La explosión que sacudió el centro de San Miguel de Tucumán dejó una escena que todavía está lejos de recuperar la normalidad. A varios días del hecho que provocó la muerte de un médico de 43 años y dejó varios heridos, los vecinos del edificio de Monteagudo 120 continúan sin poder regresar a sus departamentos de manera permanente y esperan respuestas sobre cuándo podrán volver.

Carolina Ayala es una de las residentes que atraviesa esa situación. Estudiante y oriunda del interior de la provincia, vive en el edificio desde abril y contó a LA GACETA que, desde el día de la explosión, tuvo que trasladarse entre casas de familiares y amigos porque no tiene un lugar fijo donde quedarse.

“Dentro de todo me afecta un poco más porque tengo lejos mi casa. No tengo un lugar fijo donde quedarme”, relató. Según explicó, algunos vecinos que no tienen dónde alojarse fueron trasladados a un hotel proporcionado por la inmobiliaria, mientras que otros tuvieron que buscar alternativas por sus propios medios.

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Durante la mañana, Ayala regresó al edificio para retirar algunas pertenencias y comprobó que el suministro eléctrico y el agua habían sido restablecidos. Sin embargo, remarcó que el inmueble todavía no se encuentra en condiciones de ser habitado con normalidad.

El gas es, por ahora, una de las principales preocupaciones. Los vecinos no recibieron una fecha precisa para la reconexión y estiman que la vuelta a la normalidad podría demorarse. La situación también genera incertidumbre por el impacto que tendrá el uso de artefactos eléctricos para reemplazar aquellos que funcionan con gas.

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“Nos decían que podríamos poner anafes, podríamos tener esto o lo otro, pero es mucho el tema de la luz porque capaz que eso viene con más aumento y también nos puede afectar a nosotros. No es muy seguro”, explicó la joven.

A la falta de servicios se suma otro problema: los vecinos aseguran que algunas personas ingresaron al edificio durante estos días y denuncian la desaparición de pertenencias.

Ayala contó que hubo puertas forzadas y que residentes del inmueble advirtieron sobre la pérdida de distintos objetos. Entre los departamentos más afectados se encuentran los del tercer piso, donde además de los daños estructurales se registraron pérdidas de electrodomésticos y otros bienes.

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“Tenemos que ver que no se nos pierda nada porque es muy valioso”, señaló la estudiante. Frente a esa situación, los propios vecinos comenzaron a organizarse para registrar el estado de sus departamentos y dejar constancia de las pertenencias que permanecen en el interior.

La preocupación no se limita a los objetos de valor. El edificio continúa en reparación y los residentes también temen regresar antes de que existan garantías suficientes sobre las condiciones de seguridad.

“No creo que sea cuestión de volver así nomás. Tenemos que ver que estemos seguros, que no tengamos miedo de que se nos caiga algo”, sostuvo Ayala.

MONTEAGUDO AL 100.

La espera por respuestas

Mientras avanzan las tareas en el inmueble, los vecinos aseguran que todavía no tienen información precisa sobre cuándo podrán regresar de manera definitiva. Desde la inmobiliaria les habrían indicado que, si las condiciones lo permiten, en aproximadamente una semana podrían volver al edificio con agua y electricidad, aunque el problema del gas demandaría más tiempo.

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Ante la falta de precisiones, los residentes analizan presentar una nota conjunta para solicitar respuestas y conocer cuáles serán las condiciones para el regreso.

También existe incertidumbre respecto del alquiler. Los vecinos deberán definir cómo se abordarán los pagos durante el período en el que no pueden utilizar sus departamentos y si corresponderá algún tipo de reducción mientras el inmueble permanezca inhabitable.

“También tenemos que ver una respuesta de eso, porque estamos tanto tiempo sin estar en el departamento”, planteó Ayala.

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La situación de los vecinos se desarrolla mientras la Justicia y las autoridades municipales avanzan en la investigación para determinar las causas de la explosión y establecer si existieron incumplimientos o irregularidades que pudieran haber tenido relación con el episodio.

Según trascendió, el edificio tendría antecedentes de irregularidades que se remontan a 2003. Documentación incorporada a la investigación señala que entonces se habrían detectado diferencias en las condiciones de seguridad y modificaciones estructurales que no contaban con autorización, entre ellas cambios en balcones, ascensores, ampliaciones y la construcción irregular de un octavo piso.

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Incluso, en aquel momento se habría dispuesto el desalojo del inmueble por no reunir condiciones de habitabilidad. Un relevamiento catastral realizado en 2018 volvió a incluir al edificio entre aquellos que se encontraban habitados sin contar con el certificado final de obra ni la habilitación correspondiente.