"La materia tributaria, fuera de los derechos humanos"

Los tributos que preocupan a los contribuyentes, en general, son el leitmotiv de la obra del abogado Rodolfo Spisso (Ciudad de Buenos Aires, 1940), que explica la incidencia de la inflación sobre el impuesto a las Ganancias con una devoción más propia de un orfebre que de un asesor letrado. Después de describir ciertas situaciones contradictorias que manifiestan la enorme complejidad del sistema vigente y la ostensible debilidad del ciudadano respecto del fisco, el especialista sorprende con la formulación de una duda: "no entiendo por qué la materia tributaria ha quedado afuera de los derechos humanos".
Arbitrariedades y exacciones improcedentes -difíciles de cuestionar efectivamente por medio de la vía judicial- colocan al contribuyente en una posición de inferioridad reñida con principios jurídicos básicos, según entiende este profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "El Gobierno nacional esgrime todo el tiempo un imperativo de derechos humanos que no incluye el poder del Estado para cobrar impuestos. En muchos casos, esa potestad es ejercida con un desenfreno que no tiene límites", medita Spisso, que esta semana vino a Tucumán a disertar en una jornada de actualización tributaria organizada por el estudio Colombres & Colombres.
Dos cafés y una vista al primaveral parque 9 de Julio amenizan la plática entre el especialista y LA GACETA, aunque el diálogo no es precisamente lisonjero porque el académico está convencido de que al fisco no le interesa la satisfacción del contribuyente. "Solamente pretende que pague y desanima al que cuestiona e inicia una acción de repetición. La discusión sobre la procedencia de cierto impuesto llega hasta el momento en que, para ir a la Justicia, hay que pagar. Esa instancia consuma el daño", expone Spisso, con resignación. Y si los plazos se extienden -prosigue-, la acumulación de intereses agrava todavía más la deuda: "entonces aparecen las moratorias, que se conceden a cambio de renunciar a la repetición. Es decir, el fisco se vale de un sistema injusto para lograr ingresos por tributos improcedentes de acuerdo con la Constitución".

- ¿La evasión es más fácil de combatir que la confiscatoriedad?
- Una doctrina prácticamente centenaria de la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN) establece que el hecho de que varios impuestos recaigan sobre la misma actividad no es de por sí contrario a la Constitución Nacional, siempre y cuando el cúmulo de tributos no sea confiscatorio. El problema más grave es que los impuestos nacionales y provinciales, y también las tasas municipales, individualmente considerados, seguramente no son confiscatorios. Pero sumados todos ellos sí pueden llegar a serlo y no hay vía para cuestionar esa confiscatoriedad global. La declaración de derechos deviene inútil si no hay una acción para reclamarlos. En este caso, asistimos a la simple declamación del derecho de propiedad porque no está prevista la demanda conjunta contra la Nación, la provincia y el municipio, con el agravante de que, para intentar el cuestionamiento, hay que observar el principio del solve et repete (pague y después repita). ¿Pero cómo voy a pagar? ¡Me fundo antes de demandar!

- En la actualidad, los contribuyentes tucumanos se quejan de la presión fiscal que el Gobierno de la Provincia entiende como el simple cumplimiento de la obligación de aplicar la ley.
- Ocurre que el fisco dispone de una serie de herramientas discrecionales que muchas veces se confunden y se transforman en decisiones autoritarias. Los organismos fiscales incluso tienen facultades para estimar de oficio y sobre base presunta los ingresos o ganancias. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si esas presunciones no están avaladas correctamente pueden llegar a determinaciones erróneas. Es claro que el contribuyente a veces contribuye a su propia desgracia porque no lleva la contabilidad de manera adecuada, no tiene los respaldos documentales o incurre en gastos que no puede justificar, pero también es cierto que las exigencias formales tienden a ser más gravosas que el mismo impuesto.

