Opositores piden a la Provincia que costee la impresión de votos

La suspensión de las elecciones en Tucumán, producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconcertó a los candidatos y generó cimbronazos dentro de los partidos políticos locales. Una de las quejas más escuchadas se relaciona con los perjuicios económicos que esta decisión les generó y, en particular, hay dudas sobre qué pasará con los millones de votos ya impresos. ¿Tendrán validez o habrá que volver a imprimir? ¿Y en ese caso, quién asumirá los costos? Al respecto, la mayoría de los candidatos a gobernador coincidieron en que la Provincia debería hacerse cargo del gasto, en caso de ser necesario.

“Nosotros tenemos la aspiración de presentar una nota ante la Junta Electoral y que nos den por convalidado el voto que hemos emitido, por cuanto nuestro voto no ha recibido ninguna observación”, expresó a LA GACETA Ricardo Bussi, candidato de Fuerza Republicana. “Hemos cumplido con todos los pasos legales. Creemos que esto se va a dar, sería absurdo que no nos dejen”, agregó.

Bussi explicó que “emitir los votos es muy caro”, y dijo también que hay dificultades para conseguir papel, por lo que sería “injustificado” reimprimirlos. A pesar de admitir que no analizó qué sucedería ante un hipotético panorama en el que la Junta Electoral requiriera la producción de nuevas boletas anulando las ya impresas, el legislador afirmó que debería ser el gobierno provincial quien afrontara la inversión. “Es una alternativa que podríamos analizar. Esto no es culpa nuestra, es culpa de una fórmula mal armada por parte del gobierno”, sentenció.

Quien también mencionó la posibilidad de hacer una presentación para que se aprueben las boletas ya emitidas es Federico Masso, candidato de Libres del Sur. “Desde Libres del Sur y el Frente Amplio por Tucumán, vamos a plantear que, en caso de que por algún motivo no se pueden dar válidos los votos, que el Estado nos genere los recursos para la impresión”, argumentó Masso.

Según el actual legislador, en Tucumán debería reflejarse lo que sucede en las elecciones nacionales, en las que el Estado se hace cargo de la impresión de boletas. “Eso te genera un nivel de igualdad de oportunidades. Y ante la situación de tener que hacerse cargo de los gastos de la emisión de votos, Masso fue tajante: “nosotros no podemos afrontarlo. Más de lo que hicimos, no podemos”.

Martín Correa, candidato del Frente de Izquierda, sostuvo, al igual que Masso, que en Tucumán debería emularse la normativa nacional. “Debería estar legislado. Para que haya una elección verdaderamente democrática, es el Estado el que tiene que garantizar la participación de los partidos”, indicó. Teniendo eso en cuenta, Correa señaló que el Gobierno provincial debería hacerse cargo de la reimpresión de votos, en caso de ser necesaria, y que incluso debería haberlo hecho ya de cara a esta campaña.

Apuntaló que deberían autorizarse los votos ya impresos para los comicios, aun cuando la fecha que figure en las papeletas sea incorrecta (14 de mayo). “No tengo dudas que se tienen que poder utilizar, porque la intención del votante de poner el voto sigue estando clara, que es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de decir si un voto es válido o no”, justificó. “Si me tengo que llevar por la resolución de la Junta Electoral, los votos deberían valer”, anticipó Correa.

Y señaló que tener que hacerse cargo de una nueva tanda de boletas sería un problema para su partido. “Es un costo excesivo, pero lo vamos a tener que afrontar sí o sí. No podemos quedarnos afuera de la elección”, concluyó.

La otra candidata de izquierda, Raquel Grassino, de Política Obrera, cuestionó la posibilidad de imprimir las boletas nuevamente. “Una reimpresión es un castigo a las organizaciones que tienen escasos recursos. Consagraría un principio de desigualdad total, frente a una anomalía en la lista de otro partido. Los que aparecen sancionadas objetivamente, en términos económicos, son todas las fuerzas políticas, pero particularmente aquellas que como en nuestro caso está conformada por trabajadores”, explicó.

Teniendo eso en cuenta, Grassino señaló que el Estado “debería disponer, como ocurre en otras provincias, un subsidio para la reimpresión de los nuevos votos, o caso contrario, se debería reconocer los votos ya impresos”. En ese último caso, apuntó que hay un agravante: “hay que ver si las fuerzas políticas conservan esos votos, los que se entregan en las escuelas y los que se necesitan para los fiscales el día del comicio, o los que se distribuyen en el casa por casa”.

Juan Coria, candidato de Nos Une El Cambio, es el único que mostró una postura diferente a sus contendientes. Para Coria, no es el estado provincial el que debería afrontar una posible reimpresión de votos. “El gobierno provincial son los tucumanos, y no veo la razón por la cual los tucumanos tengamos que pagar por la impericia y la imprudencia de la Corte Suprema. De última, que lo afronte la Corte”, dijo el abogado.

Coria mencionó que, jurídicamente, los votos ya emitidos podrían ser habilitados para los comicios, aunque dependerá de la Junta Electoral. “Esperemos que esa sea la resolución, para que el gasto sea menor”, se esperanzó. Y, al igual que Masso, reveló que su partido, muy probablemente, no pueda afrontar la inversión que implicaría reimprimir las boletas. Si esto se diera, “la democracia no se podría materializar, por la decisión imprudente, tardía y política de la Corte. Han lastimado la democracia y el federalismo”, cerró Coria.

¿Cuánto se cuesta?

Según contó a LA GACETA uno de los candidatos, las imprentas no solo de Tucumán, sino de todo el noroeste, se pusieron de acuerdo para cobrar un monto de cerca de $ 5 millones por la impresión de un millón de votos.

Cada partido invirtió un monto distinto, porque cada uno decidió imprimir una cantidad diferente de votos, siempre sobre la base de que el padrón electoral de Tucumán supera el 1,3 millón de votantes. Como punto común, ningún frente invirtió menos de $ 1.5 millones, y algunos, incluso, superaron los $ 15 millones. Imprimir tres padrones tiene un costo, aproximadamente, de $ 20 millones.