Cuatro condenados por el crimen de un rondín

“Mi hijo no hizo nada malo, había salido a trabajar y lo mataron como a un perro”, declaró Carlos Ovejero, luego de conocer la sentencia por el crimen de su hijo Ramón Alberto Ovejero, asesinado en noviembre de 2020.

En la recta final del juicio por el crimen de Ovejero (49 años), el tribunal conformado por Matías Graña, Isolina Apas y Rodolfo Sebastián Parache resolvieron por unanimidad declarar culpables por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado cometido en uso de arma de fuego en calidad de coautor a los cuatro imputados, Federico “Fede” Daniel Correa, Enzo Nahuel “Betún” Salinas, Héctor Fabián Ibarra y Franco “Achinata” Páez. Condenaron a los tres primeros a 15 años de prisión; Páez deberá esperar a una audiencia de cesura para la semana próxima en la cual se determinarán los años de su condena.

Semanas antes de iniciar el juicio, el quinto imputado, Cristian Andrés Juárez, recibió una condena por nueve años mediante un juicio abreviado.

El 27 de noviembre de 2020 a la madrugada, una banda integrada por cinco hombres ingresó a una finca ubicada en la ruta 304, en la localidad de Taruca Pampa, Burruyacu. Ovejero se encontraba esa noche cuidando el establecimiento cuando fue rodeado por al menos cuatro hombres que lo redujeron, le ataron las manos y los pies con unos cordones de zapatillas y le dispararon en el pecho con un arma calibre 22, causándole la muerte. Posteriormente arrastraron el cuerpo hacia una plantación de limones, le sustrajeron el celular y huyeron. Horas más tarde, un peón encontró el cuerpo mientras recorría el lugar.

En la exposición de fundamentos, el tribunal declaró que a lo largo del debate fue posible acreditar los puntos clave de la teoría planteada por la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, que en el juicio fue representada por el auxiliar Miguel Esteban Fernández.

1. Ovejero se encontraba en el lugar antes de su asesinato porque tenía un vínculo laboral en la finca Cesca Limones: según la jueza Isolina Apas Pérez de Nucci, los testimonios brindados por el dueño de la finca, por Walter Ovejero, tío de la víctima, sus hermanos Fátima y Mario Ovejero, del hombre que encontró el cuerpo de Ramón y de los peritos forenses del ECIF fueron suficientes para acreditar que Ovejero fue asesinado de un disparo esa madrugada mientras trabajaba.

2. Los acusados reconocieron estar en el lugar: “en cada uno de sus testimonios, todos los imputados que declararon se ubicaron juntos en la finca en el horario que data el MPF”, dijo Apas. Además, un informe realizado por el ECIF en el que se analizaron las antenas de localización de las compañías telefónicas, demostró que los teléfonos de Páez, Ovejero y Juárez se ubicaban en la escena en el momento del asesinato. “Con esto es posible sostener que los imputados estuvieron en la finca en la franja horaria en la que se produjo el deceso de la víctima”, afirmó la magistrada.

Contradicciones

A lo largo del debate, todos los acusados, excepto Ibarra, declararon ante el tribunal. Al momento de explicar cómo se trasladaron al lugar, coincidieron en decir que fue en un auto Volkswagen Gol color gris. Sin embargo, las discrepancias sobre quién condujo el vehículo. Juárez dijo que él había sido el chofer del auto, mientras que Páez, Correa y Salinas reconocieron a Páez como la persona que estaba al volante.

Otra inconsistencia que surgió a raíz de los testimonios fue respecto a cuál de los acusados disparó el arma. “El MPF atribuyó un hecho en donde se indicó de manera directa la acción de ejecutar el disparo, donde dice que Correa es quien dispara. Los descargos indican lo contrario; dicen que el disparo habría sido provocado por Juárez”, explicó Apas.

Debido a estas contradicciones, los jueces optaron por no inclinarse ante ninguna de las versiones y dejar sin acreditar ambas circunstancias.

Finalmente, los magistrados se opusieron a la calificación legal del caso planteada por la Fiscalía y dijeron que “no se logró acreditar la circunstancia de quién realizó la acción de matar y la acción de conducir; no obstante entendemos que el hecho está fijado y que todos los que participaron tuvieron un rol y una intervención clave para que el hecho así suceda”.

“A pesar de que en los testimonios los implicados dijeron no saber que uno de ellos llevaba un arma, para el tribunal todos actuaron en un mismo y único sentido”, expresó el juez Graña. “Es posible deducir que conocían el arma por su comportamiento posterior. Todos deciden arrastrar el cuerpo y esconderlo, todos juntos se hacen cargo de la situación y deciden distribuir el arma a distintas personas”.

Acto seguido indicaron que los cuatro imputados serían calificados como coautores del crimen y los condenaron a 15 años de prisión a todos, excepto a Páez, por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado cometido con uso de arma de fuego. Además, dispusieron prisión preventiva por un lapso de tres meses y que los cuatro sean trasladados al penal de Villa Urquiza.

“Estoy muy conforme con la resolución porque es lo que había planteado de entrada, los elementos para atribuirle el hecho a una sola persona eran prácticamente inexistentes. Seguro la familia esperaba un poco más; pero bueno, uno que está hace muchos años en esto sabe que hay atenuantes que disminuyen la pena. Ahora falta que se realice la audiencia de cesura de Páez y ver cuántos años de pena le otorgará el nuevo tribunal”, expresó el abogado querellante, Álvaro Zelarayán.

Por su parte, el abogado defensor de Ibarra, Humberto Castaldo, en entrevista con LA GACETA, informó que utilizará el recurso impugnatorio para apelar la decisión del tribunal y solicitar la absolución de su pupilo. “Estamos convencidos de su inocencia; no hay ninguna prueba en contra de él, ni los análisis de la geolocalización de los celulares ni el GPS lo ubican en el lugar del hecho. Estamos confiados que llegaremos a la absolución, esta sentencia es completamente arbitraria e injusta, se condenó a una persona inocente sin ninguna prueba”, manifestó. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)