Aluden a un "toma y daca" en el PJ

"Los cambios introducidos a la carta orgánica del PJ, sancionados el 17 de noviembre, fueron el resultado del toma y daca. Desde el poder se corrompió a los congresales". Esto afirmó ayer Antonio Guerrero, tras ratificar en la Justicia Electoral Nacional el pedido de que se anulen las decisiones adoptadas aquel día.
El punto de la discordia es la reforma del artículo 64 de la carta orgánica, que habilitó a que extrapartidarios puedan presentarse como candidatos del PJ en las próximas elecciones nacionales. De ese modo, fue despejado el camino para la postulación de Beatriz Rojkés, esposa del gobernador José Alperovich.
Guerrero fue con el abogado Salvador Iovane a la audiencia en el despacho del secretario electoral, Rogelio Rodríguez del Busto. Por el PJ participaron el presidente del congreso, Alberto Olea, y el letrado Daniel Espeche, quienes negaron que haya habido irregularidades.
"Aporté pruebas, como la propia acta del congreso, los telegramas de la convocatoria y las opiniones de los veedores. También me reservé el derecho de apelar la decisión ante la Cámara Electoral Nacional. Fueron vulnerados artículos de la carta del PJ, y existe jurisprudencia según la cual debe declararse la nulidad cuando es alterado un temario específico y son debatidos otros temas", dijo Guerrero.
Olea refutó la imputación. "No hubo un toma y daca, sino 91 congresales que debatieron y votaron las modificaciones. La convocatoria fue a una reunión ordinaria; y el máximo órgano del PJ se expresó con claridad y por unanimidad sobre lo que es querido para la provincia", concluyó el intendente de Monteros.