Por Redacción Política
19 Diciembre 2004
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Parece una brasa caliente que nadie quiere tener en sus manos. El pago de una deuda millonaria a favor de la empresa 9 de Julio hizo callar a varios protagonistas del caso. En el propio recinto del Concejo Deliberante hubo seis ediles que votaron a favor, pero no dijeron nada al respecto. Los peronistas Oscar Cano, Carlos Issa Assán, Eloy del Pino, Gloria Díaz, José Miranda y Ramón Santiago Cano (presidente del cuerpo) no abrieron la boca durante el debate.
Ahora, la decisión final está en manos de la intendencia. Pero el intendente Domingo Amaya también optó por el silencio. LA GACETA se comunicó ayer para entrevistarlo, pero Amaya evitó hablar del tema.
-¿Qué opina sobre la decisión del Concejo Deliberante?
- ¿Qué decisión?...
- Respecto de la deuda a la 9 de Julio.
- Ah sí... no me llegó nada todavía. No no voy a hablar de eso, porque estoy en una reunión por el tema del mejoramiento de las plazas.
- ¿Puede ser más tarde?
- No sé. Probá.
- A qué hora puedo llamarlo de nuevo?
- No sé. A la hora que vos quieras.
- ¿Puede ser a las 14.30 o más tarde?
- Sí. probá, pero tengo poca batería en el celular...
De esa manera terminó el diálogo con el jefe municipal y durante el resto del día no se pudo establecer otra comunicación.
En manos privadas
Desde la empresa recolectora de basura, el gerente Ricardo Otrino también evitó ayer efectuar declaraciones sobre el tema.El empresario fue contactado después del mediodía, pero el diálogo fue demasiado breve.
-¿Podemos hacer una entrevista para LA GACETA?
- No. Ahora no.
- Entonces, ¿cuándo?
- No sé. Ahora no es el momento. Hay que esperar a ver qué pasa, si se veta o se promulga. Por ahora no es adecuado hacer entrevistas.
- El lunes o el martes
- No, por ahora no.
- Lo llamo la otra semana.
- Sí, por qué no. Llamáme, pero no es el momento de hablar.Y terminó el diálogo telefónico.
En la intendencia creen que Amaya promulgará la ordenanza para pagar los $ 16 millones a la empresa privada. Incluso, se descuenta que la Provincia le dará la asistencia financiera para efectuar el pago.
Lo que genera incógnitas es saber qué actitud tomará la empresa: ¿aceptará los $ 16 millones o seguirá insistiendo en $ 40 millones como lo hizo antes?
LEGISLADOR JORGE MENDIA
El legislador radical Jorge Mendía denunció un pacto económico entre el justicialismo y Fuerza Republicana, para aprobar la ordenanza por la que la Municipalidad reconocerá una deuda de $ 16 millones con la empresa 9 de Julio.Mendía presentará un proyecto en la Legislatura para frenar la posibilidad de que la Provincia desvíe fondos al municipio a efectos de pagar el monto contemplado en la resolución aprobada el viernes con el voto de ocho peronistas, dos bussistas y del representante de Ciudadanos Independientes. "Se facultó al intendente Domingo Amaya a pagar una deuda que no existe con plata que la Municipalidad no tiene. Me sorprende la actitud de los republicanos y de Hugo Danesi, pero celebro el voto de los radicales y la hidalguía de Carolina Vargas Aignasse ", aseveró.Recordó que en su gestión de concejal (1999-2003) se trabajó para determinar los compromisos del municipio y todas las deudas de la concesionaria para con el Estado. Estimó que estas alcanzaban los $ 6 millones, sin contar los intereses. "Nos llevó casi un año y medio recopilar boleta por boleta, pero es alarmante que todavía no se firme un decreto respectivo", señaló.
