30 Octubre 2009
A pesar del anuncio de ayer, de la implementación de una asignación universal por hijo de $ 180 para menores de 18 años, hace solamente un mes y medio, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se negó a avalar, en medio de un debate social por la pobreza, un programa universal para la lucha contra ese flagelo.
"Es bueno dar los debates que nos merecemos, pero como administradora y titular del Poder Ejecutivo tengo el deber de administrar y establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro", había asegurado el 14 de agosto pasado, cuando lanzó un plan de cooperativas, según reseñó el diario La Nación, en su edición on line.
En ese momento, según el informe, la primera mandataria nacional explicó cuánto dinero saldría de las arcas públicas si las asignaciones fueran de entre $ 135 y $ 250. Enseguida aclaró que todas esas opciones se encontraban en análisis. Pero reiteró el pedido de que el Congreso llevara a cabo un abordaje serio del tema.
Como es habitual, la Presidenta defendió la intervención del Estado, pero ensayó un límite. "El Estado no está para regalar cosas. Te las tenés que ganar igual. Pero el Estado tiene la obligación de dar las oportunidades", dijo.
En ese contexto, la mandataria había anunciado un plan para impulsar la creación de cooperativas sociales en todo el país, que suponía una inversión de $ 9000 millones. Y en el mediano plazo, según la información gubernamental, se crearían, por lo menos, alrededor de 100.000 puestos de trabajo.
El programa se desarrollaría en etapas. La Casa de Gobierno buscaba involucrar a gobernadores e intendentes (sobre todo del conurbano) para satisfacer con cada cooperativa demandas distritales.
También pretendía que las universidades nacionales participaran en la selección de los eventuales trabajadores y en la capacitación cooperativista. El Estado nacional financiaría cada estructura, los materiales para las obras y los salarios. Cada socio deberá anotarse como monotributista social y cobrará el sueldo mínimo (en la actualidad es de $ 1.400).
"Es bueno dar los debates que nos merecemos, pero como administradora y titular del Poder Ejecutivo tengo el deber de administrar y establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro", había asegurado el 14 de agosto pasado, cuando lanzó un plan de cooperativas, según reseñó el diario La Nación, en su edición on line.
En ese momento, según el informe, la primera mandataria nacional explicó cuánto dinero saldría de las arcas públicas si las asignaciones fueran de entre $ 135 y $ 250. Enseguida aclaró que todas esas opciones se encontraban en análisis. Pero reiteró el pedido de que el Congreso llevara a cabo un abordaje serio del tema.
Como es habitual, la Presidenta defendió la intervención del Estado, pero ensayó un límite. "El Estado no está para regalar cosas. Te las tenés que ganar igual. Pero el Estado tiene la obligación de dar las oportunidades", dijo.
En ese contexto, la mandataria había anunciado un plan para impulsar la creación de cooperativas sociales en todo el país, que suponía una inversión de $ 9000 millones. Y en el mediano plazo, según la información gubernamental, se crearían, por lo menos, alrededor de 100.000 puestos de trabajo.
El programa se desarrollaría en etapas. La Casa de Gobierno buscaba involucrar a gobernadores e intendentes (sobre todo del conurbano) para satisfacer con cada cooperativa demandas distritales.
También pretendía que las universidades nacionales participaran en la selección de los eventuales trabajadores y en la capacitación cooperativista. El Estado nacional financiaría cada estructura, los materiales para las obras y los salarios. Cada socio deberá anotarse como monotributista social y cobrará el sueldo mínimo (en la actualidad es de $ 1.400).
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