Hay un sentimiento en el que coinciden tanto oficialistas como opositores tucumanos. Todos –por igual- se sienten intranquilos. Nadie sabe qué puede ocurrir en las próximas 24 horas y mucho menos pensar en lo que sucederá el domingo 11 de junio, en caso de que se vote ese día. Porque hasta eso: la fragilidad política e institucional es la característica de este enredado proceso electoral.
Quien más puede dar fe de esto es el gobernador, Juan Manzur. Para el presidente del PJ tucumano, este 2023 transita sobre un tobogán. Volvió antes de lo que había pensado de la Jefatura de Gabinete de la Nación y, pese a las recomendaciones de dirigentes de su entorno, se anotó como candidato a vicegobernador en un impulso por evitar que el poder construido se le desmoronara. Él, ocho años vicegobernador y ocho años gobernador, quedó atrapado en sus propios condicionamientos. Aquel 6 de junio de 2006 le entregó en mano a José Alperovich una Constitución hecha a su medida, pero no se percató de que ese texto contenía la trampa en la que caería 17 años después.
Afuera de la fórmula oficialista, Manzur queda obligado a encontrar su nuevo lugar en el peronismo tucumano. Lo prueban declaraciones como las de Carlos “Alito” Assán. Este funcionario hípermanzurista no se sonrojó esta semana ante LG Play al exponer la endeblez de su jefe político. “La gente elige a los políticos para trabajar y que le resuelvan los problemas, y no estar con denuncias de que ‘voy o no voy’ de candidato. Yo le dije ‘mirá Juan, la situación está un poco difícil, creo que lo mejor sería para vos y para todos en este momento dar un paso al costado’”, planteó. Por lo que se ve, ni el gobernador pudo zafar de la “Marea Verde” que pinta desde columnas de alumbrado hasta perros callejeros en San Miguel de Tucumán.
¿Representa Miguel Acevedo el refugio de poder que necesita el mandatario para afrontar lo que se le avecina? Jaldistas y manzuristas coinciden en que no será suficiente. Su supervivencia dependerá casi en exclusiva de lo que puedan hacer sus creaciones políticas: la lista de los hermanos Yedlin, por ejemplo; y de la candidata a intendenta, Rossana Chahla. Una apuesta riesgosa que puede signar su futuro político en el corto plazo. Eso sí, una victoria en un distrito esquivo como el capitalino podría revitalizarlo a nivel nacional.
Lo necesita más que nunca, en particular después de que la propia Cristina Fernández de Kirchner lo dejara en evidencia ante el país. “No dejaré al peronismo en situación de debilidad en pleno proceso electoral, como pasó en Tucumán”, lanzó el jueves la vicepresidenta de la Nación para ratificar su decisión de no ser candidata. ¿Una devolución de gentilezas de la líder del Instituto Patria? Quienes la conocen aseguran que la ex presidenta es una mujer memoriosa: en 2017, también ante las cámaras de una señal nacional, el tucumano había anunciado el fin del kirchnerismo. “Lo digo con mucho respeto, son ciclos políticos. Yo creo que la ex presidenta cumplió un ciclo político”, había dicho. Vaya parábola del destino.
Desbocados
Suelen aconsejar no hablar ni mucho menos tomar decisiones en estado de borrachera o de ira. Pero tras la suspensión de las elecciones del domingo 14, los principales referentes políticos de Tucumán se olvidaron de esa recomendación. Al contrario, algunos se fueron de boca y otros pusieron la firma en donde no debían.
Al gobernador lo traicionó el enojo. El martes, justo una semana después de la suspensión de los comicios, Manzur firmó el decreto de convocatoria para el 11 de junio ante los periodistas. A su lado no estaba Osvaldo Jaldo, que seguía con atención la secuencia desde los estudios de Panorama Tucumano. Sólo acompañado por el fiscal de Estado, Federico Nazur, el mandatario se dejó llevar más por la bronca que por la sensatez. Con más ánimo de revancha que de sentido común, dijo que todos los partidos deberían reimprimir los votos para la nueva elección. Menos de 24 horas después, los miembros de la Junta Electoral Provincial salieron del rincón en el que habían quedado por impericia del titular del Poder Ejecutivo.
Resolver si los votos con fecha del 14 de mayo serían válidos para el 11 de junio es una atribución de ese organismo, no de una reacción revanchista del Gobierno. Por eso, que la JEP no haya escuchado a Manzur fue una buena señal que abre lugar a un par de interpretaciones políticas. La primera, que se trata de una muestra más del deterioro del poder del gobernador. Y la segunda, que en el oficialismo hayan evaluado que la orden de reimprimir votos sumaría nuevos elementos de judicialización a los comicios. Es decir, una nueva e innecesaria polémica.
Precisamente, la oposición ha jugado esta elección más en los pasillos de tribunales que en la calle. Con una fórmula armada a los ponchazos y de manera forzada, el mejor aliado que tuvo Juntos por el Cambio en la campaña fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así se entiende la algarabía que exhibían Germán Alfaro y Roberto Sánchez horas después de dictado el fallo que apartaba a Manzur y que frenaba los comicios para gobernador y vice. Aún con la resaca de esos festejos encima, los opositores hicieron lo que no deberían haber hecho: pedir por escrito a la Junta Electoral que ese domingo 14 sí se votara para el resto de las categorías; es decir, para legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales.
No se trataría de un pedido extraño si no fuese por lo contradictorio que resulta. Ocurre que Alfaro –no Sánchez- ya había cuestionado ante el máximo tribunal del país la convocatoria anticipada de las elecciones (según la Constitución provincial, deben efectuarse dos meses antes de la fecha de finalización de mandatos). Incluso después de ese planteo al que la Junta no accedió, el intendente fue de nuevo a la Corte pidiendo que no se vote antes de agosto. Si la fecha es inconstitucional, lo es para todos los cargos; no sólo para algunos.
Quizá por eso y ante la posibilidad de que la Corte no haga lugar al reclamo, el intendente dio instrucciones a sus colaboradores de bajar el perfil a esa nueva presentación judicial. No obstante, el temor a una eventual segunda suspensión del llamado a las urnas mantiene con miedo a oficialistas y a opositores por igual. Es curioso, en las críticas a Alfaro confluyen la Casa de Gobierno, referentes de acoples macristas y radicales y del resto de los partidos enfrentados al Gobierno, sean de izquierda o liberales. Le reprochan que la extensión de la actividad proselitista los obligará a desembolsar más recursos y que actúa según la conveniencia del momento. En 2019, recuerdan, ni el líder del Partido por la Justicia Social ni Sánchez cuestionaron el adelantamiento de las elecciones (se votó el 9 de junio) para despegar los comicios locales de los nacionales, cuando la gestión de Mauricio Macri se venía en picada.
Más allá de estas chicanas, lo cierto es que aunque ocupe el segundo lugar en la alianza opositora, Alfaro ejerce el liderazgo de JxC en Tucumán. A él lo eligieron Jaldo y Manzur como rival y a través suyo cuestionan a Horacio Rodríguez Larreta y al resto de los referentes nacionales de ese espacio. Cuanto menos, es una estrategia controvertida del oficialismo tucumano. ¿A quién le conviene que se vuelva a nacionalizar un proceso electoral tan conflictivo como el tucumano
