“Yo tengo que buscar las cosas que nos unan a los tucumanos, y no las que nos desunan”. Con esa frase, el gobernador José Alperovich justificó la decisión de derogar la polémica Ley 7.990, por la que en diciembre se desafectaron del sistema de patrimonio a seis inmuebles históricos, entre ellos el de la Dirección de Rentas (San Martín y Maipú).
Tras el guiño de la Casa de Gobierno, en la Legislatura ya se comenzó a elaborar el texto de la norma que se aprobará en la sesión del viernes. El proyecto llevará formalmente la firma del vicegobernador, Juan Manzur.
“A partir de la nueva norma, todo quedará como estaba entonces, nada se va a vender. Si estos temas nos desunían, había que eliminarlos”, insistió el mandatario provincial en declaraciones a LA GACETA.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo le pone punto final a una polémica que llevaba 83 días y que motivó la concreción de 12 marchas de ciudadanos, referentes empresariales y dirigentes políticos opositores alrededor de la plaza Independencia.
La ley que será derogada esta semana fue sancionada por el oficialismo parlamentario el 20 de diciembre. Mediante ese texto fueron desafectados inmuebles de la Ley 7.535, que establecía un sistema de protección del patrimonio.
Los inmuebles desafectados son seis: el del Siprosa (Mendoza y Rivadavia), la ex sede de la Dirección de Comercio (San Martín 730), la palya de estacionamiento de 24 de Septiembre 570, la sede de las Juntas de Clasificación Docente (Córdoba 759/765) y la manzana de Sarmiento al 800 (Secretaría de Educación), además de la actual sede de Rentas.
“No estamos vivendo momentos en los que se deba discutir. Por el contrario, es el momento de sumar para toda la sociedad”, aseveró el gobernador. En efecto, el mandatario provincial hizo alusión a la docena de manifestaciones que se concretaron en señal de protesta y en reclamo de una política oficial de resguardo para los inmuebles centenarios.
El proyecto que impulsará el oficialismo legislativo se suma a los dos que ya fueron presentados por referentes políticos de la oposición. La primera iniciativa tendiente a lograr la derogación de la Ley 7.990 lleva la firma de los hermanos Luis José y Ricardo Bussi (FR). En idéntica sintonía se pronunció el radical José Manuel Cano. Paralelamente, el diputado nacional de la UCR, José Ignacio García Hamilton, elevó un proyecto de resolución en el Congreso a los efectos de lograr la intermediación de la Nación en el conflicto local.
También la UNT, la Unsta y la UTN habían expresado, a través de sus representantes en la Comisión Provincial de Patrimonio, su posición en favor de la protección de inmuebles históricos. A medida que la protesta creció, el Gobierno abrió una ronda de diálogo con los referentes de las manifestaciones por intermedio del fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres. Pero ayer, fue el propio titular del PE quien anticipó que serán protegidos los edificios centenarios de esta capital.

1- El 20 de diciembre de 2007, por mayoría, la Legislatura aprobó la Ley 7.990, que liberó del sistema de tutela estatal a seis inmuebles históricos.
2- Un día después, un grupo de ciudadanos y referentes de entidades intermedias realizaron una protesta en la plaza Independencia en contra de la decisión oficial.
3- El 4 de enero se presentó ante la Justicia una acción de amparo colectivo. Fue rubricada por la Junta de Estudios Históricos y por el Colegio de Arquitectos.
4- El 11 de enero, por pedido del Gobierno, renunció la directora de Patrimonio Cultural, Jorgelina García Azcárate. Esta se opuso a la venta de los inmuebles.
5- También renunciaron al Ente Cultural la directora de Letras y Pensamiento Crítico, María Blanca Nuri, y el director de Teatro del organismo, Pablo Parolo.
6- En la última semana de febrero, el PE abrió una instancia de diálogo. Tras la duodécima marcha, el gobernador anuncia la derogación de la Ley 7.990.