Insistió en su inocencia a la vez que acusó, con nombre y apellido, a quienes consideraba que estaban detrás de su imputación: la camarista federal Alicia Noli y la abogada de organismos de Derechos Humanos Laura Figueroa. Sin signos de nerviosismo, dijo que detrás de muchas denuncias por crímenes contra la humanidad se escondían intereses económicos. “Cobran $ 250.000 por cada preso por los desaparecidos”. Incluso dijo que tenía datos certeros de este accionar. “Sé de un tipo que se murió pescando, y lo hicieron aparecer como que lo habían desaparecido los militares, y cobraron”, afirmó.

“Necesitan presos”
¿Por qué supone que lo incriminaron?, le preguntó LA GACETA. “Porque ellos necesitan presos, y a mí saben dónde encontrarme”, sugirió. Luego se dirigió virtualmente al juez federal subrogante Daniel Bejas, quien había ordenado su captura, y le pidió que investigara. “Que vaya a la zona de los hechos, ahí todos se conocen; ellos le van a decir. Pasa que cuando hubo gente que cobró, y empezó a comprar tractores y máquinas nuevas, muchos se avivaron”, arremetió.
No faltó, por supuesto, el repaso de su época al frente de la Policía de Tucumán. En la rememoración sembró la sospecha de que, con su accionar, había frustrado oscuros negociados a altos funcionarios del Gobierno de José Domato. “Yo no andaba con chiquitas; y cuando empecé a meterme en el tema del tráfico de drogas, y di muestras de que no me importaba entrar a la mismísima Colombia, me sacaron esa jurisdicción”, manifestó, sin entrar en detalles.
Pero no dejó en ningún momento de apuntar contra las letradas. “Las hago responsables de lo que me pase a mí o a mi familia, porque no tengo problemas cuando me quieren ensuciar a mí, pero no tienen derecho a hacer pasar a mi familia por esto”, protestó.