PABLO WALTER Y ESTEBAN JEREZ
Desde Recrear cuestionaron a los concejales al considerar que adoptan decisiones a espaldas de los ciudadanos, dijeron Pablo Walter y Esteban Jerez."La ola de la vergüenza que pasó por Tafí Viejo, Concepción y Bella Vista, esta semana volvió a la Capital y a Yerba Buena, demostrando que los concejos delirantes (sic) siguen en acción. La falta de seriedad y transparencia no ha tenido pertenencia partidaria, ya que concejales justicialistas y republicanos desvergonzadamente comprometieron los intereses de todos", dijeron en un comunicado."¿Cómo se entiende en la capital el voto sin fundamentación reconociendo deudas infladas, o el silencio de quienes integraron la comisión que investigó la deuda real con la empresa recolectora de residuos?", se preguntó el senador Walter."¿Como se entiende en Yerba Buena el voto de urgencia para modificar el planeamiento urbanístico y la ordenanza fiscal anual?", insistió.Walter remarcó que ninguna de las decisiones responde a los intereses de la comunidad. "Tal vez estén alentados en sus intereses personales, como ocurrió hace un tiempo, con la reforma constitucional", remarcó.
PUNTOS NO CONTEMPLADOS
La empresa 9 de Julio no presentó documentación sobre sus estados contables y de sus asambleas durante los últimos ocho años. Así lo consigna un informe de la Dirección de Personas Jurídicas, realizado a pedido del órgano de seguimiento y monitoreo del servicio en la capital, integrado por los ediles Miguel Brito (FR), Gloria Díaz (PJ) y Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción).Esta situación no fue contemplada para la sanción de la ordenanza por la que se reconoció una deuda con la firma de $ 16 millones. Tampoco en el contrato de renegociación que se cerró a fines de setiembre. Entonces, se acordó que el municipio abonaría $ 1,7 millón por mes por el servicio por un contrato de seis meses con opción a seis meses más. El anterior acuerdo preveía el pago de $ 972.000 mensuales.El informe de la Dirección de Personas Jurídicas (7 de octubre) menciona que la 9 de Julio presentó la documentación legal entre 1992 y 1995, pero que no fue aprobaba por haber sido observada por la repartición. Otro elemento que no se tuvo en cuenta para la fijación de la deuda, es el impacto ambiental que provocó el traslado del basurero de Los Vázquez.
Ahora, la decisión final está en manos de la intendencia. Pero el intendente Domingo Amaya también optó por el silencio. LA GACETA se comunicó ayer para entrevistarlo, pero Amaya evitó hablar del tema.
-¿Qué opina sobre la decisión del Concejo Deliberante?
- ¿Qué decisión?...
- Respecto de la deuda a la 9 de Julio.
- Ah sí... no me llegó nada todavía. No no voy a hablar de eso, porque estoy en una reunión por el tema del mejoramiento de las plazas.
- ¿Puede ser más tarde?
- No sé. Probá.
- A qué hora puedo llamarlo de nuevo?
- No sé. A la hora que vos quieras.
- ¿Puede ser a las 14.30 o más tarde?
- Sí. probá, pero tengo poca batería en el celular...
De esa manera terminó el diálogo con el jefe municipal y durante el resto del día no se pudo establecer otra comunicación.
En manos privadas
Desde la empresa recolectora de basura, el gerente Ricardo Otrino también evitó ayer efectuar declaraciones sobre el tema.El empresario fue contactado después del mediodía, pero el diálogo fue demasiado breve.
-¿Podemos hacer una entrevista para LA GACETA?
- No. Ahora no.
- Entonces, ¿cuándo?
- No sé. Ahora no es el momento. Hay que esperar a ver qué pasa, si se veta o se promulga. Por ahora no es adecuado hacer entrevistas.
- El lunes o el martes
- No, por ahora no.
- Lo llamo la otra semana.
- Sí, por qué no. Llamáme, pero no es el momento de hablar.Y terminó el diálogo telefónico.
