para viajar al trabajo o a la escuela-; las calles no tienen pavimento y no son adecuadamente mantenidas -denuncian que varias son lodazales-; no hay buena atención de salud y tampoco reciben seguridad. En esos sectores suelen conjugarse el aislamiento con la falta de acción de los funcionarios en lo que hace a organización del movimiento normal de los vecindarios. Por ello es frecuente que pasen carritos que tiran basura en cualquier parte y que circulen jardineras o camionetas con altoparlantes ofreciendo desde garrafas y verduras hasta los más diversos productos.
El cambio a la circunscripción capitalina pareció adecuado por muchos motivos. El de la distancia es uno fundamental. Por caso, los barrios están a 15 cuadras de la seccional 9° y a siete kilómetros de la comisaría de San Pablo, de la que dependían antes. Sin embargo, aún el servicio de seguridad deja que desear, según los vecinos, entre otras cosas porque los mismos agentes todavía no se dieron por enterados de que esos barrios han sido añadidos a la ya extensa jurisdicción de la comisaría. Sin embargo, el hecho de que la recolección de residuos dependa de la capital ha significado una pequeña mejora, de acuerdo a los testimonios vecinales.
El gran problema de los barrios periféricos es que los funcionarios y las empresas no saben cómo responder a sus necesidades. Así se ve ahora en el megaemprendimiento Lomas de Tafí, en el que la gente fue a vivir y ahora reclama servicios que las autoridades no han gestionado o cuya habilitación la burocracia ha demorado. En el caso de los barrios del sur capitalino, han ido arrastrando inconvenientes no solucionados cuando fueron inaugurados y que se transformaron en calvarios cotidianos para la gente.
La legisladora que motorizó la ley que cambió la jurisdicción planteó que "el cambio no será de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia", pero esas palabras no han de ser suficientes para pobladores que desde hace años esperan soluciones. Acaso esta debería ser la oportunidad para que los funcionarios busquen la forma correcta de responder las necesidades de la periferia. Eso se logra con un fuerte estímulo a las asociaciones vecinales, con el compromiso de los funcionarios de cumplir con los compromisos contraídos con los vecinos, con mantenimiento de calles y revisión periódica de la prestación de servicios. Si no hay un cambio de actitud y de política, ni aunque se sancionen leyes alcanza para mejorar las cosas. Hay que ponerse en el lugar de los vecinos para entenderlos.
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