Tucumán es un Estado particular: las elecciones, aquí, demoran. Demoran en el día de su celebración: fueron convocadas para el 14 de mayo, pero una cautelar de la Corte de la Nación obligó a postergarlas. Demoran en comenzar: debían iniciarse a las 8 del domingo, pero son la excepción aquellos establecimientos donde pudo sufragarse “en horario”. Ahora demoran en pasar.
Ayer se conoció el contenido de las 203 urnas de San Miguel de Tucumán que habían quedado sin ser escrutadas provisoriamente el domingo. El resultado fue ventajoso para Rossana Chahla y ese margen a favor se suma al que ya contaba en las 1.100 mesas cuyo conteo por parte de las autoridades de mesa fue celebrado sin irregularidades en la confección de las actas. El Frente de Todos, ante los resultados, festejó. Si algo le faltaba al Gobierno provincial, tras el aplastante triunfo del fin de semana, era quedarse con la intendencia más importante del Norte Grande.
En simultáneo, el alfarismo repudió que la Junta Electoral Provincial rechazara su pedido de apertura y recuento de votos de cada una de las urnas del distrito. Fundó su pedido en el inicio tardío de la votación; la falta de autoridades de mesa; la incorrecta información de actas de apertura y cierre; los errores en los certificados de escrutinio; la falta de firma de las autoridades de mesa en actas; el cierre de urnas con fajas no autorizadas por la Junta; los inconvenientes en el escrutinio provisorio; y, frente a esta situación, la necesidad de total transparencia en el escrutinio definitivo. La Junta contestó que, aunque hubo demoras en la apertura de mesas, fueron habilitadas el 100% y votó el 80% de la población. En cuanto a los demás planteos, pidió que se los efectúe en cada mesa en los que se hayan producido para evaluar cada caso, pero que el criterio a aplicar es el del artículo 112 del Código Nacional Electoral: sólo habrá apertura de mesas cuestionadas. Ante ello, el alfarismo se retiró del escrutinio y anunció que judicializará el proceso. Léase, esto también demorará.
La consecuencia es que los tucumanos demorarán en saber, oficialmente, cuáles son los resultados. Ese impasse, sin embargo, sirvió para advertir un hecho que no está en el plano de las cantidades (el universo de los escrutinios), sino en el de los valores (el universo de la política). Es decir: todavía no van a saberse cuáles son los números definitivos de votos, pero ya se sabe qué piensan de los sufragios algunos referentes de las fuerzas que emergieron como “principales” tras las elecciones.
Estigmatización
El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, explicó la derrota de Juntos por el Cambio (quedó a más de 20 puntos de distancia del Frente de Todos) sobre la base de variables como la pobreza y el analfabetismo. Entrevistado en el programa “Buen Día” de LA GACETA Play, el jefe municipal trazó su diagnóstico, tras reclamar la eliminación del régimen de acoples y denunciar la compra y venta de voluntades durante la votación. “Lo voy a decir con cierta crueldad, pero es la realidad. Nosotros tenemos una provincia con un alto índice de pobreza y en los lugares donde tenemos más ignorancia son más afectos a este tipo de prácticas. Por ahí podemos sortear situaciones, como por ejemplo la de Yerba Buena, donde tenés casi un cero de analfabetismo, la tasa más alta de universitarios… Hay que entender cómo termina invadiendo al electorado este sistema, que en algunos lugares perfora más y en otros menos. Eso puede perturbar o no, pero es la realidad. Lo que estoy diciendo es que son más afectos a la práctica. Se aprovechan de la pobreza. Venden esa pobreza, por así decirlo. Es un problema cultural que tiene Tucumán”.
La noción de Campero trasunta etnocentrismo: los que votan a Juntos por el Cambio son independientes, no son analfabetos sino personas con formación de grado, inclusive, son casi un ejemplo de civilización. Votan “bien”. Por el contrario, los que le dieron el triunfo al Gobierno (casi seis de cada 10 tucumanos) son más permeables al clientelismo, los acoples son perniciosos para ellos, y son pobres. Él no dijo que sean analfabetos, pero tampoco son vecinos de Yerba Buena…
La derivación hacia el voto calificado es inevitable. La posibilidad de que un mínimo de instrucción sea un requisito para votar es una posibilidad prevista por el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 23 establece los “Derechos políticos”, como elegir y ser elegido. El inciso 2 aclara: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
Sin embargo, la Constitución Nacional de los argentinos, tras una de las convenciones constituyentes más genuinas de nuestra historia, estableció con la reforma de 1994 que en este país el sufragio es absolutamente universal: sólo la edad es admitida como un requisito para elegir y ser elegido, pero de ninguna manera lo es la clase social o el grado de formación escolar.
