La política, esa gran tentación del jurista

Análisis. Por Carlos Páez de la Torre - Redacción LA GACETA.

28 Ago 2007
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De acuerdo con cierta afirmación común -y un tanto sarcástica- la profesión de abogado sería una de las que más habilitan para la función pública. Basta comprobar, a lo largo de la historia argentina, la inmensa cantidad de graduados en Derecho que han ocupado la presidencia de la Nación, las gobernaciones y todos los cargos electivos del Congreso y de las legislaturas.
Esta habilitación del letrado como apto favorito para el cargo público, en lo que a nuestra provincia respecta, tiene algún caso emblemático. Al formalizarse aquella efímera "República de Tucumán", en 1820, su "presidente", coronel Bernabé Aráoz, designó ministro al ex congresal de la Independencia, el abogado José Mariano Serrano. En el nombramiento, hacía la aclaración de que para desempeñar el cargo se requería ser "profesor de Derecho", recuerda Juan B. Terán. Los ministros de esa época eran siempre abogados, y su cargo tenía algo de técnico y sacerdotal, comenta Terán. Por eso, y como los abogados escaseaban, el gobernador que asumía tras deponer a otro, solía usar los servicios del ministro del derrocado. Para el ministro, la revolución pasaba "como el trámite de un expediente, contagiado un poco de la enfática `eternidad` de sus `principios de justicia".
No ha sido frecuente que un magistrado judicial deje su cargo para pasar a la política. Algunos casos saltan a la vista, en una mirada rápida a la historia tucumana.
En 1823, época de anarquía, el doctor Nicolás Laguna, reputado jurisconsulto, era juez de Alzadas. A pesar de su negativa, la Sala de Representantes procedió en 1823 a designarlo gobernador de Tucumán. En 1860, el doctor Agustín Justo de la Vega, ex gobernador, dejó su cargo de miembro del Tribunal de Justicia de Tucumán, para ser senador nacional: tras la senaduría, fue nuestro primer juez federal.
El doctor Próspero García, luego de desempeñarse como juez federal en Santiago del Estero de 1863 a 1869, se retiró a la vida privada. De allí lo sacaron en 1890, para elegirlo gobernador de Tucumán. El doctor José Antonio Olmos fue ministro fiscal y vocal del Superior Tribunal de Justicia entre 1894 y 1904: este último año abandonó la magistratura para ser elegido gobernador de la Provincia.
A veces, la función judicial constituía sólo un intervalo. El doctor Próspero Mena, tras haber sido gobernador de 1898 a 1901, inició una carrera judicial que lo llevó sucesivamente a juez de primera Instancia, miembro del Superior Tribunal de Justicia y, cuando se instaló la Corte, presidente de ésta. Pero en 1909 decidió volver a la política, como ministro primero y como diputado nacional luego.
Sin duda, el caso más notable es el del doctor Miguel M. Campero. Si bien fue activísimo militante radical en la época de estudiante, a poco de doctorarse en Derecho, en 1909, entró a la Justicia. Permanecería allí durante dieciséis años: Defensor de Pobres, Fiscal, juez en lo Civil y presidente de la Corte Suprema de Justicia desde 1913 hasta 1919; pasó luego a vocal del mismo tribunal, hasta 1924. Ese año renunció, para ser gobernador. Desempeñó destacadamente esa función durante dos períodos, de 1924 a 1928 y de 1935 a 1939.