Por Redacción Política
21 Diciembre 2004
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Los cuatro legisladores de la UCR sumarán sus votos a los del PJ para dictar una nueva ley que habilite la reforma de la Constitución provincial. La sesión en la que se aprobará la medida fue convocada para mañana, a partir de las 8.30.
De esta manera, el oficialismo contaría con al menos 31 sufragios para sancionar una norma que declare la necesidad de modificar parcialmente la Carta Magna, cuando sólo necesita de 27 votos (las dos terceras partes de los escaños) para imponerla. La nueva disposición derogará las que posibilitaban el cambio total de la Ley de Leyes y establecían los requisitos para los candidatos a convencionales, sancionadas en febrero y en diciembre de 2002, respectivamente.
Los radicales accedieron a votar un dictamen unificado con el oficialismo, luego de que el vicegobernador Fernando Juri accedió a que se incluya en la ley de habilitación de la reforma una serie de disposiciones sobre la forma de elegir a los constituyentes. Se fijará que para esos comicios no se aplique un sistema de lemas sino de lista única. Y, a la vez, el mapa electoral constará de las tres secciones electorales actuales, sin subdivisiones.
"También se consensuó que el nuevo texto constitucional deberá ser aprobado con los dos tercios de la asamblea reformadora", aseveró a LA GACETA Ariel García, secretario general de la UCR. El, junto con el vicepresidente del radicalismo, José Hugo Saab, mantuvo en la tarde de ayer la reunión clave con Juri.
El encuentro tuvo lugar a las 19.30, en la Presidencia de la Legislatura, en avenida Sarmiento al 600. Hoy, a las 18.30, Juri ratificará los alcances del acuerdo en la sede radical de Catamarca 851, donde será recibido por el presidente de la junta de Gobierno, Julio César Rodríguez, y por el titular de la convención provincial, José Ascárate.
Entendimientos
"La reforma será posible porque hubo un gran entendimiento entre la mayoría de las expresiones políticas con representación parlamentaria", aseguró Juri a LA GACETA, al término del encuentro con los radicales.
"El peronismo, el radicalismo, el Frente Anticorrupción y Unión por Tucumán entendieron que este es el momento oportuno -subrayó-. No permitiré que nadie diga que hay cuestiones oscuras".
"La UCR no se apartó ni una coma del dictamen de minoría ni de las conclusiones del foro sobre la reforma -dijo García-. La exigencia de que el nuevo texto constitucional se apruebe con una mayoría especial garantiza que no habrá otro traje a medida, como el que confeccionó FR en el 90".
Todos los caminos del debate por la ley electoral conducen a la Corte
La decisión de avanzar con la reforma de la Constitución, sin tener definida la nueva ley electoral de la provincia, abre una serie de interrogantes que sumarán tensión a la política tucumana durante los próximos meses. Las especulaciones girarán en torno del artículo 131 de la Carta Magna sancionada en 1990, que establece que los convencionales constituyentes "se elegirán en la misma forma" que los legisladores. En la disputa, todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia, como órgano institucional responsable de interpretar las normas.
El gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri sostienen que la redacción de la Constitución no deja lugar a dudas de que se debe utilizar la derogada Ley de Lemas para elegir a los convencionales, porque con ese régimen se eligió a la actual Legislatura. "Consulté con la Corte Suprema y me anticiparon que ese era el criterio correcto", dijo el gobernador el día después de la derogación la polémica norma.
La oposición y algunos legisladores oficialistas consideran que la elección para reformar la Constitución debería realizarse con la norma vigente en el momento de la convocatoria votación. Esto implicaría la realización de elecciones de convencionales con el sistema de una sola lista por partido político o frente, sistema vigente desde al derogación de la Ley de Lemas ( Ley 1.709) o con la ley electoral que sea sancionada como consecuencia del proceso de discusión abierto el 15 de setiembre pasado.
Hasta el 15 de marzo
El vicegobernador anticipó a LA GACETA, que la Cámara se tomará todo el tiempo necesario para definir la nueva ley electoral. El plazo de 180 días fijado luego de la derogación de la Ley de Lemas vence el 15 de marzo del año próximo. Para entonces, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el justicialista Antonio Raed, deberá tener lista una propuesta para someterla al resto de la Cámara.
Hasta el momento, pasaron por la comisión legislativa una decena de partidos políticos y representantes de distintas organizaciones empresarias, sociales y académicas. El rechazo a la Ley de Lemas, en cualquiera de sus formas, unificó las opiniones de la mayoría.
