Un grupo de vecinos de San Pedro de Colalao denunció en la Fiscalía Anticorrupción al comisionado rural Alejandro Moreno, por supuesto desvío de fondos públicos para uso personal. El funcionario negó a LA GACETA las supuestas irregularidades y dijo que las cifras que recibe la comuna son menores que las que mencionan los denunciantes. La cuestión, sin embargo, divide a los ciudadanos de San Pedro de Colalao. La semana pasada aparecieron pintadas en contra del funcionario, incluso en el Teatro Enrique Pinti, inaugurado por la actual gestión.
Claudia Ojeda, Angela Rosa Vargas, Solano Jerez y Luis Córdoba, autodenominados Comisión representativa del pueblo de San Pedro de Colalao, presentaron la denuncia ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, y solicitaron al Poder Ejecutivo que realice una auditoría de los ingresos de la comuna.
"Calculamos que desde que asumió el cargo hasta ahora la comuna cobró por coparticipación cerca de $ 660.0000 y de acuerdo a las obras ejecutadas y gastos invirtió menos de $ 400.000", dijeron. Los vecinos acusaron al comisionado por realizar nombramientos y por el presunto desvío de fondos para la construcción de una vivienda para su uso particular.Moreno, por su parte, presentó a LA GACETA la declaración jurada que hizo pública antes de ocupar el cargo, donde incluye entre sus bienes una propiedad adquirida antes de las elecciones en forma conjunta con sus padres y con su hermano, las cuentas bancarias y un automóvil.
El comisionado rural también mostró documentación que indica que la comuna recibe por mes entre $ 35.000 a $ 40.000, de los cuales $ 22.000 destina al pago de sueldos, y dijo que en total recibió $ 410.997,50 durante 2005. Señaló que la documentación está a disposición de la ciudadanía.
"Las comunas -salvo el cargo del habilitado y dos agentes de gabinete- no están autorizadas a hacer nombramientos", explicó Moreno, quien se mostró expectante de que la Justicia y el Tribunal de Cuentas se diluciden estas cuestiones.
Consultado por LA GACETA, Gallo confirmó que recibió la denuncia, pero dijo que aún no comenzó a estudiar el caso.
Claudia Ojeda, Angela Rosa Vargas, Solano Jerez y Luis Córdoba, autodenominados Comisión representativa del pueblo de San Pedro de Colalao, presentaron la denuncia ante el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, y solicitaron al Poder Ejecutivo que realice una auditoría de los ingresos de la comuna.
"Calculamos que desde que asumió el cargo hasta ahora la comuna cobró por coparticipación cerca de $ 660.0000 y de acuerdo a las obras ejecutadas y gastos invirtió menos de $ 400.000", dijeron. Los vecinos acusaron al comisionado por realizar nombramientos y por el presunto desvío de fondos para la construcción de una vivienda para su uso particular.Moreno, por su parte, presentó a LA GACETA la declaración jurada que hizo pública antes de ocupar el cargo, donde incluye entre sus bienes una propiedad adquirida antes de las elecciones en forma conjunta con sus padres y con su hermano, las cuentas bancarias y un automóvil.
El comisionado rural también mostró documentación que indica que la comuna recibe por mes entre $ 35.000 a $ 40.000, de los cuales $ 22.000 destina al pago de sueldos, y dijo que en total recibió $ 410.997,50 durante 2005. Señaló que la documentación está a disposición de la ciudadanía.
"Las comunas -salvo el cargo del habilitado y dos agentes de gabinete- no están autorizadas a hacer nombramientos", explicó Moreno, quien se mostró expectante de que la Justicia y el Tribunal de Cuentas se diluciden estas cuestiones.
Consultado por LA GACETA, Gallo confirmó que recibió la denuncia, pero dijo que aún no comenzó a estudiar el caso.







