21 Octubre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Los legisladores de la oposición porteña convocaron para hoy a las 15 a una sesión especial para interpelar al ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro y de Educación, Mario Narodowski, a raíz de las escuchas telefónicas a miembros de familiares de víctimas de la AMIA.
"Consideramos que es altamente grave la situación institucional que está transcurriendo el Gobierno de la Ciudad", aseguró la legisladora Silvia Laruffa durante una conferencia de prensa. A las voces críticas se sumó el legislador electo Francisco Nenna, quien aseveró que los ministros macristas Montenegro y Narodowski deberían renunciar por vergüenza.
Por su lado, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó ayer categóricamente que vaya a renunciar como consecuencia de las escuchas ilegales realizadas por el ex policía federal Ciro James, luego de admitir que este trabajaba en el Ministerio de Educación del Gobierno porteño.
"No tengo ningún motivo para renunciar, todo lo contrario", aseguró Montenegro en una conferencia de prensa en la que consideró que existe una serie de intereses políticos o económicos para tratar de que no se ponga en marcha la Policía Metropolitana.
James está acusado por el juez Norberto Oyarbide de realizar escuchas telefónicas ilegales, y por eso ordenó ayer el allanamiento allanó de las dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, a raíz de una causa en la que se investiga la actividad de espionaje de James, contratado por el Gobierno de Mauricio Macri.
El allanamiento se realizó luego de que Oyarbide comprobó que James había realizado llamados telefónicos desde el Ministerio ubicado en el barrio de Barracas. El lunes el juez había dispuesto idéntico procedimiento en dependencias comunales y en agencias de seguridad vinculadas con el ex comisario Jorge "El Fino" Palacios.
El juez hará llegar el material recolectado a la Policía Federal, cuyos especialistas analizarán los discos rígidos de las computadoras, con el fin de dar con los correos electrónicos enviados y recibidos y entrecruzar información.
En la causa, el abogado y ex policía James, actualmente detenido, está acusado de haber ordenado la intervención de los teléfonos de Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y del empresario Carlos Avila. Esas escuchas habían sido dispuestas por la Justicia de Misiones, a principio de año la de Avila, y en agosto la de Burstein, por datos falsos que brindó James.
Al mismo tiempo, se intenta determinar la relación de James con el ex comisario Palacios, quien había sido objeto de distintos cuestionamientos cuando desde el macrismo se lo propuso para ser el jefe de la Policía Metropolitana, lo que finalmente fracasó.
Por su lado, la legisladora Diana Maffía consideró que el hecho de que el Estado "utilice los recursos del monopolio de la fuerza para establecer sistemas de espionaje y amedrentamiento lo constituye en terrorista", al referirse al caso de las escuchas ilegales que investiga la Justicia. (DyN-Télam)
"Consideramos que es altamente grave la situación institucional que está transcurriendo el Gobierno de la Ciudad", aseguró la legisladora Silvia Laruffa durante una conferencia de prensa. A las voces críticas se sumó el legislador electo Francisco Nenna, quien aseveró que los ministros macristas Montenegro y Narodowski deberían renunciar por vergüenza.
Por su lado, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó ayer categóricamente que vaya a renunciar como consecuencia de las escuchas ilegales realizadas por el ex policía federal Ciro James, luego de admitir que este trabajaba en el Ministerio de Educación del Gobierno porteño.
"No tengo ningún motivo para renunciar, todo lo contrario", aseguró Montenegro en una conferencia de prensa en la que consideró que existe una serie de intereses políticos o económicos para tratar de que no se ponga en marcha la Policía Metropolitana.
James está acusado por el juez Norberto Oyarbide de realizar escuchas telefónicas ilegales, y por eso ordenó ayer el allanamiento allanó de las dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, a raíz de una causa en la que se investiga la actividad de espionaje de James, contratado por el Gobierno de Mauricio Macri.
El allanamiento se realizó luego de que Oyarbide comprobó que James había realizado llamados telefónicos desde el Ministerio ubicado en el barrio de Barracas. El lunes el juez había dispuesto idéntico procedimiento en dependencias comunales y en agencias de seguridad vinculadas con el ex comisario Jorge "El Fino" Palacios.
El juez hará llegar el material recolectado a la Policía Federal, cuyos especialistas analizarán los discos rígidos de las computadoras, con el fin de dar con los correos electrónicos enviados y recibidos y entrecruzar información.
En la causa, el abogado y ex policía James, actualmente detenido, está acusado de haber ordenado la intervención de los teléfonos de Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y del empresario Carlos Avila. Esas escuchas habían sido dispuestas por la Justicia de Misiones, a principio de año la de Avila, y en agosto la de Burstein, por datos falsos que brindó James.
Al mismo tiempo, se intenta determinar la relación de James con el ex comisario Palacios, quien había sido objeto de distintos cuestionamientos cuando desde el macrismo se lo propuso para ser el jefe de la Policía Metropolitana, lo que finalmente fracasó.
Por su lado, la legisladora Diana Maffía consideró que el hecho de que el Estado "utilice los recursos del monopolio de la fuerza para establecer sistemas de espionaje y amedrentamiento lo constituye en terrorista", al referirse al caso de las escuchas ilegales que investiga la Justicia. (DyN-Télam)