El legislador Alejandro Sangenis denunció que el Gobierno pretende utilizar el sistema derogado para elegir a los convencionales y que también se planearía reorganizar los departamentos incluidos en las tres secciones electorales previstas por la Constitución. Según el parlamentario opositor, el PE buscaría fortalecer su chance en la capital.
Por ahora, con tres secciones
La división de la provincia en tres secciones electorales (Capital, Este y Oeste) fue incorporada a la Constitución en 1990, pero había sido legislada en abril de 1987. Entonces, la mayoría bussista de la convención y el representante de la UCR, Carlos Muiño, decidieron darle rango constitucional a esa organización para evitar el control territorial por las eventuales mayorías. El convencional de la UCD, Pablo Calvetti, sostuvo que era conveniente mantener una sola sección. La reorganización del mapa electoral podría ser tema de debate en la futura convención, pero la elección debería convocarse con la distribución vigente.
Ocaranza preside el bloque oficialista
La bancada del Frente Fundacional renovó en la tarde de ayer sus autoridades y agrandó su mesa de conducción. Luis Rodolfo Ocaranza fue consagrado como el nuevo presidente del bloque oficialista. Sucederá por un año en el cargo al ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Raúl Oscar Hadla.
Hasta ahora, la mayoritaria porción justicialista (cuenta con 26 de los 40 legisladores) tenía una sola vicepresidencia, pero se decidió dividirla. En la primera se ubicó Oscar Godoy, ex funcionario de la administración de Julio Miranda en la Dirección de Comunas Rurales. A cargo de la segunda quedó Antonio Alvarez, el ex concejal de capital que asumió la intendencia tras la renuncia de Raúl Topa.
La secretaría general del bloque le fue asignada al ex intendente de Banda del Río Salí, Víctor Lossi, quien proviene del extinto Movimiento Independiente. Finalmente, la Tesorería le fue asignada a Sergio Miranda, sobrino del actual senador nacional y legislador por la zona este.
Acuerdos políticos
La nueva integración de la conducción del bloque fue vista como un hecho funcional a los acuerdos políticos alcanzados alrededor de la reforma. El caso más concreto fue el de la designación como autoridad de bancada de Alvarez, uno de los últimos legisladores en acceder a apoyar la habilitación del cambio de la Carta Magna. "Se creó la vicepresidencia segundo sólo para que haya un lugar para él", afirmó uno de sus pares.
La Ley de Presupuesto 2005 se cayó del calendario de 2004
El Presupuesto 2005 será sancionado en el primer trimestre de ese año. Ayer, los miembros de la comisión de Hacienda de la Legislatura acordaron que la ley no sea analizada de apuro durante este mes, y que su debate se postergue hasta marzo, como plazo máximo, aunque no se descarta que llegue al recinto en algunas de las sesiones previstas para enero o febrero del año próximo. Formalmente, se explicó que se deben realizar fuertes reajustes a la norma por el incremento de $ 100 en los sueldos de los empleados estatales y el pago del 16% de aportes previsionales a la Nación. Las nuevas erogaciones afectarían el superávit planeado y obligarían a buscar puntos de ahorro en diversas partidas.
Trascendió también que faltarían algunos informes desde el Ministerio de Economía y que no se habría atendido la mayoría de los pedidos efectuados por los bloques. Otro punto que justificaría la postergación del debate presupuestario es la decisión política de no juntar este tema con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución.
"Venimos con una serie de sesiones dedicadas a temas más urticantes que el presupuesto. Lo correcto sería que no tocáramos este asunto hasta marzo, así los legisladores pueden observar y definir las modificaciones que quieran hacerle al proyecto", dijo el peronista Alejandro Martínez.
El legislador oficialista aseguró que no hay apuro para sancionar la ley en diciembre. "Estamos esperando un contacto entre el vicegobernador, Fernando Juri, y el gobernador, José Alperovich, para fijar los plazos", dijo.
Emergencia económica
Martínez confirmó que la comisión parlamentaria dictaminó a favor de la prórroga de las emergencias económicas de la Provincia y de los municipios, que vencen a fin de mes. Las normas serán tratadas en la sesión de mañana. "El principal objetivo es que no se embarguen los fondos del Estado, lo que impediría que se siga trabajando en Tucumán", explicó.