- ¿Como en el caso del monotributo?
- Sí, el monotributista es el que tiene una capacidad económica limitada y, por ello, está encuadrado en un régimen simplificado que sustituye el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el impuesto a las Ganancias, pero los requerimientos de declaraciones juradas y complementos impiden que el contribuyente pueda liquidar sus impuestos por sí mismo: necesita sí o sí un contador o asesor que le facilite el cumplimiento de su obligación tributaria. Como es lógico, el comerciante quiere comerciar y el fabricante quiere fabricar: no pueden vivir en función del fisco. Las complicaciones formales encarecen la tributación, pero, además, generan una gran inestabilidad. Le puedo asegurar que hasta el ciudadano más puntilloso puede ser agarrado en falta por una cuestión formal. Esta característica del sistema afecta, en particular, a los pequeños y medianos contribuyentes, porque los grandes pueden contratar equipos profesionales que los protejan.

- Pero la inflación que el Gobierno se niega a reconocer también genera problemas.
- Afecta y mucho. En el impuesto a las Ganancias, por ejemplo, si una flota de 100 autos adquirida por 100 pesos es vendida por 200, se puede creer que hubo una ganancia del 100%. Pero si para comprar otros 100 autos al día siguiente hacen falta 200 pesos, la realidad es que no existió ninguna ganancia. En un contexto de inflación, el balance impositivo debe practicarse a valores de moneda constante y reflejar el deterioro del valor de la moneda. ¡No se pueden gravar ganancias ficticias! Este problema apareció en 2002, pero ni el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ni el Congreso se han ocupado de arreglarlo. La CSJN ha reconocido la situación en el caso "Candy" y ha reafirmado su posición recientemente al declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, porque, para decirlo con palabras coloquiales, las ganancias no se pueden crear por decreto o ley. Con buen criterio, la Corte ha dicho que esa presunción debe admitir una prueba en contrario.

Peor que nunca
Crisis del federalismo, indignidad y discrecionalidad política convergen en el análisis de la imposibilidad de adoptar un sistema de coparticipación de impuestos, de acuerdo con el punto de vista crítico de Spisso. "Estamos peor que nunca en materia de distribución de ingresos entre la Nación y las provincias", pontifica sin pensarlo dos veces.
El reproche no sólo está dirigido a la inobservancia de la cláusula constitucional transitoria que obliga a sancionar un esquema de coparticipación hasta diciembre de 1996, sino también a la violación de la previsión que impide disminuir en perjuicio de las provincias la participación que estas tenían en los impuestos nacionales al momento de la reforma de 1994. "Todo ello es letra muerta. El PEN, por medio del Congreso, se ha procurado asignaciones específicas en impuestos coparticipables desde 1993 en adelante en desmedro de los derechos de las provincias", apunta el catedrático.

- ¡Pero los gobernadores no reaccionan!
- La Nación no tiene ningún interés en promover el debate de un proyecto de coparticipación porque no quiere perder control sobre las provincias. Y cómo será ese sometimiento que hasta ha alentado el fenómeno de los radicales K, que da a entender que sin la ayuda del Estado Nacional no es posible gobernar.

- El gobernador Alperovich está convencido de que a Tucumán le conviene adoptar el discurso kirchnerista. ¿Le conviene?
- Con la genuflexión se pierde en dignidad y, aunque hipotéticamente sean ciertas las ayudas económicas que declara el gobernador, la provincia podría lograr lo mismo y mucho más sin pasar por la humillación que le impone la Nación con la connivencia de mandatarios provinciales genuflexos de almas encorvadas, como decía (el fallecido dirigente socialista Alfredo) Palacios. Tucumán pierde porque no participa de ninguna discusión de políticas en ningún orden, porque el que levanta la voz, incluso para proponer una buena idea, es inmediatamente disciplinado. Y pese a todas estas razones, las irregularidades subsisten. La Argentina tiene tantos recursos materiales y humanos que parece no terminar de hundirse nunca.