En la intendencia creen que Amaya promulgará la ordenanza para pagar los $ 16 millones a la empresa privada. Incluso, se descuenta que la Provincia le dará la asistencia financiera para efectuar el pago.
Lo que genera incógnitas es saber qué actitud tomará la empresa: ¿aceptará los $ 16 millones o seguirá insistiendo en $ 40 millones como lo hizo antes?
El legislador radical Jorge Mendía denunció un pacto económico entre el justicialismo y Fuerza Republicana, para aprobar la ordenanza por la que la Municipalidad reconocerá una deuda de $ 16 millones con la empresa 9 de Julio.Mendía presentará un proyecto en la Legislatura para frenar la posibilidad de que la Provincia desvíe fondos al municipio a efectos de pagar el monto contemplado en la resolución aprobada el viernes con el voto de ocho peronistas, dos bussistas y del representante de Ciudadanos Independientes. "Se facultó al intendente Domingo Amaya a pagar una deuda que no existe con plata que la Municipalidad no tiene. Me sorprende la actitud de los republicanos y de Hugo Danesi, pero celebro el voto de los radicales y la hidalguía de Carolina Vargas Aignasse ", aseveró.Recordó que en su gestión de concejal (1999-2003) se trabajó para determinar los compromisos del municipio y todas las deudas de la concesionaria para con el Estado. Estimó que estas alcanzaban los $ 6 millones, sin contar los intereses. "Nos llevó casi un año y medio recopilar boleta por boleta, pero es alarmante que todavía no se firme un decreto respectivo", señaló.
PABLO WALTER Y ESTEBAN JEREZ
Desde Recrear cuestionaron a los concejales al considerar que adoptan decisiones a espaldas de los ciudadanos, dijeron Pablo Walter y Esteban Jerez."La ola de la vergüenza que pasó por Tafí Viejo, Concepción y Bella Vista, esta semana volvió a la Capital y a Yerba Buena, demostrando que los concejos delirantes (sic) siguen en acción. La falta de seriedad y transparencia no ha tenido pertenencia partidaria, ya que concejales justicialistas y republicanos desvergonzadamente comprometieron los intereses de todos", dijeron en un comunicado."¿Cómo se entiende en la capital el voto sin fundamentación reconociendo deudas infladas, o el silencio de quienes integraron la comisión que investigó la deuda real con la empresa recolectora de residuos?", se preguntó el senador Walter."¿Como se entiende en Yerba Buena el voto de urgencia para modificar el planeamiento urbanístico y la ordenanza fiscal anual?", insistió.Walter remarcó que ninguna de las decisiones responde a los intereses de la comunidad. "Tal vez estén alentados en sus intereses personales, como ocurrió hace un tiempo, con la reforma constitucional", remarcó.
PUNTOS NO CONTEMPLADOS
La empresa 9 de Julio no presentó documentación sobre sus estados contables y de sus asambleas durante los últimos ocho años. Así lo consigna un informe de la Dirección de Personas Jurídicas, realizado a pedido del órgano de seguimiento y monitoreo del servicio en la capital, integrado por los ediles Miguel Brito (FR), Gloria Díaz (PJ) y Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción).Esta situación no fue contemplada para la sanción de la ordenanza por la que se reconoció una deuda con la firma de $ 16 millones. Tampoco en el contrato de renegociación que se cerró a fines de setiembre. Entonces, se acordó que el municipio abonaría $ 1,7 millón por mes por el servicio por un contrato de seis meses con opción a seis meses más. El anterior acuerdo preveía el pago de $ 972.000 mensuales.El informe de la Dirección de Personas Jurídicas (7 de octubre) menciona que la 9 de Julio presentó la documentación legal entre 1992 y 1995, pero que no fue aprobaba por haber sido observada por la repartición. Otro elemento que no se tuvo en cuenta para la fijación de la deuda, es el impacto ambiental que provocó el traslado del basurero de Los Vázquez.
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