Los legisladores debatirán, además, la ampliación por un año más de los porcentajes de distribución del Fondo de Desarrollo del Interior, por el cual se remiten recursos a los municipios y a las comunas para el pago de sueldos y la aprobación del pago del aguinaldo para ex obreros de los talleres de Tafí Viejo.
De esta manera, el oficialismo contaría con al menos 31 sufragios para sancionar una norma que declare la necesidad de modificar parcialmente la Carta Magna, cuando sólo necesita de 27 votos (las dos terceras partes de los escaños) para imponerla. La nueva disposición derogará las que posibilitaban el cambio total de la Ley de Leyes y establecían los requisitos para los candidatos a convencionales, sancionadas en febrero y en diciembre de 2002, respectivamente.
Los radicales accedieron a votar un dictamen unificado con el oficialismo, luego de que el vicegobernador Fernando Juri accedió a que se incluya en la ley de habilitación de la reforma una serie de disposiciones sobre la forma de elegir a los constituyentes. Se fijará que para esos comicios no se aplique un sistema de lemas sino de lista única. Y, a la vez, el mapa electoral constará de las tres secciones electorales actuales, sin subdivisiones.
"También se consensuó que el nuevo texto constitucional deberá ser aprobado con los dos tercios de la asamblea reformadora", aseveró a LA GACETA Ariel García, secretario general de la UCR. El, junto con el vicepresidente del radicalismo, José Hugo Saab, mantuvo en la tarde de ayer la reunión clave con Juri.
El encuentro tuvo lugar a las 19.30, en la Presidencia de la Legislatura, en avenida Sarmiento al 600. Hoy, a las 18.30, Juri ratificará los alcances del acuerdo en la sede radical de Catamarca 851, donde será recibido por el presidente de la junta de Gobierno, Julio César Rodríguez, y por el titular de la convención provincial, José Ascárate.
Entendimientos
"La reforma será posible porque hubo un gran entendimiento entre la mayoría de las expresiones políticas con representación parlamentaria", aseguró Juri a LA GACETA, al término del encuentro con los radicales.
"El peronismo, el radicalismo, el Frente Anticorrupción y Unión por Tucumán entendieron que este es el momento oportuno -subrayó-. No permitiré que nadie diga que hay cuestiones oscuras".
"La UCR no se apartó ni una coma del dictamen de minoría ni de las conclusiones del foro sobre la reforma -dijo García-. La exigencia de que el nuevo texto constitucional se apruebe con una mayoría especial garantiza que no habrá otro traje a medida, como el que confeccionó FR en el 90".
La decisión de avanzar con la reforma de la Constitución, sin tener definida la nueva ley electoral de la provincia, abre una serie de interrogantes que sumarán tensión a la política tucumana durante los próximos meses. Las especulaciones girarán en torno del artículo 131 de la Carta Magna sancionada en 1990, que establece que los convencionales constituyentes "se elegirán en la misma forma" que los legisladores. En la disputa, todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia, como órgano institucional responsable de interpretar las normas.
El gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri sostienen que la redacción de la Constitución no deja lugar a dudas de que se debe utilizar la derogada Ley de Lemas para elegir a los convencionales, porque con ese régimen se eligió a la actual Legislatura. "Consulté con la Corte Suprema y me anticiparon que ese era el criterio correcto", dijo el gobernador el día después de la derogación la polémica norma.
La oposición y algunos legisladores oficialistas consideran que la elección para reformar la Constitución debería realizarse con la norma vigente en el momento de la convocatoria votación. Esto implicaría la realización de elecciones de convencionales con el sistema de una sola lista por partido político o frente, sistema vigente desde al derogación de la Ley de Lemas ( Ley 1.709) o con la ley electoral que sea sancionada como consecuencia del proceso de discusión abierto el 15 de setiembre pasado.
Hasta el 15 de marzo
El vicegobernador anticipó a LA GACETA, que la Cámara se tomará todo el tiempo necesario para definir la nueva ley electoral. El plazo de 180 días fijado luego de la derogación de la Ley de Lemas vence el 15 de marzo del año próximo. Para entonces, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el justicialista Antonio Raed, deberá tener lista una propuesta para someterla al resto de la Cámara.
Hasta el momento, pasaron por la comisión legislativa una decena de partidos políticos y representantes de distintas organizaciones empresarias, sociales y académicas. El rechazo a la Ley de Lemas, en cualquiera de sus formas, unificó las opiniones de la mayoría.
