La jubilación de Carlo Ponzi

Argentina y Francia tienen cosas en común, y no sólo por lo que haya de cierto en la chanza borgeana de que el argentino (más bien el porteño) es un italiano que habla español, piensa en francés y quería ser inglés. Comparten un sistema de jubilaciones en peligro. El intento por aliviarlo está produciendo conflictos en Francia y no son extrañas ni el tipo de medidas tomadas por el presidente Emmanuel Macron ni la resistencia a ellas.

El sistema de Argentina responde al formato de reparto, que algunos llaman solidario mezclando la característica de que todos comparten los costos con el ardid de que eso suena a generosidad en vez de a egoísmo. Básicamente es una “vaquita”.

Los activos de hoy ponen parte de su sueldo y de lo recaudado se reparte a los jubilados de hoy. Se habla de un contrato intergeneracional: los activos aportan no para que les guarden el dinero sino para ganar el derecho de que cuando sean jubilados los trabajadores del futuro paguen sus jubilaciones.

Por eso, cuando algún pasivo se queje de que le pagan una miseria y pregunte qué han hecho con su dinero hay que contestarle que ya fue gastado, así como en él se está gastando el de los trabajadores del presente.

Y como eso es lo básico del sistema entonces tiene que funcionar mal. Para ver por qué hay que recordar la estafa al estilo Ponzi. Si bien Carlo Ponzi no fue el primero en aplicarla, la fama que alcanzó hace un siglo la bautizó. Consiste en atraer inversionistas con un negocio aparentemente legítimo y muy rendidor, pero el dinero no se invierte sino que el promotor lo usa en su propio provecho.

Las altas utilidades prometidas son pagadas con aportes de nuevos inversionistas, no con rendimientos reales, pero mientras haya aportes y muy pocos retiren el dinero el mecanismo se mantiene. Por supuesto, es diferente cuando los reclamos de pagos son mayores que los ingresos, que a su vez declinan cuando se observan los inconvenientes para devolver, lo que alienta más retiros y sobreviene la quiebra.

La estafa piramidal es casi lo mismo y por lo tanto representa idéntico peligro. En un Ponzi puro el iniciador hace marketing para conseguir nuevos aportantes y así cubrir los pagos a quienes los pidan y desincentivar las salidas.

En el esquema piramidal estricto cada nuevo ingresante busca más de un aportante y cada uno de éstos procura a su vez más de uno nuevo para ir ampliando la base de contribuyentes mientras cada uno de los antiguos va subiendo en la pirámide a efectos de recibir los ingresos de los de abajo. En algún momento no se consiguen suficientes nuevos contribuyentes y el reclamo de cobros no puede ser atendido.

El sistema de reparto combina las dos estafas. Un activo actual no tiene que buscar otros aportantes para ganarse luego la jubilación (son los gobernantes quienes hacen de Ponzi), pero como alcanzar la posición de retiro no es voluntario sí existe la necesidad de una ampliación de la base de sustento.

Esto se debe a la evolución demográfica del mundo moderno. Hay más personas que viven más tiempo y en consecuencia el número de activos debería aumentar a un ritmo tal que compense aquel incremento, pero no ocurre. Como se tienen menos hijos por pareja la población trabajadora es una proporción cada vez menor. Más personas quieren recibir y menos pueden aportar.

Sin cambiar el sistema las salidas son pagar menos a los pasivos, sacar más aportes de los activos, aumentar la edad de jubilación, fomentar el trabajo a menor edad o cubrir el bache con rentas generales. Pero sólo es demorar la crisis si continúan las tendencias de vivir más y tener menos hijos. Porque no se podría aumentar el aporte de los activos hasta el punto de tomar tanto de los sueldos que prefieran no trabajar o dilatar la edad de retiro hasta que las personas mueran trabajando y muy pocos lleguen a clase pasiva. O llegar a que el Estado se convierta en poco más que caja pagadora de jubilaciones porque la recaudación ya no alcance para otra cosa (lo de poco más porque habría que pagar los empleados de la Anses, por supuesto).

De paso, incorporar pasivos por moratoria es un problema no porque no aportaron antes; el dinero que hubieran puesto ya se habría gastado en los jubilados del pasado. El inconveniente es que altera las cuentas del presente. Es cierto que en parte las dificultades se deben a la enorme proporción de trabajadores “en negro”, y claro que legalizarlos mejoraría las cosas. Pero, como antes, sería demorar la crisis, no evitarla.

Aparece como más justa y sostenible la capitalización individual, con los aportes invertidos para pagar la jubilación personal con el rendimiento de la inversión.

No es fácil y merece un análisis profundo porque los haberes dependerán de la evolución de la economía, de la calidad de la administración y del monto de los aportes, lo que deja en peor posición a los de menores sueldos. Pero los dos primeros puntos también afectan al sistema de reparto y el tercero puede salvarse con redistribución (un haber mínimo de piso). Y no hay que identificar las fallas de la experiencia argentina con el sistema en sí. Por ejemplo, el aporte no se capitalizaba completo pues financiaba la transición entre sistemas, y los casos de montos bajos cobrados por capitalización que se complementaban con pagos del gobierno no eran por malas inversiones sino fruto de a lo sumo catorce años de capitalización y lo debido por al menos 21 años contribuidos al reparto.

Parte de las críticas a la capitalización se sostienen en la diferencia entre altruismo y egoísmo, justicia social y negocio. Pero son dicotomías sin sentido. En las políticas públicas importan menos las intenciones que los resultados. No hay bondad ni justicia en lo inviable.