A Bussi le harán otro estudio de salud

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ratificó que corresponde que miembros del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinen si el ex gobernador Antonio Bussi se encuentra en condiciones mentales de hacer frente -en el carácter de imputado- al primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Tucumán durante la dictadura militar. La medida implica un duro revés para la defensa del militar retirado. El proceso es por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse.
La defensora pública oficial subrogante ante el tribunal, Amalina Assaf, había interpuesto un recurso contra la resolución por la que se dispuso la intervención de los forenses de la Corte. Argumentó que el tribunal, sin fundamento científico, había dejado de lado la opinión de la junta (de seis profesionales de la salud tucumanos), que concluyó que Bussi no pude entender plenamente las consecuencias jurídicas de sus actos.
No obstante, los vocales Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (Gabriel Casas está de licencia) fueron contundentes en que las premisas en las que se basó el informe resultan contradictorias. Esgrimieron que resultaba prudente acceder al pedido del fiscal general ante el tribunal, Alfredo Terraf, quien solicitó la actuación de los forenses de la Corte. Aclararon que la determinación de si una persona es imputable o inimputable penalmente no es función de los peritos. “El juez debe determinarla a través de un proceso de razonamiento y de sana crítica. Si ello es así, al advertir en el informe contradicciones, que sin duda alguna obstaculizan su comprensión, no puede considerarse antojadizo, ni menos aún afectatorio de derechos, el recurrir a otro informe que eche luz a los nebulosos fundamentos en que se apoyaría la conclusión pericial practicada, que se extralimitaría en las conclusiones”, añadieron.
El otro imputado en la causa es Luciano Benjamín Menéndez.