El legislador Alejandro Sangenis denunció que el Gobierno pretende utilizar el sistema derogado para elegir a los convencionales y que también se planearía reorganizar los departamentos incluidos en las tres secciones electorales previstas por la Constitución. Según el parlamentario opositor, el PE buscaría fortalecer su chance en la capital.
Por ahora, con tres secciones
La división de la provincia en tres secciones electorales (Capital, Este y Oeste) fue incorporada a la Constitución en 1990, pero había sido legislada en abril de 1987. Entonces, la mayoría bussista de la convención y el representante de la UCR, Carlos Muiño, decidieron darle rango constitucional a esa organización para evitar el control territorial por las eventuales mayorías. El convencional de la UCD, Pablo Calvetti, sostuvo que era conveniente mantener una sola sección. La reorganización del mapa electoral podría ser tema de debate en la futura convención, pero la elección debería convocarse con la distribución vigente.
La bancada del Frente Fundacional renovó en la tarde de ayer sus autoridades y agrandó su mesa de conducción. Luis Rodolfo Ocaranza fue consagrado como el nuevo presidente del bloque oficialista. Sucederá por un año en el cargo al ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Raúl Oscar Hadla.
Hasta ahora, la mayoritaria porción justicialista (cuenta con 26 de los 40 legisladores) tenía una sola vicepresidencia, pero se decidió dividirla. En la primera se ubicó Oscar Godoy, ex funcionario de la administración de Julio Miranda en la Dirección de Comunas Rurales. A cargo de la segunda quedó Antonio Alvarez, el ex concejal de capital que asumió la intendencia tras la renuncia de Raúl Topa.
La secretaría general del bloque le fue asignada al ex intendente de Banda del Río Salí, Víctor Lossi, quien proviene del extinto Movimiento Independiente. Finalmente, la Tesorería le fue asignada a Sergio Miranda, sobrino del actual senador nacional y legislador por la zona este.
Acuerdos políticos
La nueva integración de la conducción del bloque fue vista como un hecho funcional a los acuerdos políticos alcanzados alrededor de la reforma. El caso más concreto fue el de la designación como autoridad de bancada de Alvarez, uno de los últimos legisladores en acceder a apoyar la habilitación del cambio de la Carta Magna. "Se creó la vicepresidencia segundo sólo para que haya un lugar para él", afirmó uno de sus pares.
El Presupuesto 2005 será sancionado en el primer trimestre de ese año. Ayer, los miembros de la comisión de Hacienda de la Legislatura acordaron que la ley no sea analizada de apuro durante este mes, y que su debate se postergue hasta marzo, como plazo máximo, aunque no se descarta que llegue al recinto en algunas de las sesiones previstas para enero o febrero del año próximo. Formalmente, se explicó que se deben realizar fuertes reajustes a la norma por el incremento de $ 100 en los sueldos de los empleados estatales y el pago del 16% de aportes previsionales a la Nación. Las nuevas erogaciones afectarían el superávit planeado y obligarían a buscar puntos de ahorro en diversas partidas.
Trascendió también que faltarían algunos informes desde el Ministerio de Economía y que no se habría atendido la mayoría de los pedidos efectuados por los bloques. Otro punto que justificaría la postergación del debate presupuestario es la decisión política de no juntar este tema con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución.
"Venimos con una serie de sesiones dedicadas a temas más urticantes que el presupuesto. Lo correcto sería que no tocáramos este asunto hasta marzo, así los legisladores pueden observar y definir las modificaciones que quieran hacerle al proyecto", dijo el peronista Alejandro Martínez.
El legislador oficialista aseguró que no hay apuro para sancionar la ley en diciembre. "Estamos esperando un contacto entre el vicegobernador, Fernando Juri, y el gobernador, José Alperovich, para fijar los plazos", dijo.
Emergencia económica
Martínez confirmó que la comisión parlamentaria dictaminó a favor de la prórroga de las emergencias económicas de la Provincia y de los municipios, que vencen a fin de mes. Las normas serán tratadas en la sesión de mañana. "El principal objetivo es que no se embarguen los fondos del Estado, lo que impediría que se siga trabajando en Tucumán", explicó.
Los legisladores debatirán, además, la ampliación por un año más de los porcentajes de distribución del Fondo de Desarrollo del Interior, por el cual se remiten recursos a los municipios y a las comunas para el pago de sueldos y la aprobación del pago del aguinaldo para ex obreros de los talleres de Tafí Viejo.
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