05 Abril 2005
LARGO PROCESO. Alberto y Adolfo Rodríguez Saá son investigados por una denuncia presentada en 2000.
Buenos Aires.- La Cámara Federal ordenó que continúe su trámite una investigación contra el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá y contra su hermano, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por presunto enriquecimiento ilícito, confirmaron ayer fuentes judiciales. La Sala I de la Cámara Federal rechazó un planteo presentado por la defensa del jefe de Estado que solicitaba la nulidad del requerimiento del fiscal para que los imputados justificaran ante la Justicia el supuesto incremento de su patrimonio.
Juan José Galeano, el juez que estaba a cargo de la causa -ahora fue reemplazado por Julián Ercolini-, había rechazado el pedido. Los abogados defensores apelaron entonces ante la Cámara Federal, pero esta siguió el mismo criterio que Galeano y ordenó que continúe el trámite, iniciado por una denuncia del ex diputado frepasista Juan José Laborde Ibarra.
Concretamente, los camaristas Horacio Vigliani, Eduardo Freiler y Gabriel Cavallo insistieron sobre la validez del requerimiento fiscal, aun cuando este carece de precisiones sobre el tiempo, el modo y el lugar en los que se habría cometido el delito.
"Insólito testimonio"
En el escrito presentado por el abogado de Adolfo Rodríguez Saá, Pablo Jacoby, sostiene que se trata de "una investigación absurda, carente de todo fundamento y originada a partir del insólito testimonio de un acérrimo opositor político" de su defendido.
En su momento, el juez Galeano rechazó el planteo y consideró que existía pruebas suficientes como para que al gobernador puntano y a su hermano se les requiera que brinden explicaciones ante la Justicia.
En la denuncia, radicada en el año 2000, se afirma que Alberto Rodríguez Saá pasó de tener, en 1983, una casa y dos autos usados, a poseer 25 inmuebles y acciones en varias empresas, valuadas en unos U$S 22 millones.
Ercolini podrá ahora ordenar las medidas de prueba solicitadas por los fiscales del caso, Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita.
El delito de enriquecimiento es el único caso en el que el Código Penal requiere que el acusado pruebe su inocencia y justifique ante la Justicia el incremento de sus bienes durante y luego de su paso por la administración pública. Es lo que se conoce como "invertir la carga de la prueba".
Adolfo Rodríguez Saá fue presidente de la Nación durante una semana, durante el período de crisis que se abrió tras la renuncia de Fernando de la Rúa, a fines de 2001. En su discurso de asunción ante el Congreso, el puntano declaró el cese del pago de la deuda externa argentina.
La causa abierta contra los Rodríguez Saá acumula unos diez cuerpos de expedientes y tuvo su última medida de prueba en marzo del año pasado, cuando Galeano pidió un detallado informe a la AFIP sobre los bienes de la familia. La AFIP envió un listado de propiedades que aparecen como pertenecientes a sociedades, cuyos accionistas mayoritarios son los Rodríguez Saá o gente vinculada a su entorno, según fuentes judiciales. (NA-Télam)
Juan José Galeano, el juez que estaba a cargo de la causa -ahora fue reemplazado por Julián Ercolini-, había rechazado el pedido. Los abogados defensores apelaron entonces ante la Cámara Federal, pero esta siguió el mismo criterio que Galeano y ordenó que continúe el trámite, iniciado por una denuncia del ex diputado frepasista Juan José Laborde Ibarra.
Concretamente, los camaristas Horacio Vigliani, Eduardo Freiler y Gabriel Cavallo insistieron sobre la validez del requerimiento fiscal, aun cuando este carece de precisiones sobre el tiempo, el modo y el lugar en los que se habría cometido el delito.
"Insólito testimonio"
En el escrito presentado por el abogado de Adolfo Rodríguez Saá, Pablo Jacoby, sostiene que se trata de "una investigación absurda, carente de todo fundamento y originada a partir del insólito testimonio de un acérrimo opositor político" de su defendido.
En su momento, el juez Galeano rechazó el planteo y consideró que existía pruebas suficientes como para que al gobernador puntano y a su hermano se les requiera que brinden explicaciones ante la Justicia.
En la denuncia, radicada en el año 2000, se afirma que Alberto Rodríguez Saá pasó de tener, en 1983, una casa y dos autos usados, a poseer 25 inmuebles y acciones en varias empresas, valuadas en unos U$S 22 millones.
Ercolini podrá ahora ordenar las medidas de prueba solicitadas por los fiscales del caso, Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita.
El delito de enriquecimiento es el único caso en el que el Código Penal requiere que el acusado pruebe su inocencia y justifique ante la Justicia el incremento de sus bienes durante y luego de su paso por la administración pública. Es lo que se conoce como "invertir la carga de la prueba".
Adolfo Rodríguez Saá fue presidente de la Nación durante una semana, durante el período de crisis que se abrió tras la renuncia de Fernando de la Rúa, a fines de 2001. En su discurso de asunción ante el Congreso, el puntano declaró el cese del pago de la deuda externa argentina.
La causa abierta contra los Rodríguez Saá acumula unos diez cuerpos de expedientes y tuvo su última medida de prueba en marzo del año pasado, cuando Galeano pidió un detallado informe a la AFIP sobre los bienes de la familia. La AFIP envió un listado de propiedades que aparecen como pertenecientes a sociedades, cuyos accionistas mayoritarios son los Rodríguez Saá o gente vinculada a su entorno, según fuentes judiciales. (NA-Télam)
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