Después del cortocircuito con la Casa Rosada, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja contrarreloj para cerrar, junto con el Ejecutivo y los bloques aliados, el nuevo proyecto sobre discapacidad que presentará este miércoles en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto.

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La iniciativa buscará reemplazar el paquete de cambios y recortes que el Gobierno incluyó esta semana en el proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, el nuevo texto mantendría el objetivo oficial de revisar el sistema de pensiones por discapacidad e incorporaría mayores filtros para determinar quiénes pueden acceder a ese beneficio.

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Las comisiones están obligadas a emitir dictamen esta semana a partir del emplazamiento aprobado por la Cámara en la última sesión. La oposición, que impulsó esa iniciativa, pretende extender hasta diciembre de 2027 la Emergencia en Discapacidad, actualmente vigente.

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Frente a la mayoría que se impuso en el recinto, La Libertad Avanza decidió desde el comienzo adoptar una estrategia de participación en el debate, en lugar de intentar bloquearlo. La idea era impulsar un “proyecto superador” acordado con el PRO, la UCR y los bloques federales y procurar que ese texto llegara al recinto como una alternativa al proyecto opositor.

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Con el objetivo de avanzar en esa propuesta hubo reuniones entre legisladores oficialistas y funcionarios de tres áreas del Gobierno: Hacienda, Legal y Técnica y Discapacidad. Allí comenzaron a delinear los principales puntos de la iniciativa.

Pero el envío del Presupuesto alteró esa estrategia. El proyecto incorporó un capítulo específico sobre discapacidad que deroga artículos centrales de la legislación vigente y propone modificaciones de fondo en un área especialmente sensible. La decisión generó malestar dentro del oficialismo y tensiones con los bloques aliados, que ya habían advertido que no estaban dispuestos a acompañar una eventual insistencia del Gobierno ante un nuevo veto presidencial.

Tras varias reuniones de urgencia para contener el impacto político, el oficialismo ratificó que avanzará con el “proyecto superador”. El compromiso que se negocia con la Casa Rosada es que las modificaciones que se acuerden en esa iniciativa sean incorporadas o reflejadas en el Presupuesto. En los hechos, esto implicaría dar marcha atrás con buena parte de lo planteado por el Ejecutivo en el capítulo VI del proyecto de la “ley de leyes”.

Los ejes del nuevo proyecto

La letra fina de la iniciativa todavía está en discusión y no será presentada públicamente hasta que obtenga el aval de la Casa Rosada. Uno de los puntos que se mantendría es la actualización automática de las prestaciones, aunque la periodicidad podría pasar de mensual a bimestral.

La principal discusión está centrada en el acceso a las pensiones. El oficialismo busca establecer mayores filtros para determinar quiénes pueden recibirlas. “Que la cobre el que la necesita”, resumió una fuente de la bancada libertaria.

El debate pasa por definir los criterios que se utilizarán para determinar el grado de discapacidad. En el oficialismo plantean diferenciar entre discapacidades severas, que implican un alto nivel de inhabilitación, y situaciones de menor gravedad que, según argumentan, no impedirían desarrollar una actividad laboral. Como ejemplo mencionan una disminución auditiva en un solo oído.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, en cambio, propone una modificación mucho más amplia del régimen vigente y elimina buena parte de los artículos de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.

Entre los cambios planteados figura la eliminación del sistema de aranceles universales para las prestaciones. Esto permitiría que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga determinen libremente los valores de las terapias.

“Es muy importante el rol del prestador, porque eso asegura la calidad de vida de nuestros hijos. Esto que quieren hacer es federalizar la desigualdad”, había cuestionado Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad.

El impacto de esa modificación también es motivo de preocupación entre legisladores de distintas provincias. “Imaginate en una provincia chica el lobby que se puede dar cuando son dos prestadores como máximo”, señaló un diputado.

El proyecto oficial también plantea establecer una incompatibilidad automática entre el cobro de una pensión y la existencia de un empleo registrado. De ese modo, dejaría de contemplarse el criterio vigente que permite compatibilizar ambas situaciones hasta un determinado nivel de ingresos, actualmente fijado en dos salarios mínimos.

Además, propone eliminar el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad.

La ofensiva opositora

La oposición busca extender la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. El Congreso ya había insistido con la norma luego de que Milei la vetara, pero su aplicación quedó demorada por trabas administrativas y finalmente debió implementarse a partir de distintos fallos judiciales.

Los bloques opositores argumentan que la extensión es necesaria porque la emergencia comenzó a aplicarse de manera tardía y limitada. El oficialismo, en cambio, intenta evitar que el Congreso avance con una prórroga de la legislación vigente y apuesta a imponer un nuevo esquema que combine actualización de las prestaciones, mayores controles y cambios en el sistema de pensiones.