La reciente absolución de Virginia Nazarena Mercado en la causa por encubrimiento agravado no solo dejó un sabor amargo en los allegados a Paulina Lebbos, sino que volvió a exponer el entramado de pasividad institucional que rodea al expediente por el crimen de la joven. Tras ese fallo, Alberto Lebbos hizo público un inventario de la parálisis judicial: un listado detallado de 25 causas penales derivadas del cuerpo principal de la causa madre que actualmente carecen de avances informados o registran una completa inmovilidad en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, amenazadas por la sombra inminente de la prescripción.

El documento revelado por el padre de la víctima da cuenta de las remisiones ordenadas en la histórica sentencia de la Sala Penal 3 del 25 de febrero de 2019. De aquel fallo firme -donde se condenó a la cúpula de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de la provincia- se dispuso investigar a decenas de involucrados por falso testimonio, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Sin embargo, la nómina de 25 legajos refleja un letargo procesal que abarca a ex altos funcionarios de la gestión del ex gobernador José Jorge Alperovich, peritos, policías y testigos de las audiencias orales.

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Entre las causas que Lebbos denuncia como paralizadas resalta la que nombra formalmente al propio ex gobernador Alperovich, el ex ministro Mario López Herrera, junto a su ex subsecretario de Seguridad Eduardo Oscar Di Lella, el funcionario José Gerardo Ardiles, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía Luis Nicolás Barrera, el ex jefe de la Regional Norte Rubén Héctor Brito, y ex funcionarios como Heberto Arturo Cortez, José Eduardo Díaz, Margarita de Fátima Gómez, Néstor Hugo Juárez, Jorge Herminio Racedo, Luis Antonio Santana y Héctor René Sosa. A todos ellos se los investiga por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

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La nómina expone además un abanico de desprendimientos por el delito de falso testimonio. En esa condición figuran los legajos contra Ernesto Bernabé Fierro, Fernando Rodolfo Maruf, Ramón Marcelo Fernández, Daniel Alejandro Díaz, Raúl Antonio Ferreyra, Gustavo Alberto Herrera, Guillermo Polli, Jimena Fabiana Mercado, José Alejandro Aramayo, Macarena del Valle Bordato y Jorge Hernán Jiménez. Asimismo, por el delito de encubrimiento figuran Juan Pedro Cruzado, Lilia Amelia Moyano y Héctor Gustavo González.

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Todo esto se desprende de la orden que dieron los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macorito y Dante Ibáñez de investigar a más de 40 personas luego de dictar la condena contra Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito por encubrimiento del crimen de Paulina, ocurrido el 26 de febrero de 2006.

La parálisis denunciada por Lebbos salpica de igual modo a las actuaciones iniciadas contra ex investigadores de la causa madre por encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Se suman legajos de gravedad institucional como el atribuido a Jorge Marcelo Mazuy, la causa contra Vicente Francisco Picón, el expediente por amenazas coactivas e instigación a cometer delitos contra Enrique Eduardo Andrada Barone y otros, las causas por encubrimiento y falso testimonio unificadas contra Fernando Vázquez Carranza y Luis Roberto Gómez con Ernesto Juan Atim, las actuaciones de oficio formadas contra Jorge Hernán Jiménez y Víctor César Soto (ex pareja de Paulina), y el histórico legajo 6075/2006 que comprende los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio (Art. 79 CP), encubrimiento, abusos de autoridad, falsedad ideológica y amenazas contra Barrera, Brito, Di Lella, Gómez, Rodríguez, Sánchez, los Acevedo (Jorge, Javier y Julio Fabián) y González.