El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictaminó que era "improcedente" la solicitud de la comisión investigadora de $Libra de la Cámara de Diputados para obligar al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a otros funcionarios gubernamentales a comparecer por la fuerza pública.
El magistrado argumentó que carecía de competencia para emitir tal orden. Además, el fiscal del caso, Eduardo Taiano, se había pronunciado en contra de la participación del poder judicial en las citaciones del Congreso.
La decisión del juez también afectó a Paulo Starc, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), y a Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La comisión buscaba sus testimonios en la investigación.
Estos funcionarios no se habían presentado voluntariamente ante la comisión de la Cámara de Diputados, lo que llevó a la solicitud de una orden judicial para obligarlos a comparecer. Según los informes, Melik se había negado previamente a recibir la notificación para comparecer ante la comisión, y el oficial notificador tuvo que fijar la citación en la puerta de su oficina.
La presentación de Melik ante el juez
Melik se presentó ante el juez y argumentó que era "inexacto" que se le hubiera notificado su comparecencia ante el cuerpo legislativo en dos ocasiones y que hubiera faltado a la citación sin justificación. Afirmó que no había recibido la notificación en persona debido a "cuestiones laborales".
Además, Melik argumentó que su citación era improcedente porque había sido denunciado en una causa penal y podría autoincriminarse. Señaló que, al mismo tiempo que había sido denunciado penalmente por su actuación como titular de la OA en el "tema $Libra", se pretendía que declarase en la comisión legislativa sobre hechos que podrían incriminarlo en los procesos penales iniciados en su contra.
Los legisladores de la Coalición Cívica (CC) habían denunciado a Melik a principios de julio por presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, luego de que exonerara a Milei de toda responsabilidad relacionada con el lanzamiento y el colapso de $Libra.
Otras citaciones
También fue citada Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación creada dentro del Gobierno para determinar si el presidente Javier Milei cometió irregularidades al difundir $Libra en su red social X. El juez también dictaminó que era improcedente intervenir en la solicitud de citación por la fuerza pública de Zicavo, quien no se presentó ante la comisión.
El juez Martínez de Giorgi señaló que "carece de competencia para ordenar la comparecencia por la fuerza pública" de los testigos citados por el Poder Legislativo, y que "es constitucionalmente inadmisible que [la competencia] sea ampliada por normas reglamentarias sancionadas por una comisión legislativa".
"Sobre este punto, debe recordarse que la competencia federal es, en esencia, restrictiva y de excepción y que solo puede ser fijada en forma expresa por una ley", advirtió el juez.
También se refirió al dictamen del fiscal, quien aclaró que "el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa".