La crisis financiera que atraviesa Paraguay dejó de ser un problema circunscripto al sistema bancario y se convirtió en un conflicto político e institucional que pone en jaque al presidente Santiago Peña. La intervención de Ueno Bank, las denuncias por presuntos conflictos de intereses y el avance del juicio político contra el mandatario abrieron un escenario de incertidumbre que también repercute en la confianza económica del país.

Para analizar las dimensiones de este conflicto, la licenciada en Relaciones Internacionales, Paula Villaluenga, sostuvo a LA GACETA que la principal preocupación no debería quedar limitada al futuro político del presidente, sino a la situación de las personas cuyos ahorros quedaron comprometidos por el colapso de la entidad financiera.

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“Más allá de si lo destituyen o no, si aceptan o no la renuncia, el problema de fondo es cómo devolver ese dinero a la gente y lo más rápido posible”, advirtió durante una entrevista con LG Play.

Villaluenga describió el escenario como caótico y señaló que la crisis alcanza a millones de personas, entre ellas numerosos jubilados, debido a la participación de fondos previsionales en las operaciones cuestionadas. En ese sentido, remarcó que existen mecanismos para intentar recuperar los depósitos, aunque no hay garantías de que la devolución pueda concretarse en los plazos que necesitan los afectados. 

El conflicto se profundizó después de que la Cámara de Diputados avanzara con la acusación por presunto mal desempeño de funciones contra Peña, en medio de los cuestionamientos por sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial relacionado con el banco.

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El mandatario había anunciado su renuncia mientras se debatía el juicio político, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso y el proceso continuó su curso. Para Villaluenga, la continuidad del procedimiento tiene una implicancia institucional importante: evitar que el presidente deje el cargo con los privilegios que podría conservar en caso de convertirse en senador vitalicio.

“Al aceptar la renuncia, él se va con la posibilidad de quedar como senador vitalicio y, por lo tanto, tener fueros”, explicó. Según su interpretación, la continuidad del juicio político permitiría avanzar hacia una eventual destitución sin que esa situación quede condicionada a un posterior proceso de desafuero.

La especialista también consideró que el distanciamiento de sectores del propio Partido Colorado debe leerse dentro de un contexto regional más amplio. A su entender, los movimientos políticos recientes en América Latina y Estados Unidos están modificando el escenario en el que se desenvuelven los partidos de derecha.

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“Despegarse rápido es un poco la posibilidad de volver a reacomodarse y reorganizarse para intentar seguir gobernando”, analizó. En ese marco, señaló que los cuestionamientos que involucran al presidente y sus vínculos con el grupo financiero también condicionaron la posición de sus aliados políticos.

Santiago Peña, ex presidente de Paraguay Foto Perfil

La confianza de los inversores y las consecuencias regionales

Otro de los aspectos que preocupa es el impacto sobre la imagen internacional de Paraguay. Villaluenga advirtió que una crisis de estas características necesariamente afecta la confianza de los inversores y puede repercutir en las relaciones económicas y políticas con otros países.

La especialista mencionó que ya se habían registrado movimientos en el mercado cambiario paraguayo y planteó que será importante observar cómo reaccionan los gobiernos de la región y Estados Unidos frente a la situación institucional del país.

Consultada sobre las posibles consecuencias para Argentina, consideró que el impacto podría sentirse principalmente en el plano político, por los vínculos del presidente Javier Milei con otros dirigentes de derecha de la región.

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En materia económica, aclaró que los analistas consultados no consideran que Argentina atraviese actualmente un escenario equivalente al paraguayo. Sin embargo, identificó un posible efecto concreto: una empresa tecnológica radicada en Buenos Aires y vinculada al grupo investigado mantiene paralizados los salarios de alrededor de 900 trabajadores.

También mencionó la preocupación que comenzó a surgir en Chile por la posible exposición de fondos vinculados al sistema previsional a la entidad financiera.

Una advertencia sobre los controles y la transparencia

Para Villaluenga, el caso paraguayo deja una advertencia sobre la relación entre el sector privado, los recursos públicos y los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

“Un problema de solvencia de una entidad privada se puede transformar en un conflicto institucional por el hecho de que están comprometidos recursos públicos, ahorros previsionales y vínculos entre autoridades políticas y empresas financieras”, señaló.

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En ese sentido, consideró fundamental que la sociedad reclame transparencia cuando se toman decisiones que involucran fondos públicos o recursos destinados a garantizar las jubilaciones.

“Es importante, también nosotros como sociedad, reclamar al Estado cuando se hacen esos movimientos y pedir esa transparencia que no existe”, expresó.