10 Febrero 2012 Seguir en 
Nada dura para siempre. Ni la desgracia, ni la prosperidad, ni los imperios donde el sol no se pone jamás. Ni siquiera los concursos para cubrir vacantes judiciales paralizados por los Tribunales, como ha quedado de manifiesto este miércoles, cuando el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) dio un paso crítico para desbloquear al primer -y más complejo- proceso de selección que convocó. Un paso esperado desde mediados de 2010: el llamado a entrevista de siete aspirantes a llenar cuatro vocalías de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital.
En términos precisos, la espera se remonta a 2008, cuando las tres salas de ese tribunal se quedaron sólo con dos vocales (Carlos Ibáñez y Augusto Ávila). Así lo recordó la consejera Carolina Vargas Aignasse, legisladora alperovichista y vicepresidenta del CAM, cuya intervención fue decisiva para fijar inmediatamente fecha para la entrevista (tendrá lugar el próximo 29 de febrero) como habían propuesto los representantes de los abogados de la capital, Antonio Bustamante (consejero titular) y Luis Acosta (consejero suplente). "Si justamente por la urgencia (de atender la situación de la Cámara) el CAM optó por concursar primero esos cargos, nosotros tenemos la obligación de dar celeridad (al proceso de selección)", opinó la parlamentaria oficialista.
El argumento quebró las posiciones proclives a esperar los movimientos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que el lunes recibió los planteos de los impugnantes Carlos Arraya (titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación) y de la letrada María Dolores Leone Cervera.
Dichas presentaciones, que hasta el miércoles no habían sido notificadas oficialmente al CAM, pretenden que la Corte anule la ratificación de la corrección de las pruebas escritas por parte del jurado del concurso y de los acuerdos del Consejo que a finales del año pasado volvieron a desestimar las impugnaciones articuladas por ambos concursantes. Mientras tanto, Arraya y Leone Cervera solicitaron al alto tribunal que mantenga la suspensión del proceso de selección que dispuso en junio de 2010, por petición de la concursante María del Pilar Amenábar.
Tesitura unánime
La postura afín a no mover piezas (llamada "de la prudencia") fue defendida por el consejero Ávila (representa al estamento de los magistrados de la capital) y secundada, entre otros, por el legislador radical Federico Romano Norri (consejero por la primera minoría parlamentaria). "(La Cámara) se declaró en emergencia hace tres años? Una semana más o menos no hará la diferencia. Aún cuando comparto la interpretación de Bustamante y Acosta, para evitar cuestiones formales que sigan entorpeciendo un trámite tan engorroso como el de este primer concurso, pienso que en la próxima sesión podemos tomar una decisión (sobre la convocatoria a entrevistas)", aseveró Ávila.
El intercambio de pareceres a favor y en contra de continuar la sustanciación del proceso se encaminó hacia la primera solución cuando Acosta recordó que no había objeciones pendientes de analizar en el ámbito del CAM y el consejero Daniel Posse, presidente del órgano y vocal de la CSJT, avaló ese criterio manifestando que el Consejo estaba arbitrado para avanzar con el llamado a entrevista, última fase del concurso.
"Si nosotros manifestamos dudas, estamos dejando abierta la posibilidad de que (este tema) se siga prolongando", reflexionó el titular del Consejo, cuyo punto de vista terminó de convencer a los que hesitaban y fue avalado por unanimidad (además de los mencionados, participaron de la sesión los consejeros América Nassif -representa a los abogados del sur-, y Enzo Espasa y María Teresa Torres -representantes titular y suplente de los magistrados de Concepción y Monteros-).
De no mediar imprevistos y nuevas órdenes judiciales en contra, el CAM entrevistará en la última sesión de este mes a los seis aspirantes que entre la calificación de los antecedentes y de la oposición sumaron 60 puntos o más (el orden de mérito provisorio está integrado por Edgardo López Herrera -78,5 puntos-; la relatora Laura David -73,25 puntos-; Benjamín Moisá -70,5 puntos-; la camarista María Isabel Bravo -64 puntos-; el juez Ricardo Molina -61,75 puntos- y Jesús Abel Lafuente -61,5 puntos-).
En ese acto, el CAM cumplirá la sentencia del alto tribunal que ordenó entrevistar a la concursante Amenábar (obtuvo sólo 57 puntos) tras declarar de oficio la inconstitucionalidad del requisito del puntaje mínimo para pasar a la tercera fase del proceso de selección. "La orden judicial es incluirla en la entrevista, después veremos qué hacer", comentó al respecto el consejero Bustamante.
Ocurre que, como este concurso se rige por la ley y el reglamento originales, el CAM debe elevar al Poder Ejecutivo una nómina de ocho candidatos. Pero casi con seguridad, aquel listado será más escueto en función del número de candidatos que pasaron a la entrevista y de que algunos de ellos podrían renunciar al proceso de selección (este sería, en principio, el caso de Bravo, que en el ínterin fue designada en la Cámara en lo Civil y Comercial de Común de Concepción). Antes de que la nómina llegue a las manos del gobernador, José Alperovich, (elige discrecionalmente entre los finalistas), debe quedar firme el orden de mérito definitivo. Desde luego, todo lo anterior está condicionado a que la Corte no haga lugar al petitorio de Arraya y Leone Cervera.
