30 Enero 2012
CONTROL EXCESIVO. La nueva legislación permitirá el control permanente del contenido que comparten los internautas. CAPTURA DE VIDEO
El entusiasmo duró poco para quienes lucharon en la última y más reciente cruzada anti-censura mundial, liderada por Wikipedia. Las leyes SOPA y PIPA lograron ser congeladas, sin embargo, una nueva "amenaza" podría cumplir con el objetivo de sus antecesores caídos. Se trata de ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) -Acuerdo Comercial Contra la Falsificación, traducido al español-, una legislación internacional que está siendo analizada por la Unión Europea, en conjunto con Japón y Estados Unidos.
Tildada como "extremadamente peligrosa" por internautas y activistas de todo el mundo, la nueva ley no necesitaría ser votada por los parlamentos de cada país. Por el contrario, podrá adherirse voluntariamente cualquier nación, una vez aprobada por quienes la impulsan desde el 2006.
Según se afirma en medios internacionales, ACTA estaría bastante avanzada. Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido, ya habrían firmado el acuerdo. Estados Unidos y México también habrían dado su visto bueno.
La implementación de esta nueva ley comtempla no sólo el monitoreo de contenido audiovisual. Además, podría ser perjudicial, por ejemplo, para medicamentos de menor costo en países en vías de desarrollo. Esto, por considerar que se violan las patentes del producto.
En cuanto a internet, ACTA lo consideraría como un país aparte, ignorando la neutralidad de red de la que goza actualmente. Esto quiere decir que, de aprobarse, la web se adaptaría a las leyes según el territorio, algo muy parecido a lo anunciado por Twitter la semana pasada.
Los castigos para quienes infrinjan la nueva ley sobre la propiedad intelectual irían desde años en cárcel, hasta la desconexión temporal o permanente de la dirección IP infractora, que sólo será posible refutar por medio de la Justicia.
Pero cualquier blog o red social podría ser considerada infractora. Si un bloguero decide reproducir la nota de un medio ajeno, ésta podría ser borrada sin previo aviso a pedido del autor. Asímismo las publicaciones de un enlace en Facebook, Twitter o Tumblr.
Como si fuera poco, todo aquel que posea dispositivos capaces de almacenar contenido audiovisual sería sometido a chequeos permanentes, fuera del ámbito de internet. Un viajero que transporte una notebook, por ejemplo, deberá demostrar que no almacena material protegido por copywright, de lo contrario, estará rompiendo la ley.
Consecuencias para los usuarios
- Solicitará a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) que vigilen las comunicaciones de sus usuarios. Los ISP no tendrán alternativa.
- Obstaculizará la noción de “uso justo” de material protegido por copyright (esto es, los materiales que se distribuyen con fines informativos, como demos, fragmentos de libros o artículos académicos, videos).
- Criminalizará el uso compartido de archivos en línea a través de protocolos P2P (Peer to Peer).
- El almacenamiento de información sería considerado robo, y su transporte sería considerado contrabando. ACTA pretende que la información sea tratada como propiedad privada.
- Limitará el acceso a medicamentos de bajo costo en países en vías de desarrollo.
Tildada como "extremadamente peligrosa" por internautas y activistas de todo el mundo, la nueva ley no necesitaría ser votada por los parlamentos de cada país. Por el contrario, podrá adherirse voluntariamente cualquier nación, una vez aprobada por quienes la impulsan desde el 2006.
Según se afirma en medios internacionales, ACTA estaría bastante avanzada. Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido, ya habrían firmado el acuerdo. Estados Unidos y México también habrían dado su visto bueno.
La implementación de esta nueva ley comtempla no sólo el monitoreo de contenido audiovisual. Además, podría ser perjudicial, por ejemplo, para medicamentos de menor costo en países en vías de desarrollo. Esto, por considerar que se violan las patentes del producto.
En cuanto a internet, ACTA lo consideraría como un país aparte, ignorando la neutralidad de red de la que goza actualmente. Esto quiere decir que, de aprobarse, la web se adaptaría a las leyes según el territorio, algo muy parecido a lo anunciado por Twitter la semana pasada.
Los castigos para quienes infrinjan la nueva ley sobre la propiedad intelectual irían desde años en cárcel, hasta la desconexión temporal o permanente de la dirección IP infractora, que sólo será posible refutar por medio de la Justicia.
Pero cualquier blog o red social podría ser considerada infractora. Si un bloguero decide reproducir la nota de un medio ajeno, ésta podría ser borrada sin previo aviso a pedido del autor. Asímismo las publicaciones de un enlace en Facebook, Twitter o Tumblr.
Como si fuera poco, todo aquel que posea dispositivos capaces de almacenar contenido audiovisual sería sometido a chequeos permanentes, fuera del ámbito de internet. Un viajero que transporte una notebook, por ejemplo, deberá demostrar que no almacena material protegido por copywright, de lo contrario, estará rompiendo la ley.
Consecuencias para los usuarios
- Solicitará a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) que vigilen las comunicaciones de sus usuarios. Los ISP no tendrán alternativa.
- Obstaculizará la noción de “uso justo” de material protegido por copyright (esto es, los materiales que se distribuyen con fines informativos, como demos, fragmentos de libros o artículos académicos, videos).
- Criminalizará el uso compartido de archivos en línea a través de protocolos P2P (Peer to Peer).
- El almacenamiento de información sería considerado robo, y su transporte sería considerado contrabando. ACTA pretende que la información sea tratada como propiedad privada.
- Limitará el acceso a medicamentos de bajo costo en países en vías de desarrollo.
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