Consecuentemente, en esta nación, toda elección verifica la igualdad ante la ley: no importan las situaciones sociales, económicas o educativas de cada quien, el voto de cada ciudadano es igual al de cualquier otro. Luego, todo voto es un voto valioso. No importa si es por un partido o por otro. La ciencia política hace tiempo postula que el sufragio no es una decisión racional, sino una decisión emotiva. Pero aún en las emociones que mueven a apoyar a unos o a otros hay razones. Serán más o menos antojadizas, pero son razones.
El diagnóstico de Campero, eso sí, expone una primera explicación de la derrota de JXC: cuando se considera que el voto por el adversario es equivocado o viciado, lo realmente equivocada o viciada es la comprensión de la sociedad. Y ese es siempre un buen comienzo para un mal final en las urnas.
Subestimación
“¿Quién no tiene un conocido que le puede comentar que ha cobrado $ 20.000 por ir a votar o $ 40.000 por ser movilizador?”, preguntó retóricamente Campero. Puede haber diferencias con los montos, pero lo planteado por el legislador electo no es una opinión: es un hecho. Vergonzosamente replicado en cada sección electoral de esta empobrecida provincia donde no se haya visto esa práctica impune. Había gente mendigando troqueles en las cercanías de las escuelas. Ni hablar del proceso concomitante al pago, que es también parte de la prebenda: el acarreo de los electores.
La cuestión fue relativizada por el gran ganador de los comicios: el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Ya electo para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo, dio una entrevista en el programa “Panorama Tucumano” en el que manifestó: “Con mucho respeto; yo no subestimo a los tucumanos. El domingo votó más del 80% (del padrón); ¿todos vendieron su voto? El sistema es transparente. Que haya 20 fiscales es sinónimo de un buen control. Me pongo contento cuando veo 20 fiscales, porque es una elección bien fiscalizada. Pero es complejo”.
Es obvio que la totalidad de los electores no vendieron su voto. Pero entre el “todos” y el “nadie”, el plateo del vencedor de los comicios deja implícito lo que Campero denuncia y lo que una cantidad fenomenal de tucumanos vieron: la prebenda fue una realidad. Y si fue visible es porque fue impune.
El clientelismo no es una mera práctica desleal, ni “parte del folclore” electoral: es un delito. O varios. Lo cual tampoco es una opinión, sino una sentencia de la Cámara Nacional Electoral: el fallo “Polino”. “Las acciones que tienen por fin lesionar la sinceridad de los comicios, y particularmente del sufragio, son hechos ilícitos que constituyen en muchos casos delitos penales. No siempre configuran tipos autónomos y específicos, sino que en ocasiones se trata de prácticas tipificadas con independencia de la órbita electoral: cohecho, malversación de caudales públicos, soborno”, dijeron en 2005 los entonces vocales Rodolfo Munne, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.
El oficialismo, en la voz de uno de sus máximos exponentes, no está subestimando a los electores: nadie que haga cosa semejante puede ganar por casi el 60% de los votos. Pero si está subestimando la gravedad de la prebenda. Y la prebenda lesiona la democracia.
Responsabilidad
La prebenda, finalmente, funciona en Tucumán como un nuevo chivo expiatorio. Prácticamente, el elogio del jamás hacerse cargo. Es decir, las elecciones terminaron como terminaron por culpa de la prebenda. Si no resultó electo Fulano de Tal o Mengano de Cual no fue porque la sociedad así lo decidió, sino porque otros (los prebendarios) “hicieron” que “la gente” votará así. O asá.
Todavía pueden verse en YouTube los spots de la campaña electoral de Vicente Fox Quesada en 2000. El candidato del PAN competía en México contra el PRI, que llevaba siete décadas de gobiernos ininterrumpidos. Lejos de todo discurso políticamente correcto, en uno de los videos se ve a lo que sería un “puntero” conversando con una vecina. Le lleva “regalitos” del candidato del PRI. Y, además, “la despensa”, que es como llaman allá al “bolsón”. La mujer recibe todas las dádivas pero, mientras cierra la puerta, contesta: “mi voto no se vende”. La campaña de Fox Quesada, justamente, abordó esa cuestión: si tienen necesidad, reciban el soborno, pero en el cuarto oscuro voten con libertad. Y los mexicanos, que lo único que conocían (salvo los nonagenarios) era la hegemonía del PRI, le dieron el triunfo al PAN.
Entonces, en un punto (y es un punto crucial), el resultado de las elecciones del domingo es el estricto resultado de la voluntad de los tucumanos, resuelta individualmente en el cuarto oscuro. Los que perdieron tienen que respetarlo. Hacerse cargo de ello es, a la vez que un deber, también un derecho. Jaldo ha dicho en LA GACETA que esta es la cima de su carrera y que piensa alcanzarla con un gobierno abierto, democrático y plural. Si cumple con ello, la mayoría de los tucumanos debe sentirse orgullosa de su decisión y hacerse cargo de lo escogido. Si el derrotero es otro, también.
