Sugieren que en Derecho había un entorno proclive a la irregularidad

La observación alcanza al plantel académico

DESORDEN. Una investigación fustiga la falta de prolijidad de la Facultad. LA GACETA / FOTO DE EZEQUIEL LAZARTE DESORDEN. Una investigación fustiga la falta de prolijidad de la Facultad. LA GACETA / FOTO DE EZEQUIEL LAZARTE
27 Julio 2011
La impunidad creció en terrenos colonizados por la relajación de los procedimientos y la informalidad. Una suma de omisiones y un exceso de permisividad -con su correlato de vacío de control- prepararon el ambiente para la germinación de la maniobra de las calificaciones apócrifas que ha manchado la reputación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Irregularidades y circunstancias revueltas confluyeron en una simbiosis perjudicial para la salud de esta unidad académica, según se desprende del informe que elaboró Ricardo Bascary, director de Sumarios de la UNT e instructor de la investigación que ordenó el rector Juan Alberto Cerisola a comienzos de 2007. Dicho sumario tomó como punto de partida la supuesta discordancia entre notas registradas en el sistema informático y las actas de exámenes denunciada por el decano (José Luis Vázquez) y el vicedecano (Miguel Marcotullio) de Derecho a las autoridades de la UNT y a la Justicia Federal, que lleva adelante su propia investigación penal.

El informe de Bascary asegura que el déficit de rigurosidad burocrática posibilitó el montaje de un sistema para modificar notas y adulterar actas de exámenes: "agentes no docentes (implicados en el escándalo) actuaron con absoluta comodidad y procedieron con la impunidad suficiente como para acercarse a los alumnos de la misma Facultad, a quienes les ofrecían manipular las notas a cambio de dinero o por razones de amistad". Y añade: "los ardides y artificios fueron de tal magnitud que permitieron en algunos casos el otorgamiento de -al menos cinco- títulos".

El análisis de la documentación aportada al sumario (expediente 77/7) confirmó 224 de las 1.114 anomalías denunciadas. Pero, además, la instrucción advirtió otras irregularidades tales como correcciones; sobrescritos; sobreborrados; salvas sin firma; discordancias de notas consignadas en los dos libros de actas; libros con actas en blanco; libros con actas sin firmas de los docentes; notas mal asentadas en los libros de actas; falta de control generalizado en la expedición de títulos y faltantes de folios.

Desaliño docente

"Del cotejo realizado por esta instrucción de los libros de actas surge claramente la informalidad con la que estos fueron llevados desatendiendo inclusive hallazgos y recomendaciones realizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la UNT con anterioridad a la denuncia de los hechos investigados en este sumario", afirma el instructor en la página 38 del informe, presentado en marzo de 2009, y cuyas consideraciones fueron ratificadas en un segundo informe del 6 de diciembre de 2010.

Bascary hace referencia expresa a la nota 213/2006 que la UAI dirigió a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -en la que menciona la defectuosa confección de las actas de exámenes- y a la respectiva respuesta del funcionario Luis Francisco Agüero (no docente sumariado y procesado en la investigación judicial), que aceptó las observaciones y prometió tomar los recaudos correspondientes.

El desaliño advertido en el ámbito de trabajo del personal no docente alcanza asimismo al plantel académico. "(Con excepciones) puede constatarse la falta de afección de docentes de esta Facultad al cumplimiento de las tareas administrativos que involucran la función académica", expresa el informe. Y enumera las siguientes irregularidades: entrega de una sola de las actas de examen llenadas correctamente y la copia en blanco para que sea completada por personal del Departamento Alumnos; entrega de actas incompletas con casilleros en blanco; rectificación de actas de forma anómala (esto es, sin firmar al margen de la nota corregida, y sin la salva y aclaración correspondiente); solicitud de rectificación de notas al personal no docente por vía telefónica y entrega de actas sin firma de los docentes.

"No obstante lo expuesto, esta instrucción es incompetente para analizar las conductas del estamento docente", precisa Bascary, que aconseja la remisión de copias certificadas de las actuaciones al Consejo Superior de la UNT, órgano habilitado para ejercer la potestad disciplinaria mientras no se constituya el Tribunal Universitario.

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