08 Enero 2010
BUENOS AIRES.- Constitucionalistas salieron a calificar de nuevo atropello al decreto del Gobierno nacional que echa a Martín Redrado del a jefatura del Banco Central.
El abogado Félix Loñ dijo que el tema es sumamente delicado desde el punto de vista institucional. "Evidentemente, (la Presidenta) se expone al juicio político porque no se justifica el dictado del DNU inicial, en el que se dispuso de las reservas del Central para el pago de la deuda", afirmó el abogado. El constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que es de dudosa validez el decreto que ordena remover a Redrado, pero a la vez sostuvo que sería un escándalo innecesario si el funcionario se niega a abandonar su cargo. "A los derechos hay que hacerlos valer por vía judicial; (Redrado) debe retirarse del banco y no esperar que a se requiera el auxilio por la policía", aseguró.
Badeni sostuvo que ahora la posibilidad de cuestionar la validez del decreto está, pero la que debe decidir es la Justicia. Afirmó que el mismo Redrado puede cuestionar la validez del DNU porque tiene mandato hasta septiembre; puede hacerlo la comisión bicameral del Congreso o una ONG que esté interesada en resguardar las instituciones democráticas.
El ex camarista y actual diputado nacional radical Ricardo Gil Lavedra dijo que el asunto le parece un retroceso institucional terrible. "Hay una ley que le da estabilidad a determinados funcionarios para estar preservados del abuso de poder y la misma Presidenta firma un decreto para sacarle esa estabilidad", sostuvo Gil Lavedra. "Es patético el abandono de todas las reglas del Estado de Derecho", acotó.
El constitucionalista Daniel Sabsay aseguró: "esto es una locura, una esquizofrenia, porque cumplir con el primer decreto hubiera sido incumplir con la carta orgánica del BCRA, pero ahora que no lo cumplió lo acusan de incumplimiento de los deberes". Sabsay insistió en resaltar la inconstitucionalidad de los dos decretos y señaló que en ninguno se dieron las circunstancias excepcionales para no dar intervención al Congreso. Dijo que las autoridades del BCRA sólo podrían ser removidas si se comprueba alguna irregularidad tras ser sometidas a una suerte de juicio político donde se corrobore un mal desempeño o algún incumplimiento grave, pero no por no haber llevado adelante una orden presidencial ya de por sí cuestionada.
En cambio, el abogado Eduardo Barcesat avaló la medida y afirmó que el DNU es constitucional, porque es la facultad que tiene la Presidenta de remover a un funcionario por mal desempeño o incumplimiento de sus funciones.
También tildó de extravagante el requisito de la carta orgánica que dice que para la remoción se requiere el consejo de una comisión formada por el presidente del Senado y los de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Finanzas del Senado y de Diputados: "ese consejo no es vinculante y entonces es un trámite formal y ocioso", dijo. (DyN)
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