Las normas antipiquetes ganan terreno en el NOA

La regulación de la protesta social parece ser un tema que gana terreno en la discusión política de nuestros representantes. Mientras en Salta, el Poder Legislativo aprobó una ley que pretende “pacificar” las protestas para “conciliar” el ejercicio de distintos derechos como el de la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público y la libre circulación, en Jujuy y Tucumán se analizan propuestas similares.

La provincia de Jujuy está en una etapa más avanzada de la discusión porque el gobernador Gerardo Morales consignó a este tema como uno de los pilares para la reforma constitucional que se está llevando adelante. Aunque todavía no se conoce el proyecto definitivo de lo que sería la nueva Constitución jujeña, la bancada oficialista en la Convención ya anticipó su intención de reglamentar las protestas

En respuesta a esto, organizaciones sociales y sindicales reclamaron en la ciudad de Buenos Aires para mostrarse en contra de lo que sucede en la jurisdicción norteña. “¡Basta de criminalizar la protesta!”, fue el lema de la movilización que partió desde el Obelisco y se trasladó hasta la Casa de la Provincia de Jujuy para oponerse al proyecto que consideran “antidemocrático y secreto”.

La respuesta no se hizo esperar y vía Twitter, Gerardo Morales, expresó: “La marcha de supuestas organizaciones sociales a la Casa de Jujuy en CABA, financiada por la política de subsidios del kirchnerismo que solamente genera más pobres, es una muestra más de que los que apuestan por la violencia y los aprietes saben que se les termina el negocio”. Y enfatizó: “Para que a algunos delincuentes, maquillados de dirigentes sociales, se les termine el saqueo de los más humildes, en Jujuy estamos reformando la Constitución. En nuestra provincia, estas mafias ya no tendrán lugar”.

Propuesta local

Hace días, en la Legislatura de Tucumán, la legisladora Nadima Pecci presentó un proyecto que establece un protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas. Esta propuesta toma como base el protocolo elaborado por Patricia Bullrich en febrero de 2016, mientras conducía el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“En todo el territorio nacional, y en nuestra provincia en particular, es frecuente encontramos con  grupos de manifestantes que toman posesión de calles, rutas y autopistas provinciales y nacionales, impidiendo al resto de los ciudadanos circular libremente, trabajar, estudiar y hasta recibir atención médica. Lo que propones intenta dar orden y armonizar la hoy caótica convivencia social, procurando que se respeten los derechos y las garantías constitucionales de todos los tucumanos”, argumentó la dirigente en relación a su iniciativa. Y en relación a esto explicó que el artículo 24 de la Constitución de la Provincia de marca la obligación y el deber del Estado de regular la coexistencia de dos derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna nacional: el de peticionar ante las autoridades, manifestarse públicamente y el de circular y transitar libremente.

Antecedente

En el año 2017, Agustín Romano Norri, concejal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, había presentado un proyecto de ordenanza para regular el desarrollo de los piquetes y las manifestaciones con el objetivo de garantizar la libre circulación en la capital provincial. Esta iniciativa, que no fue discutida en el Concejo Deliberante, preveía multas de casi $ 20.000 para los manifestantes que no informen a la Municipalidad de los piquetes o marchas que se salgan del recorrido pautado. En esa oportunidad, el dirigente radical había advertido que no se perseguía con esta propuesta “menoscabar o atentar contra el derecho a huelga”. “Simplemente es un intento de abrir el debate para encontrar el modo de regular las protestas, para evitar el caos en el tránsito y se puedan coordinar operativos con la policía de tránsito”, explicó.