28 Febrero 2010 Seguir en 
El debate sobre la existencia de una situación de guerra interna en la década del 70 ocupa un lugar destacado en las estrategias de acusadores y defensores de militares y policías en el juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El tema fue abordado frecuentemente a lo largo de las dos primeras jornadas del proceso, en particular en los interrogatorios a los testigos, como se evidenció desde la declaración de la primera citada, la abogada especializada en Derecho Militar, Mirtha Mántaras, quien negó la existencia de un estado formal de beligerancia entre grupos armados enfrentados. "La guerrilla fue un pretexto fantástico para concretar un cambio económico y político en el país", explicó.
El abogado de Luciano Benjamín Menéndez, Horacio Guerineau, rechazó esta apreciación, y calificó de ridículos algunos testimonios brindados. "Hay preguntas clave incontestadas, porque estamos frente a testigos falsos, con respuestas prefabricadas. Esto es una payasada", sostuvo.
El defensor se quejó de que no haya ningún juicio iniciado en el país respecto de los muertos por el accionar subversivo, y aseveró que los procesos por derechos humanos responden al accionar del Gobierno contra todo lo que tenga inspiración militar. "Acá existió un proyecto de izquierda reconocido por los propios montoneros, algunos de los cuales están hoy en el poder. ¿Cuál era la finalidad de esta gente que mataba, y no por idealismo? Todos hablaron que era una construcción socialista, una guerra tendiente a un cambio de modelo por parte de los guerrilleros", resaltó.
Ezequiel Avila Gallo (h) recordó, en tanto, que en esa época se vivían años convulsionados, con una gran actividad violenta que incluía movilizaciones, enfrentamientos entre policías y estudiantes y militantes y zonas ocupadas por movimientos políticos en Raco.
El letrado que defiende a Roberto Albornoz consideró que se vivía con normalidad esos episodios. "Existía una guerrilla con objetivos claros: buscaba el enfrentamiento constante, primero contra Alejandro Agustín Lanusse y luego contra Juan Domingo Perón. Todo estaba imbuido con cuestiones internacionales, y lo que se implementó no fue decidido en Campo de Mayo, sino en el Pentágono de los Estados Unidos", señaló.
"No pactar con el peronismo en 1983 fue un error de los militares. El candidato a presidente del PJ, Italo Lúder, era uno de los firmantes del decreto del Operativo Independencia, y Herminio Iglesias integró las AAA. Si hubiesen ganado ellos, no había ningún juicio", dijo.
Datos históricos
El querellante Bernardo Lobo Bugeau, en tanto, avaló los dichos por Mántaras: "su afirmación de que la guerra fue la excusa encuentra asidero histórico en la directiva 1/75 del Consejo de Defensa Nacional de octubre de 1975, que priorizaba la propiedad privada y las riquezas por encima de los seres humanos".
"En los primeros años de la dictadura, se aplicaron políticas económicas monetaristas y recesivas, aumentó el gasto militar y la deuda pública externa creció de U$S 6.000 millones a U$S 55.000 en 1983, mientras que en ese año el 32,7% de los argentinos tenían necesidades básicas insatisfechas, 20 puntos más que antes del proceso, con un 16,8% de desocupación. Se nos empobreció", señaló.
"En el país no existió ninguna guerra. La hipótesis de las defensas de los represores para justificar las atrocidades que se cometieron no resiste análisis jurídico alguno. El golpe de Estado fue cívico militar; pretendió, y lamentablemente logró, instalar un plan diseñado en función de los intereses de los represores y del poder económico civil que los sustentó, e implementó un plan sistemático de represión", afirmó el querellante Emilio Guagnini.
El acusador aclaró que las convenciones internacionales establecen que no podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura o de la desaparición forzada de personas.
"Se pretendió eliminar a toda persona o grupo que se oponía al régimen, lo que se llama genocidio. Todavía hay gente capaz de justificar estas aberraciones, pero cada vez son menos", sostuvo.
El tema fue abordado frecuentemente a lo largo de las dos primeras jornadas del proceso, en particular en los interrogatorios a los testigos, como se evidenció desde la declaración de la primera citada, la abogada especializada en Derecho Militar, Mirtha Mántaras, quien negó la existencia de un estado formal de beligerancia entre grupos armados enfrentados. "La guerrilla fue un pretexto fantástico para concretar un cambio económico y político en el país", explicó.
El abogado de Luciano Benjamín Menéndez, Horacio Guerineau, rechazó esta apreciación, y calificó de ridículos algunos testimonios brindados. "Hay preguntas clave incontestadas, porque estamos frente a testigos falsos, con respuestas prefabricadas. Esto es una payasada", sostuvo.
El defensor se quejó de que no haya ningún juicio iniciado en el país respecto de los muertos por el accionar subversivo, y aseveró que los procesos por derechos humanos responden al accionar del Gobierno contra todo lo que tenga inspiración militar. "Acá existió un proyecto de izquierda reconocido por los propios montoneros, algunos de los cuales están hoy en el poder. ¿Cuál era la finalidad de esta gente que mataba, y no por idealismo? Todos hablaron que era una construcción socialista, una guerra tendiente a un cambio de modelo por parte de los guerrilleros", resaltó.
Ezequiel Avila Gallo (h) recordó, en tanto, que en esa época se vivían años convulsionados, con una gran actividad violenta que incluía movilizaciones, enfrentamientos entre policías y estudiantes y militantes y zonas ocupadas por movimientos políticos en Raco.
El letrado que defiende a Roberto Albornoz consideró que se vivía con normalidad esos episodios. "Existía una guerrilla con objetivos claros: buscaba el enfrentamiento constante, primero contra Alejandro Agustín Lanusse y luego contra Juan Domingo Perón. Todo estaba imbuido con cuestiones internacionales, y lo que se implementó no fue decidido en Campo de Mayo, sino en el Pentágono de los Estados Unidos", señaló.
"No pactar con el peronismo en 1983 fue un error de los militares. El candidato a presidente del PJ, Italo Lúder, era uno de los firmantes del decreto del Operativo Independencia, y Herminio Iglesias integró las AAA. Si hubiesen ganado ellos, no había ningún juicio", dijo.
Datos históricos
El querellante Bernardo Lobo Bugeau, en tanto, avaló los dichos por Mántaras: "su afirmación de que la guerra fue la excusa encuentra asidero histórico en la directiva 1/75 del Consejo de Defensa Nacional de octubre de 1975, que priorizaba la propiedad privada y las riquezas por encima de los seres humanos".
"En los primeros años de la dictadura, se aplicaron políticas económicas monetaristas y recesivas, aumentó el gasto militar y la deuda pública externa creció de U$S 6.000 millones a U$S 55.000 en 1983, mientras que en ese año el 32,7% de los argentinos tenían necesidades básicas insatisfechas, 20 puntos más que antes del proceso, con un 16,8% de desocupación. Se nos empobreció", señaló.
"En el país no existió ninguna guerra. La hipótesis de las defensas de los represores para justificar las atrocidades que se cometieron no resiste análisis jurídico alguno. El golpe de Estado fue cívico militar; pretendió, y lamentablemente logró, instalar un plan diseñado en función de los intereses de los represores y del poder económico civil que los sustentó, e implementó un plan sistemático de represión", afirmó el querellante Emilio Guagnini.
El acusador aclaró que las convenciones internacionales establecen que no podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura o de la desaparición forzada de personas.
"Se pretendió eliminar a toda persona o grupo que se oponía al régimen, lo que se llama genocidio. Todavía hay gente capaz de justificar estas aberraciones, pero cada vez son menos", sostuvo.
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