En términos precisos, la espera se remonta a 2008, cuando las tres salas de ese tribunal se quedaron sólo con dos vocales (Carlos Ibáñez y Augusto Ávila). Así lo recordó la consejera Carolina Vargas Aignasse, legisladora alperovichista y vicepresidenta del CAM, cuya intervención fue decisiva para fijar inmediatamente fecha para la entrevista (tendrá lugar el próximo 29 de febrero) como habían propuesto los representantes de los abogados de la capital, Antonio Bustamante (consejero titular) y Luis Acosta (consejero suplente). "Si justamente por la urgencia (de atender la situación de la Cámara) el CAM optó por concursar primero esos cargos, nosotros tenemos la obligación de dar celeridad (al proceso de selección)", opinó la parlamentaria oficialista.
El argumento quebró las posiciones proclives a esperar los movimientos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que el lunes recibió los planteos de los impugnantes Carlos Arraya (titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación) y de la letrada María Dolores Leone Cervera.
Dichas presentaciones, que hasta el miércoles no habían sido notificadas oficialmente al CAM, pretenden que la Corte anule la ratificación de la corrección de las pruebas escritas por parte del jurado del concurso y de los acuerdos del Consejo que a finales del año pasado volvieron a desestimar las impugnaciones articuladas por ambos concursantes. Mientras tanto, Arraya y Leone Cervera solicitaron al alto tribunal que mantenga la suspensión del proceso de selección que dispuso en junio de 2010, por petición de la concursante María del Pilar Amenábar.
Tesitura unánime
La postura afín a no mover piezas (llamada "de la prudencia") fue defendida por el consejero Ávila (representa al estamento de los magistrados de la capital) y secundada, entre otros, por el legislador radical Federico Romano Norri (consejero por la primera minoría parlamentaria). "(La Cámara) se declaró en emergencia hace tres años? Una semana más o menos no hará la diferencia. Aún cuando comparto la interpretación de Bustamante y Acosta, para evitar cuestiones formales que sigan entorpeciendo un trámite tan engorroso como el de este primer concurso, pienso que en la próxima sesión podemos tomar una decisión (sobre la convocatoria a entrevistas)", aseveró Ávila.
El intercambio de pareceres a favor y en contra de continuar la sustanciación del proceso se encaminó hacia la primera solución cuando Acosta recordó que no había objeciones pendientes de analizar en el ámbito del CAM y el consejero Daniel Posse, presidente del órgano y vocal de la CSJT, avaló ese criterio manifestando que el Consejo estaba arbitrado para avanzar con el llamado a entrevista, última fase del concurso.
"Si nosotros manifestamos dudas, estamos dejando abierta la posibilidad de que (este tema) se siga prolongando", reflexionó el titular del Consejo, cuyo punto de vista terminó de convencer a los que hesitaban y fue avalado por unanimidad (además de los mencionados, participaron de la sesión los consejeros América Nassif -representa a los abogados del sur-, y Enzo Espasa y María Teresa Torres -representantes titular y suplente de los magistrados de Concepción y Monteros-).
De no mediar imprevistos y nuevas órdenes judiciales en contra, el CAM entrevistará en la última sesión de este mes a los seis aspirantes que entre la calificación de los antecedentes y de la oposición sumaron 60 puntos o más (el orden de mérito provisorio está integrado por Edgardo López Herrera -78,5 puntos-; la relatora Laura David -73,25 puntos-; Benjamín Moisá -70,5 puntos-; la camarista María Isabel Bravo -64 puntos-; el juez Ricardo Molina -61,75 puntos- y Jesús Abel Lafuente -61,5 puntos-).
En ese acto, el CAM cumplirá la sentencia del alto tribunal que ordenó entrevistar a la concursante Amenábar (obtuvo sólo 57 puntos) tras declarar de oficio la inconstitucionalidad del requisito del puntaje mínimo para pasar a la tercera fase del proceso de selección. "La orden judicial es incluirla en la entrevista, después veremos qué hacer", comentó al respecto el consejero Bustamante.
Ocurre que, como este concurso se rige por la ley y el reglamento originales, el CAM debe elevar al Poder Ejecutivo una nómina de ocho candidatos. Pero casi con seguridad, aquel listado será más escueto en función del número de candidatos que pasaron a la entrevista y de que algunos de ellos podrían renunciar al proceso de selección (este sería, en principio, el caso de Bravo, que en el ínterin fue designada en la Cámara en lo Civil y Comercial de Común de Concepción). Antes de que la nómina llegue a las manos del gobernador, José Alperovich, (elige discrecionalmente entre los finalistas), debe quedar firme el orden de mérito definitivo. Desde luego, todo lo anterior está condicionado a que la Corte no haga lugar al petitorio de Arraya y Leone Cervera.
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