BUENOS AIRES.- La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, refutó a los ministros de la Corte Suprema que exigen más presupuesto, personal y jueces, con un discurso en el cual denunció que la Justicia comete errores y horrores, reclamó al Tribunal que cumpla su rol y, además, criticó a los medios de comunicación por la forma en que tratan la inseguridad.
Al mismo tiempo, admitió; “comparto totalmente con los jueces de la Corte que la inclusión social y la mejor calidad de vida de la sociedad también generan una mayor seguridad para todos los argentinos”. La Presidenta también expresó su oposición a la pena de muerte.
Cristina replicó las críticas que realizaron algunos miembros de la Corte sobre la situación de la Justicia, especialmente de parte de la ministra Carmen Argibay, que aseguró que faltan muchos medios en los tribunales para acelerar los juicios. “Los argentinos necesitamos Justicia a secas”, afirmó, y consideró que no tiene sentido la dicotomía entre Justicia ’garantista’ y Justicia de ’mano dura’. En ese sentido, la Presidenta expresó: “esa medida extrema (la pena de muerte) no es una solución para nada”. Y también criticó a la prensa: “me gustaría que las noticias se publicaran completas y se dijera que, además de criticar al Gobierno, (Argibay) criticó también, por ejemplo, a los medios de comunicación por el tratamiento que hacen de la inseguridad y cómo contribuyen a generar temor en la sociedad”.
El constitucionalista Daniel Sabsay opinó que no corresponde que la Presidenta, de manera tan frecuente, opine sobre lo que hace la Justicia, y consideró penoso el enfrentamiento entre los titulares de los poderes de la República. Por su parte, el jefe del bloque de Diputados “K”, Agustín Rossi, le aconsejó a la Corte que tenga una mirada más crítica del poder que conducen. Mientras que la diputada oficialista, Diana Conti, consideró que “Argibay debería callarse y trabajar con ahínco para su pueblo”.
En tanto, la Cámara Nacional de Casación Penal requirió a todos los tribunales orales en lo criminal federal del país que le informen cuántas causas tienen en trámite, qué porcentaje corresponde a violaciones a los derechos humanos y si tienen o no detenidos.
La requisitoria apunta a contar con un cuadro de situación, a fin de acelerar el trámite de aquellos expedientes donde se investigan violaciones a los derechos humanos. (DyN-Télam)