El Concejo dejó en manos de Amaya la decisión de pagar a la 9 de Julio

En dos horas y 10 minutos, el Concejo Deliberante de la capital autorizó ayer al intendente Domingo Amaya a abonar $ 16 millones a la empresa 9 de Julio, en concepto de deuda. El jefe municipal deberá resolver si veta o si resuelve pagar esa deuda.
Con 11 votos a favor y seis en contra, el oficialismo logró imponer el despacho de mayoría que había surgido de las comisiones de Hacienda y de Peticiones. Sorpresivamente, los presidentes de ambas comisiones (los peronistas Carlos Issa Assán y Oscar Ramón Cano, respectivamente) no dijeron ni una palabra en el recinto para fundamentar la aprobación de ese dictamen que se transformó en una ordenanza.
La concejala Gloria Díaz (PJ) tampoco hizo uso de la palabra durante el debate, pese a que ella integró la comisión de seguimiento que había estudiado la deuda. En ese cuerpo también estaba el edil bussista Miguel Brito, quien no asistió a la sesión por prescripción médica, según lo comunicó -por escrito- a sus pares.
Ese órgano de seguimiento había advertido que para el cálculo debía utilizarse la tasa de interés del Banco Nación, lo que implica una deuda menor ($ 7 millones).
Desde el peronismo, sólo los concejales Armando Cortalezzi y Juan Carlos Mamaní defendieron la iniciativa. Ambos coincidieron en que la deuda con la empresa recolectora de basura es de $ 41 millones y que pagar $ 16 millones es un buen negocio para el municipio, según explicaron.

En silencio
También votaron a favor, aunque no hablaron del tema, los peronistas Eloy del Pino, José Miranda y Ramón Santiago Cano (presidente del cuerpo). Los bussistas Claudio Viña y Javier Morof respaldaron al oficialismo con su voto. Estos ediles dijeron que corresponde calcular intereses con los valores del Banco del Tucumán (eso eleva la deuda a $ 16 millones).
Esa postura está en consonancia con lo que estableció el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk. "Si bien he sido un crítico del fiscal porque, es cierto, en muchos casos se ha equivocado y ha causado un perjuicio a la Municipalidad, ahora es razonable entender que el Banco del Tucumán es el continuador jurídico de aquel Banco Municipal que ha sido privatizado o regalado", dijo Morof.
El concejal Hugo Danesi (Ciudadanos Independientes) votó afirmativamente, con lo cual desafió el mandato partidario para votar en contra. Danesi adujo que cuando ayer le llegó la notificación del partido ya era demasiado tarde, porque el jueves había firmado el dictamen favorable en la comisión de Hacienda y de Peticiones.

Distanciamiento
La concejala peronista Carolina Vargas Aignasse se distanció de los ediles amayistas al votar en contra. Incluso, en sus fundamentos advirtió que, en el futuro, la ordenanza afectaría el erario municipal. "Como abogada no puedo aceptar que, en un informe del fiscal Szachniuk, no se tome ni siquiera en cuenta el artículo 565 del código de Comercio, que establece que cuando no hay claridad en la determinación de los intereses se debe entender que son los mismos que cobra el Banco Nación", afirmó la ex presidenta del Concejo Deliberante.
Los concejales radicales Raúl Pellegrini, Gustavo Usandivaras, José Luis Avignone y Federico Romano Norri (UCR) rechazaron la postura oficialista. Pellegrini fue el más virulento al hacer alusión a que en algunos casos le hierve la sangre. "Nos tendríamos que sentar con la empresa mordiéndonos los dientes. Cuál es la garantía que tenemos de que en el futuro la empresa no reclamará una deuda mayor", se preguntó el edil radical.

Piden celeridad
El concejal Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción) votó en contra. Hizo hincapié en que el intendente Amaya debe firmar los decretos para que se apliquen las multas por un total de casi $ 6 millones.
Precisó que si el intendente no concreta una primera multa hasta el 31 de este mes, prescribirá la deuda correspondiente a 1999 que calculó en más de $ 500.000. "Le pido que actúe con la misma celeridad y preocupación que tuvo cuando vetó la ordenanza contra las tragamonedas", remarcó.

Protesta de vecinos contra las maquinitas
Un grupo de vecinos ingresó ayer en el recinto de sesiones. Portaban pancartas que exhortaban a los ediles a insistir en la sanción de la ordenanza en contra de las máquinas tragamonedas que vetó el intendente Domingo Amaya.
Frustrados quedaron cuando al momento de la votación, el oficialismo no respaldó la iniciativa que había presentado el concejal Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción). El edil anunció a viva voz que el tema fue puesto sobre tablas para debatirlo. Lo hizo de ese modo ya que, hace una semana, el Concejo Deliberante votó en contra de la instalación de nuevas salas de juego. Pero luego los peronistas dijeron que habían estado distraídos y que, por lo tanto, no sabían lo que habían votado.
En la sesión de ayer sí sabían lo que estaba en la mesa de discusión y cambiaron su postura. No le dieron el sí a De Zavalía, lo que hizo caer la iniciativa. Incluso, los propios concejales oficialistas pidieron que la votación se realice en forma nominal (uno por uno) para que sus posturas quedaran documentadas. El objetivo era evitar las recriminaciones internas que padecieron desde la Casa de Gobierno por frenar un proyecto de instalar tragamonedas en el Hipódromo.